Carreteras en ruinas

El deterioro de las carreteras españolas, sean autovías o estén encuadradas en la red secundaria, era un hecho evidente para todos los automovilistas. El sentido común dice además que el empeoramiento de la red vial se agravó hasta los límites actuales, casi insostenibles, a partir de la declaración política de crisis que causó el ajuste presupuestario, el recorte de las inversiones y el abandono de las infraestructuras públicas. Los informes de instituciones como la Asociación Española de Carreteras confirman que las carreteras españolas tienen un déficit de inversión y mantenimiento calculado en más de 6.000 millones, lo cual explica su pésimo estado. La importancia de este déficit coincide con otro fenómeno inquietante: durante el mes de julio, 124 personas perdieron la vida en accidentes de carretera, 11 más que en julio de 2015. Como apunte complementario, recordar que la Dirección General de Tráfico no tiene hoy responsable (dimitió la directora), ni siquiera en funciones.

Hay voces, algunas de ellas autorizadas, que sostienen que no existe relación entre el mal estado del asfalto y el aumento de la siniestralidad. Sin embargo, es difícil negar algunas evidencias. Por ejemplo, que el mayor número de accidentes se produce en la red secundaria, donde los tramos están en peor estado. Conviene precisar que el mal estado de una carretera pública no se refiere solamente a la situación del firme, que es malo, sino a cuestiones básicas en una infraestructura moderna de transporte como el trazado, la acumulación de curvas, la mala señalización, la convivencia imposible con pasos a nivel ferroviarios, la dificultad de los peraltes o la abundancia de cambios de rasante. La red secundaria española, a la luz de su mediocre estado en todas y cada una de estas circunstancias, bien puede calificarse como pésima.

Negar que el estado de la red tiene relación con los accidentes es simplemente inaceptable. Equivale a sacralizar la letanía monocausal de que los accidentes y las muertes se deben al exceso de velocidad. Afirmación que es cierta, pero limitada. Porque el exceso de velocidad en una autopista, en una autovía bien cuidada o en una carretera nacional correctamente trazada (en los tramos donde sea posible) no tiene las mismas consecuencias que en una carretera de la red secundaria aquí y ahora. Los accidentes y las muertes responden a una función directa de la velocidad inadecuada; pero también, como factores que influyen en esa inadecuación, responden a la calidad de las vías, a la calidad de los automóviles y a la calidad de la conducción.

Culpar a los conductores equivale a desresponsabilizar a la administración, a los fabricantes y a los instructores. Porque, aunque fuera cierto (no lo es) que el estado de las carreteras no tiene influencia decisiva sobre la siniestralidad, resulta que la obligación del Estado, las diputaciones y las comunidades autónomas es mantener en estado correcto sus vías de transporte. Si no lo hacen, deben dar explicaciones por ello y obrar en consecuencia. Lo mismo cabe decir del sistema de instrucción o revisión posterior de conductores; merece al menos una inspección objetiva y periódica de las condiciones de habilidad o de situación médica con que se renuevan los carnés.