Revertir los recortes es posible

La austeridad ha dejado importantes cicatrices en nuestra sociedad. En España sólo se ha recuperado uno de cada tres empleos perdidos durante la crisis, hay 2,6 millones de ocupados menos que a comienzos de 2008 y nuestra renta per capita es un 5% más baja. Los recortes fiscales han mermado además la capacidad redistributiva del Estado, incrementando significativamente las desigualdades. Y la inversión pública, imprescindible para la transformación estructural de la economía, se ha reducido en 25.000 millones de euros. Asistimos a una verdadera década perdida.

Terminar con las políticas de austeridad significa no sólo oponerse a los nuevos recortes de gasto e inversión pública ya prometidos por el Partido Popular. Debe implicar también revertir los recortes que se han practicado estos años atrás. Revertir los recortes que han tenido lugar entre 2009 y 2014 es, en nuestra opinión, perfectamente compatible con la progresiva reducción del déficit público, si bien el próximo gobierno tendrá que renegociar con Bruselas un ritmo más paulatino. Esta reversión de los recortes ayudará a afianzar el crecimiento económico, a reducir más rápidamente el desempleo y a no depender tanto de los vientos de cola que llegan desde fuera, fruto principalmente de la política monetaria del BCE.

Pero además de renegociar con Bruselas el ritmo de reducción del déficit –un 21% de desempleo y un 30% de población en riesgo de pobreza son motivos que lo exigen–, el próximo gobierno deberá acometer dos tipos de medidas estructurales. Sólo así se garantizará que la reducción del déficit sea compatible con la reducción de las desigualdades.

En primer lugar, un gobierno de cambio deberá acometer una reforma tributaria que incremente la suficiencia fiscal y la progresividad. El objetivo es aumentar en tres puntos los ingresos públicos en términos del PIB, cerrando parcialmente con ello la enorme brecha que aún nos separa de la UE. Asimismo, el próximo Gobierno deberá implementar una verdadera política industrial que alumbre un nuevo modelo de empleo. Sólo así podremos desterrar definitivamente la precariedad laboral y los bajos salarios, responsables en buena medida del actual déficit de la Seguridad Social, que pesa como una losa sobre el déficit público.

Ningún país ha sido multado hasta la fecha por desviarse de un pacto, el de Estabilidad y Crecimiento, que ha sido incumplido más de un centenar de veces durante los últimos quince años

Un Gobierno que tenga verdadera voluntad política de impulsar este cambio, podrá hacerlo. Ningún país ha sido multado hasta la fecha por desviarse de un pacto, el de Estabilidad y Crecimiento, que ha sido incumplido más de un centenar de veces por todos los Estados miembro durante los últimos quince años. Y Bruselas difícilmente podrá exigir que una reducción del déficit se haga con cargo a los gastos en lugar de a los ingresos.

Pero no nos engañemos. Aunque los márgenes económicos existen y se construyen sobre la legítima confrontación intelectual y política, terminar definitivamente con la petrificación de las políticas neoliberales en la Eurozona exigirá una amplia revisión de su diseño fiscal.

En caso contrario seguiremos asistiendo al actual desatino macroeconómico. No tiene ningún sentido que en la Eurozona, que no deja de bordear la deflación y convive con 17 millones de parados en su seno, se priorice la reducción del déficit frente a la posibilidad de reducir el desempleo. Especialmente cuando además el BCE está comprando deuda pública en los mercados a razón de 80.000 millones de euros al mes, tenemos tipos de interés reales negativos y un déficit en la unión monetaria del -2,1% del PIB.

Un Gobierno de cambio deberá impulsar una reforma profunda del Pacto Fiscal. Primero, eliminando el objetivo de equilibrio presupuestario estructural, que no tiene fundamento económico ni precedente: el déficit estructural medio entre 1995 y 2007 en la UE15 fue del -2,7%, y a la vez la ratio deuda/PIB se redujo 8 puntos porcentuales. Segundo, flexibilizando los objetivos de déficit, para tener en cuenta de forma mucho más eficaz el ciclo económico. Una norma fiscal compartida que no toma en consideración las necesidades de cada país o su tasa de desempleo está condenada a asfixiar la política económica de los Estados miembro. Y, con ello, la diversidad política y la democracia representativa.

Podemos impulsará también la consideración de un nivel adecuado de inversión pública para el conjunto de la zona euro, apoyando una “regla de oro” en la fiscalidad europea que no incluya determinadas inversiones (I+D, educación, o infraestructuras vinculadas a la transición hacia una economía verde) en el cómputo final del déficit.

Además, la Eurozona necesita un verdadero plan de inversión de carácter paneuropeo, que consagre al menos el 4-5% del PIB de la unión monetaria a la modernización de infraestructuras en todos los países, a la digitalización de las distintas economías y a impulsar la eficiencia energética. Este plan podría canalizarse a través del Banco Europeo de Inversiones, y financiarse con cargo a la emisión de bonos de dicho banco, respaldados en el mercado secundario por el BCE. Revertir los recortes en España debe ser un primer paso para desterrar la austeridad en la Eurozona. Europa cambia cuando cambian sus Gobiernos así como las políticas que estos aplican.

Ignacio Álvarez es profesor de Economía Aplicada en la UAM y Secretario de Economía de Podemos.