Hay algo peor que abortar: ir al juez además de abortar

Este es un país donde nadie sospechaba que la Guardia Civil pudiera una mañana citarte a declarar como imputada tras haberle sido practicado un aborto, pero esa es probablemente otra de las certezas que se han volatilizado en el deterioro de la vida institucional que sufre España. Ha habido hitos muy graves en la escala de Richter de este deterioro, como los que han alcanzado a la Casa Real, al presidente de la Generalitat o a los dos grandes partidos de la democracia. Pero el que afecta a un centenar de mujeres anónimas que fueron citadas a declarar sobre su aborto —primero como imputadas, luego como testigos— en dos juicios consecutivos es uno muy especial, porque atañe a la calidad legislativa, judicial y en última instancia democrática de un país. Y porque es material muy sensible al afectar especialmente a la vulnerabilidad de la mujer.

En 2006, agentes de la Guardia Civil irrumpieron en las clínicas del doctor Morín en Barcelona e iniciaron un procedimiento que arrancó con petición de 309 años de cárcel por parte de la fiscalía por abortos ilegales, que desembocó en su absolución en 2013 y que ahora, tras repetirse el juicio por orden del Supremo, ha concluido en una condena a un año y medio de cárcel por 11 abortos ilegales. El detonante fue un reportaje con cámara oculta en la televisión danesa que la organización E-Cristians usó para querellarse contra las clínicas de Morín. En el primer juicio, los magistrados rechazaron el testimonio de los periodistas por tratarse de una grabación ilícita. Pero esa es una de las razones que llevó al Supremo a anular la sentencia y a obligar a repetir el juicio. La otra era esta: Morín se acogió a su derecho a no declarar y los magistrados no permitieron que la fiscalía leyera las preguntas preparadas. El Supremo dio la razón a la fiscalía.

Todo ello nunca debió pasar: la anterior ley permitía el aborto en tres supuestos, incluido el grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada, y ese fue el argumento que se usó masivamente para abortar. Las clínicas de Morín debieron hacerlo con rigor. Aquello quedó al descubierto y se convirtió en una grieta por la que grupos católicos y de derechas colaron y alimentaron su discurso reaccionario contra las legislaciones del aborto en general. Fueron días duros para los avances democráticos en España. Y se puso además en evidencia una mala praxis que las mujeres en situación de embarazo no deseado no tienen por qué sufrir. No había en las clínicas de Morín abortos fuera de plazo o de riesgo, como se divulgó en esos momentos, sino una falta de control psiquiátrico de ese peligro para la salud de la embarazada, que se documentaba con apenas un test.

Ante tales despropósitos, Zapatero impulsó la ley que permite el aborto en plazos determinados sin justificación, una legislación avanzada que Gallardón estuvo a punto de derribar. Por fortuna, sigue en pie. Treinta y un años después de la primera ley, es alarmante que las mujeres hayan sido tan vulnerables. Porque hay sin duda algo peor que abortar, y es ser llamado por un juez o la Guardia Civil además de tener que abortar.