Perversos y corruptos

El propósito político de la Junta de Andalucía de aliviar los costes personales de los colectivos afectados por las reestructuraciones del sistema productivo de la región, tratando de impedir una cadena de quiebra de empresas, den el año 2000 y subsiguientes, es considerado por el presidente de conservadora Asociación de la Magistratura en Andalucía e instructor de rebote del caso de los ERE como una iniciativa a sabiendas de vulnerar la ley para de una manera arbitraria disponer de caudales públicos.

 Más de 8.000 personas se beneficiaron de este procedimiento y cientos de empresas sobrevivieron gracias a esta iniciativa. Por tanto, los dineros públicos se emplearon para compensar a los rigores del mercado, la reestructuración industrial y la expulsión de miles de personas del mundo laboral. Puede discutirse políticamente esta iniciativa, pero nunca criminalizarla.

Como en cualquier procedimiento de cobertura social hay intrusos y funcionarios que no ejecutan honradamente la finalidad de dichas políticas y no por eso estas son delictivas en sí mismas y sus inspiradores son delincuentes. Este razonamiento podría generalizarse y sentar en el banquillo a los ministros de Trabajo por los perceptores indebidos de pensiones o seguros de desempleo.

Es evidente que, según este juez, Manuel Chaves, Jose Antonio Griñán, Magdalena Álvarez, más que corruptos eran muy perversos y dotados de astucia sobrenatural, pues durante 12 años se coligaron con más de 32 personas en un pacto de silencio para perpetrar este asalto a la legalidad y luego se lo hicieron tragar a todos los parlamentarios andaluces, año tras año, con la finalidad de delinquir a propósito.

Esta es la conclusión a la que llega el juez Álvaro Marín para configurar las bases de lo que se parece, por sus consecuencias políticas, a una causa general a los Gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía, aunque su objetivo sea impartir justicia.

Los problemas derivados del proceso de los ERE es que se instaura una potencial amenaza al sistema de libertades y a la seguridad jurídica

Por tanto, es legítimo suponer que el juez hace suya, aunque no lo diga, que la finalidad de personas tan diferentes y honradas era favorecer a unos amiguetes políticos o crear redes clientelares dependientes. Involuntariamente, se hace realidad la doctrina de Federico Trillo, embajador hoy en Londres, según la cual lo que no ganes en las urnas siempre se puede intentar en los tribunales.

Como viene siendo, por otra parte, habitual desde que hace más de cinco años comenzó este culebrón judicial, toda campaña electoral ha coincidido en su apertura con una actuación judicial indiciariamente criminalizadora de la praxis política de los dirigentes socialistas andaluces

Resulta todavía más preocupante en los terrenos de la seguridad jurídica efectiva, la presunción de inocencia para todos los ciudadanos, que este instructor transforma aparentemente en la presunción de culpabilidad de los encausados en su prolijo auto, que por cierto no es de apertura del juicio oral .

Para mayor evidencia del propósito político, deseado o no, de este auto, está la nota de prensa remitida por el Tribunal de Superior Justicia de Andalucía, cuyo titular dice que el juez acuerda juicio de los expresidentes de la Junta de Andalucía y eso si no es un delito de la oficina de prensa del señor del Río, presidente de dicho tribunal, al menos constituye una falsedad. El propio instructor dice en el escrito que es un auto de continuidad y no supone que ya se vaya a obtener la foto de los encausados en el banquillo, faltando todavía recursos y actos procesales para señalar la apertura del hipotético juicio

Los problemas derivados de este auto y este proceso de los ERE es que se instaura una potencial amenaza al sistema de libertades y a la seguridad jurídica, porque está fuera de toda duda y los hechos lo avalan que Chaves, Griñán y Álvarez son ciudadanos honrados, servidores públicos de de primera línea, gente de coraje que se enfrentaron a los problemas y trataron de solucionarlos con eficacia y honradez. Nadie ha demostrado que se lucraron, que permitieran que otros lo hicieran y menos que idearan un procedimiento para vulnerar el orden jurídico y violentar la legalidad.

Un sociedad que se esconde, no sale en defensa de estos trabajadores públicos, que renunciaron por convicciones a otras dedicaciones más productivas, cava su tumba y se adentra en los fangosos terrenos de la inmoralidad y la ignominia cívica. Por eso, es incomprensible para muchos la timorata actitud del Partido Socialista al enfocar este asunto, como si estos dirigentes honestos no merecieran al menos la presunción de inocencia efectiva y declarada de sus propios compañeros.

Augusto Delkader es periodista.