Gobernantes ausentes

La grave crisis de desorden público que desde hace cuatro días asuela el barrio barcelonés de Gracia esculpe una hiriente crisis de seguridad y de gobernanza. La causa es la ausencia, incompetencia, buenismo o irresponsabilidad de la clase política, que no ha sabido defender como corresponde a la policía democrática, los Mossos d’Esquadra. Y que apenas ha comparecido para dar explicaciones.

Los altercados han sido graves por su duración. Y también por su violencia extrema, a raíz del desalojo judicial de una antigua oficina comercial bancaria ocupada desde hace años por colectivos de filiación anarquista.

Grupos de guerrilleros armados, aparentemente distintos de los okupas, pero de los que estos no se han distanciado, han intentado incendiar coches policiales con agentes en su interior. Se han quemado contenedores y motocicletas, destruido mobiliario urbano y estropeado tiendas y otros enseres privados.

La irresponsabilidad política con que malamente se ha respondido a estos hechos es en parte heredada. El anterior Consistorio convergente encabezado por Xavier Trias pagó a su dueño un (alto) alquiler del local ocupado (5.500 euros mensuales) para poner sordina a la ocupación, por vía de patrocinio secreto, ahora investigado por la fiscalía; para evitar la repetición de las batallas de hace dos años en Can Vies, donde el alcalde se sometió a todas las exigencias de los que protestaban; y para difuminar la idea de que el secesionismo equivale a conservadurismo y sortear así obstáculos de la ultraizquierda radical de la CUP al proceso independentista.

La actual alcaldesa, Ada Colau, hizo bien suspendiendo la irregular subvención del equipo de Trias. Y es también la que hasta ahora ha dado más la cara ante la ciudadanía, lo que merece un reconocimiento, siquiera por contraste con los demás. Pero eso no debe ocultar los yerros de su gestión, paralelos al inoportuno pulso que mantiene con la Guardia Urbana, a quien el concejal Jaume Asens ha intentado manipular en la investigación para favorecer a un mantero violento y agresivo: solo uno, y aislado, pero que abrió la cabeza a uno de los guardias municipales. Las crisis de autoridad de algunos gestores de la nueva política se acumulan y encadenan la una con la otra.

Colau se plegó a la dinámica del movimiento ocupante —de una de cuyas variantes es originaria— ofreciendo mediación y otro local, que sus destinatarios rechazaron, y manteniendo una aparente equidistancia. Ahora solo se lamenta, buscando que los entes vecinales suplan su responsabilidad.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no ha salido en defensa de su policía. Es cierto que en el pasado abundaron los excesos de los Mossos (en el 15-M, en el caso de Ester Quintana...), pero no parece haber evidencia de su repetición en este caso. Y si hubiese habido alguna actuación desproporcionada, sustánciese por vía legal. Mientras, la única desproporción corresponde a los okupas y, sobre todo, a los violentos que dicen protegerles. Este descontrol no debe seguir ni un día más.