Justicia para Victoire Ingabire

Victoire Ingabire Umuhoza es una política ruandesa presidenta de las Fuerzas democráticas unificadas (FDU), una coalición de partidos de la oposición de Ruanda que reúne a activistas políticos residentes en Ruanda, Europa, Estados Unidos o Canadá. Fue elegida como la candidata a la presidencia en las elecciones de 2010.

Está casada y es madre de tres hijos. Estudio derecho comercial y contable y luego economía empresarial y gestión de empresa en Holanda. Empezó trabajando en una empresa holandesa, aunque más tarde renunció a su trabajo para dedicarse a la carrera política. Así, desde 1997, Victoire, ha estado involucrada con la lucha de la oposición política ruandesa en el exilio; la cual afirma que su objetivo es instalar un estado de derecho donde se respeten las normas democráticas internacionales.

Poco a poco, Ingabire empezó a preparar el regreso a su país para contribuir a la reconstrucción del mismo. Finalmente lo hizo el 17 de enero de 2010, como la principal líder de la oposición ruandesa, y con la intención de registrar su propio partido político, el FDU-INKINGI, con el fin de participar en las elecciones de ese mismo año contendiendo contra el Frente patriótico ruandés, de Paul Kagame, en el poder desde el año 2000.

Pocos meses después de su llegada a Ruanda, en abril de 2010, Victoria fue puesta bajo arresto domiciliario tras haber dado un discurso en el Centro de la memoria del genocidio sobre reconciliación y violencia étnica. El 14 de octubre del mismo año fue detenida y encarcelada acusada, junto a otros cuatro supuestos cómplices, de una serie de graves delitos como la difusión de la ideología del genocidio, complicidad con actos de terrorismo, sectarismo e intentar socavar la autoridad del estado. Desde su primera aparición ante un tribunal, ella ha negado todos los cargos y alegado que obedecen a motivaciones políticas.

Todos los observadores y ONG internacionales coinciden en que el juicio contra Ingabire estuvo plagado de irregularidades y falto de las mínimas garantías judiciales, como bien denunció Amnistía Internacional en su momento y, a pesar de ello, fue condenada a 8 años de prisión en octubre de 2012.

El Tribunal supremo de Ruanda confirmó la sentencia y aumentó la pena de prisión a 15 años en 2013.

Ingabire recurrió ante la Corte africana de derechos humanos y de los pueblos, con sede provisional en Arusha, Tanzania. Este tribunal empezó a funcionar en 2006 y complementa el mandato de la Comisión africana de derechos humanos y de los pueblos de proteger los derechos fundamentales en todo el continente. A día de hoy 30 estados, de los 54 que son miembros de la Unión Africana, han aceptado su jurisdicción, aunque solo ocho, incluyendo Ruanda, han firmado y depositado la declaración que permite a los individuos y a las ONG llevar casos ante el tribunal. Ruanda firmó y depositó este documento el 22 de enero de 2013 siguiendo lo dispuesto por el artículo 34 (6) del Protocolo de la Carta africana de derechos humanos y de los pueblos. Razón por la que Ingabire pudo recurrir ante el tribunal.

El pasado 4 de marzo tenía que haber dado comienzo el proceso de apelación de Victoire Ingabire, pero el gobierno de Ruanda utilizó una nueva estrategia para bloquearlo. Pocos días antes, el 29 de febrero, Ruanda retiraba la declaración que permite a ONG y particulares presentar casos ante el tribunal.

El gobierno afirma que esta retirada tiene por objeto impedir la explotación del procedimiento por parte de delincuentes, en particular de las personas que participaron en el genocidio de 1994 y huyeron del país.

El ministro de justicia ruandés, Johnston Busingye, declaró que la retirada en relación con el caso de Victoire Ingabire era pura coincidencia. Mientras, la prensa local intentaba relacionar el tema con el caso de Stanley Safari, un ex senador de Ruanda que fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua por una gacana (tribunal comunitario) por el asesinato de tutsis durante el genocidio de 1994, pero escapó del país antes de que el juicio hubiera terminado. Sin embargo, como denuncian diversas organizaciones, el caso de safari no está incluido en la lista de casos pendientes de la Corte. Por lo que no queda duda de que se trata de una estrategia más del gobierno ruandés para impedir que Ingabire acceda a la justicia.

El Protocolo de la Carta africana de derechos humanos y de los pueblos no contempla una retirada de una declaración firmada y depositada ante el tribunal, por lo que la Corte tendrá que tomar una decisión sobre la validez de esta acción y cómo la misma afectará a los casos pendientes contra Ruanda. Esto será en la próxima reunión de la Corte que tendrá lugar entre el 26 de mayo y el 4 de junio.

Varias organizaciones están recogiendo firmas para que la Corte africana de derechos humanos y de los pueblos dicte sentencia en el caso de Victoire Ingabire contra el gobierno ruandés, entre ellas la Plataforma de peticiones para el empoderamiento ciudadano Éxodo. Se puede firmar pinchando AQUÍ.