Virginia Barber, una española en la cárcel más siniestra de Nueva York

Hay más enfermos mentales que en ningún otro lugar de Nueva York, pero no es un centro psiquiátrico. Rikers Island es la segunda cárcel más grande de Estados Unidos. Es el limbo en el que 10.000 internos aguardan la resolución de sus causas pendientes con la justicia, custodiados por 9.000 guardias y distribuidos en 10 edificios. Un asesino como Mark David Chapman, que disparó contra John Lennon; un acosador como Dominique Strauss-Kahn o un detenido por posesión de drogas como el rapero Lil Wayne, todos ellos, antes de recibir su sentencia, han pasado por esta isla próxima al aeropuerto de LaGuardia que ocupaba el puesto número 10 en la clasificación de peores cárceles de Estados Unidos que elaboró la revista Mother Jones en 2013. La media de estancia de los detenidos es de 175 días, pero, si finalmente hay juicio, los casos, y la estancia en Rikers, pueden prolongarse durante años. En EE UU, un 95% de los casos se resuelven por medio de acuerdos. Si todos los acusados se negaran a aceptarlos y fueran a juicio, el sistema se colapsaría.

La doctora en psicología forense Virginia Barber (Lanzarote, 1977) asume en los próximos días el cargo de directora de salud mental de este célebre centro de detención. Tras dirigir juzgados de salud mental de varios distritos de Nueva York y formar parte del equipo clínico de la unidad forense del hospital Bellevue, esta canaria que imparte clases en la Universidad de Nueva York y ha formado parte del comité de expertos que el alcalde Bill de Blasio convocó para tratar de identificar los principales problemas del sistema judicial de la ciudad estará al frente de un equipo de 250 psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales y de salud mental, además de 150 psiquiatras y enfermeras. Su reto es disminuir los niveles de violencia y velar por la salud mental en este centro, objeto de una constante presión mediática, especialmente desde la muerte de un reo en 2014 que hizo saltar, una vez más, las alarmas.

Sentada en un café de Brooklyn, Barber habla con tranquilidad de su trabajo. Cuesta pensar que ha pasado la mayor parte de su carrera tratando a violadores o asesinos, también a gente vulnerable atrapada en un complejo sistema, determinando si sufren o no una enfermedad mental y cuál es la mejor manera de tratarlos. El mal tiene un rostro dolorosamente humano para esta doctora. “La gente a menudo me pregunta cómo puedo tener este trabajo y dormir tranquila por las noches. La verdad es que no siempre duermes tranquila. Los años no te de­sensibilizan, pero te enseñan a aceptar que casi todo está fuera de tu control y que lo importante es hacer bien lo que está en tu mano. Aun así, siempre hay pacientes, ­situaciones, discriminaciones, injusticias…”. Después de casi dos décadas en esta ciudad, a la que llegó sin apenas hablar inglés, la visión que Barber tiene de Nueva York está cargada de realismo y de piedad, de templanza y de constante lucha por mejorar un sistema que hace agua y que ahora está inmerso en un proceso de cambio.

Virginia Barber, en Nueva York. Ana Nance

¿Cómo llegó a la psicología forense? Estudié psicología en Madrid y me interesó la relación entre esta disciplina y el derecho; un profesor me habló del John Jay College de Nueva York. Pero, si hago memoria, creo que todo empezó con unos heroinómanos que veía cada día camino de la escuela en Lanzarote, no entendía qué les pasaba. Hice mis prácticas durante la carrera en un centro de drogodependencia y allí vi que estaban constantemente dentro y fuera de las cárceles, y que muchos de ellos eran también enfermos mentales.

Tiene una larga experiencia en programas alternativos a la encarcelación y ahora empieza su tarea en una de las prisiones más complicadas de Estados Unidos. Estos programas en los que he trabajado son parte del área de justicia terapéutica. El concepto lo desarrolló el abogado David Wexler. Su idea era conseguir que toda la relación con los tribunales desde la detención hasta la condena fuese terapéutica en lugar de antiterapéutica. A partir de esta teoría se desarrollaron los juzgados especializados en drogodependencia y también los de salud mental.

¿Cualquier detenido puede ir a estos tribunales especializados? Nadie que tenga un cargo por asesinato puede acogerse a estos programas. También quedan fuera aquellos casos en los que se demuestra que quien cometió un determinado crimen tenía síntomas psiquiátricos graves en ese momento; estos acusados son declarados inimputables y siguen otra trayectoria.

¿Cómo funciona el programa? Los acusados se declaran culpables, el juez entonces dicta que tienen que seguir un tratamiento durante un determinado tiempo reinsertados en la comunidad, y esto implica tomar una medicación, hacer terapia y seguir una serie de controles médicos. Si cumplen con todos esos pasos, pasado el tiempo establecido, el caso queda sobreseído; si no, hay una sentencia alternativa de encarcelamiento.

¿Un violador puede quedar libre? Ahí entran las valoraciones de riesgo de violencia general, sexual y doméstica. Si es un agresor sexual con una parafilia, no puede formar parte del programa. Solo se aceptan acusados que tienen unos niveles de riesgo que se considera que pueden ser gestionados dentro de la comunidad: es un equilibrio entre sacar a gente de la cárcel y mantener la seguridad pública. Pero más del 90% de los enfermos mentales no cometen un delito violento en toda su vida. Las agresiones son fruto de otros factores, como el uso de drogas, las experiencias traumáticas o los trastornos de la personalidad, sobre todo el trastorno antisocial.

¿Eso no es una enfermedad mental? No se considera una enfermedad mental, sino un trastorno de la personalidad, una forma de inadaptación. Empieza en la infancia y la adolescencia, y sin tratamiento se perpetúa durante toda la vida. Son actitudes violentas, tendencias procriminales, cogniciones antisociales; conductas que la cultura carcelaria o la asociación con bandas callejeras enfatizan. La diferencia es que una enfermedad mental es episódica: hay brotes que, si son tratados, remiten. El trastorno antisocial de la personalidad o una psicopatía es algo constante, es una forma de ser.

Panorámica de la temible cárcel de Rikers Island. En la segunda imagen, un vehículo abandonando el penal. ANA NANCE

En Estados Unidos se calcula que hay un 40% de enfermos mentales en las cárceles, una cifra apabullante. Ese dato refleja el número de gente encarcelada con un diagnóstico en torno a su salud mental, que puede ser, por ejemplo, la depresión, pero solo el 7% tiene una enfermedad mental grave. Sigue siendo una cifra mucho mayor de lo que encontramos fuera de la cárcel, que es un 3%. En España, según el estudio que realizó Mercedes Gallizo cuando era directora de Instituciones Penitenciarias, los presos con enfermedades mentales graves representan un 25%.

¿Cómo le ha ayudado hablar español para desarrollar su carrera en EE UU? La mayoría de la gente que está en las cárceles es afroamericana o hispana. Las cosas están mejorando lentamente, pero hay muchos en las prisiones sin ninguna causa penal. Por ejemplo, conozco el caso de un hombre que fue detenido hace más de una década por estar borracho en la calle. Pasó tres días arrestado y 15 años después, ya casado y con hijos, Inmigración le detuvo y estuvo dos años en prisión. Mucha de esa gente no tiene derecho a abogado, y entre ellos hay un número notable de enfermos mentales. También he trabajado en casos de trastorno postraumático con refugiados.

Se especializó en valoración de riesgo de violencia y reincidencia criminal. ¿Qué nivel de confianza se puede depositar en los test y evaluaciones? Hay un margen de error porque las predicciones del comportamiento humano nunca son perfectas. La historia de la creación de los test es fascinante. Cuando simplemente se hacía una evaluación y, en función de la experiencia del psicólogo, este decidía si la persona era peligrosa o no, la fiabilidad no superaba el 50%. Ahora estamos en torno al 70%.

¿Pasa miedo en las evaluaciones? Por lo general no, llego con una idea bastante aproximada de en qué momento se encuentra psiquiátricamente el evaluado, miro los expedientes médicos y criminales y veo qué desencadena la agresividad. Además, dependiendo del caso, puede haber fuertes medidas de seguridad durante la evaluación. Pero cuando paso miedo, sobre todo con historiales de manipulación o psicópatas, y creo que algo puede suceder, termino la entrevista. Me fío de mi instinto.

Las cifras altísimas de población encarcelada vienen en buena parte de las leyes antidroga. En la llamada guerra contra las drogas, por posesión de cocaína te caían 15 años de cárcel y los jueces no tenían margen para rebajar las penas. Ahora estamos en un momento de reforma del sistema judicial y criminal muy potente.

Virginia Barber, paseando por Brooklyn, Nueva York. Ana Nance

Pero los problemas y las elevadas cifras de población carcelaria persisten. Sí. Aunque en Nueva York los programas alternativos a la encarcelación están muy avanzados, es brutal el volumen de presos. El servicio de salud mental público no es suficiente para ayudar a los enfermos que tratamos de reinsertar: está el tema de los seguros y asuntos como el precio de la vivienda que complican las cosas. Por mucho que se saque a la gente de las cárceles, si luego en la comunidad no hay servicios adecuados, el sistema falla. Los retos en Nueva York son grandes, hay un nivel de inmigración muy alto y diferencias culturales enormes.

¿Cómo se ataja esto? El dinero debe ir a los tratamientos públicos de los enfermos reinsertados y a los programas de asistencia. Se debe formar a más gente que esté capacitada para tratar a estas personas con comportamientos tendentes a la impulsividad, la agresión y el suicidio, que a veces son resultado de una historia de trauma y drogodependencia y no de una enfermedad mental. Cuando empecé en esto prestaba mucha atención a los trastornos psiquiátricos graves, pero me he dado cuenta de que ese no es el problema: tiene mucho más que ver el contexto, la falta de socialización.

Ahí entran otros factores, como las causas económicas. En general, si de lo que se trata es de que no se cometan delitos y que esta población no tenga comportamientos, digamos, complicados, estabilizar a los enfermos mentales es algo relativamente fácil si tienes un buen equipo de tratamiento. Lo que complica las cosas es que mucha gente puede que no cumpla los requisitos para recibir un diagnóstico de trastorno de la personalidad, pero tienen unos rasgos que provocan niveles de impulsividad muy elevados, con cero tolerancia a la frustración y una pésima gestión de la ira. Todo esto es fruto de las desigualdades a las que se han visto expuestos desde que nacen.

¿Qué diagnóstico reciben? Es un tipo de trastorno de estrés postraumático complejo. Con el regreso de los veteranos de Vietnam (también con gente quemada y víctimas de una violación) se vio que había un conjunto de síntomas que quedaron catalogados como estrés postraumático (hipervigilancia, flash-backs…). Entre la población que comete delitos detectas que muchos no cumplen con todo esto, porque ese trastorno quedó estipulado para definir un tipo de trauma específico. Pero la gente que ha sufrido un trauma repetido en el desarrollo, que desde la infancia ha estado expuesta a la violencia y no ha habido nadie en su vida con quien haya tenido un vínculo estable, es más proclive a la impulsividad, a la agresividad, a la hostilidad. Esto es el estrés postraumático complejo, que aún no está incluido en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales.

¿Cómo está siendo definido? Hay unos síntomas muy complejos que te hacen muy susceptible a cometer delitos porque tienes problemas con la autoridad, gritas a la gente, si te arrestan respondes con agresividad. Y además, una vez dentro del sistema judicial, es muy difícil que cumplan con los requisitos de los juzgados de salud mental o la libertad condicional. Sufren una desregulación de la capacidad afectiva, pasan del 0 al 100 muy rápidamente y no tienen mecanismos para regularse de nuevo. Es un cuadro recurrente en gente que está encarcelada.