Decisión sensata en educación

El ministro de Educación en funciones ha tomado una decisión sensata, en la línea de lo que desde este diario se pidió: paralizar la parte de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) relativa a la prueba de acceso a la universidad. Este año es el último en el que se aplica la selectividad. La ley preveía sustituirla por una reválida al final de Bachillerato, que se había anunciado en forma de test e igual para toda España. Además, cada universidad podía establecer pruebas adicionales de acceso.

Este sistema había concitado el rechazo de numerosas comunidades autónomas y de la Conferencia de Rectores. Tras varias reuniones con los rectores, el ministro de Educación ha accedido a introducir importantes modificaciones en el decreto que debe desarrollar esa parte de la ley. Según lo acordado, la nueva reválida que debe implantarse en junio de 2017 será muy parecida a la de la actual prueba de selectividad; cada comunidad decidirá las preguntas y la fecha, y puntuará de la misma forma. Los rectores se proponen además acordar en una próxima reunión no aplicar pruebas adicionales de acceso a la universidad.

Dado que todos los partidos, a excepción del PP, se han declarado partidarios de derogar la LOMCE, no tenía sentido introducir ahora unos cambios que podían ser muy efímeros. Sería bueno que la flexibilidad demostrada en este caso por el PP fuera un indicador de la disposición a abordar en la próxima legislatura un pacto de Estado por la educación.