Desbloqueo institucional

Apartir del nivel de absoluta incomunicación del que se partía, el encuentro entre el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, y el de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, puede calificarse de moderadamente positivo. Aunque es de lamentar que no se produjera avance alguno en las cuestiones más importantes —sobre las que se mantiene una discrepancia radical— la reunión permitió al menos recomponer el diálogo y restablecer una relación institucional que nunca debió interrumpirse.

El hecho de que Rajoy compareciera ante la prensa cuando no lo había hecho tras entrevistarse con otros presidentes autonómicos es un gesto a valorar, así como el tono positivo que ambos utilizaron en sus comparecencias. Pero lo más reseñable es el acuerdo de que se mantenga el contacto institucional mediante reuniones a nivel de la vicepresidencia de ambos Gobiernos para estudiar algunas de las 46 reclamaciones planteadas por Puigdemont, que incluyen desde inversiones y traspasos pendientes a la petición de que el Gobierno no exija la suspensión de la ley catalana sobre pobreza energética y emergencia habitacional, que se propone recurrir. Sobre la petición de Puigdemont de no judicializar la política, Rajoy reiteró que no se puede hacer política sin respetar la ley.

Como era de esperar, no hubo acercamiento en relación a uno de los puntos centrales planteado por el presidente catalán: su disposición a pactar una posible consulta sobre la independencia de Cataluña, que hubiera sido mucho más creíble si al mismo tiempo no hubiera reiterado su intención de mantener la hoja de ruta que prevé, después de cinco años de proceso soberanista, la desconexión de España en 18 meses, vulnerando de lleno la Constitución. Rajoy se mantuvo firme, como era previsible, en su rechazo a la consulta y en la necesidad de respetar la ley.