Argentina: renace el debate sobre la gratuidad universitaria

Por, Nicolás Trotta, rector de la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo (UMET)

Serie Desafíos Latinoamericanos, 9

En la Argentina, el debate sobre la gratuidad de la enseñanza superior no es nuevo y ha recobrado impulso en las últimas semanas. Las controversias acerca de si las universidades deben o no cobrar colegiaturas o aranceles a los estudiantes, han sido siempre expresión de disputas políticas y de posicionamientos ideológicos encontrados. Hoy, algunos enfoques contrarios a la gratuidad han vuelto a la escena educativa con argumentos que se sustentan en simplificaciones analíticas y en enfoques economicistas que parecían estar superados en el debate público nacional.

La polémica falaz que opone masividad, pluralidad e inclusión a calidad académica, así como la que contrapone redistribución y democratización de la educación superior a selección en el acceso, rigurosidad en la permanencia y eficiencia egreso parecían haber quedado sepultadas por el peso de una multiplicidad de experiencias, acciones institucionales y políticas públicas desarrolladas en el país durante los últimos años. En efecto, desde el retorno a la democracia a mediados de los 80 y, particularmente, durante la última década, un conjunto de universidades públicas y otras de gestión social, como la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), han puesto de relevancia la posibilidad de ampliar las oportunidades de acceso y permanencia a estudiantes de sectores populares, gran parte de ellos pertenecientes a familias que nunca habían tenido la oportunidad de acceso a la educación superior, garantizando una oferta educativa de alta calidad académica y pertinencia social.

En varios momentos de este tradicional debate político y educativo acerca de quién debe pagar y quién deber ser el principal responsable y proveedor de la formación universitaria, se han intentado reducir los complejos y diversos problemas políticos, sociales, demográficos, éticos, culturales, pedagógicos, académicos, organizativos y administrativos que atraviesan la vida de las universidades – de todas las universidades, inclusive de aquellas que cobran aranceles – a exclusivas cuestiones de management, gerencia y responsabilidad en la ejecución del gasto que garantiza la provisión de los “servicios” universitarios.

Si se quisiera reflexionar y debatir tan solo sobre su financiamiento, cabe afirmar que la educación superior se paga indirectamente a través de impuestos recaudados por el Estado a partir de la responsabilidad que detenta como garante de derechos y que ejerce redistribuyendo oportunidades, recursos y bienes comunes. Más allá de que se pretenda esconderlo, lo que niega este protagonismo del Estado en la trayectoria de vida de las mayorías, a partir de políticas que se financian con recursos y fondos públicos, es una posición ideológica, economicista y privatizadora que entiende que la educación superior es un bien transable al que se accede de manera individual, que debe ser provisto por un mercado que, como el resto de las esferas de la vida económica y social, redistribuirá beneficios en virtud de los méritos y de las condiciones de quienes aspiren a acceder a él.

En la Argentina, la actual Ley de Educación Nacional se contrapone enfáticamente a esta posición, afirmando los principios de un Estado activo y presente en la garantía de los derechos fundamentales y, al mismo tiempo, rechazando toda forma de mercantilización del conocimiento, la educación y la cultura.

El inicio de un nuevo gobierno nacional ha vuelto a poner en evidencia que ciertos sectores sociales acomodados y sus representantes políticos conservadores, no parecen dispuestos a aceptar de buen grado que el Estado argentino invierta (ellos dicen, que “gaste”) importantes recursos públicos en educación y cultura ni, mucho menos, en inclusión educativa y cultural. Rechazan por considerarlo ineficiente, dispendioso e improductivo el esfuerzo realizado en los últimos años por aumentar la inversión pública social. Del mismo modo, estos sectores alertan sobre lo que consideran ser el principal rol de un Estado que llaman “moderno” y “responsable”: evaluar y estimular la competencia, despolitizando su función social y reduciendo su intervención en la democratización de oportunidades a los sectores más postergados. Al confundir que el problema de los recursos para financiar las políticas públicas no sólo es que sean “escasos”, sino que sean “finitos”, ocultan y solapan el problema de fondo: las razones que explican su particular distribución y quiénes, en definitiva, se benefician de ellos.

La disputa sobre cuál es el mejor modelo de educación superior que necesita el país, vuelve a ganar relevancia ante la ofensiva de perspectivas neoliberales y conservadoras que parecen regresar el debate a los años 90.

Durante los últimos años, hemos observado que sólo la gratuidad de los estudios universitarios no es suficiente, ni permite mejorar por sí misma los índices de permanencia y egreso. Sin embargo, también hemos observado que la gratuidad es una condición absolutamente necesaria para que el derecho a una educación superior de calidad pueda garantizarse universalmente y no sólo a pequeños y privilegiados sectores de la sociedad. En este sentido, la gratuidad no es el techo que debemos alcanzar sino el piso sobre el que debemos construir condiciones que habiliten trayectorias académicas de calidad, significativas y relevantes. Lo que deberíamos discutir es qué universidad deseamos, cómo logramos la producción sistemática de saberes que atiendan las particularidades del nivel superior y nos permitan crear y discutir modelos y posiciones pedagógicas que acompañen el desarrollo de esas trayectorias.

La Argentina ha avanzado mucho en el diseño de políticas de inclusión y de afirmación de derechos históricamente negados a grandes sectores de la población. Esos avances nos obligan hoy a buscar los modos de resolver el problema de la calidad de la enseñanza y del derecho al aprendizaje sin restringirlos a la ecuación: “menos estudiantes = mayor calidad”. Del mismo modo, constituirá un retroceso de consecuencias negativas bastante previsibles, que reduzcamos el éxito del sistema universitario argentino a la trayectoria destellante de un pequeño y selecto grupo de egresados (cuyas conquistas laborales se explican mucho más por su capital social que por su desempeño educativo). También, que sólo evaluemos y analicemos el desempeño de nuestras universidades por el lugar que ellas ocupan en algún ranking internacional que desconsidera la especificidad y relevancia pedagógica o social de nuestras instituciones de educación superior.

Hemos avanzado mucho y es imprescindible no retroceder, ya que si lo hacemos se perjudicarán, una vez más, los más pobres, los excluidos, los hijos y las hijas de los trabajadores, los sectores populares. Esos que han aprendido que una buena universidad, una universidad de excelencia, una universidad de calidad, es aquella que logra equiparar las desigualdades de origen, logrando enseñar, producir, construir y transmitir aprendizajes y conocimientos significativos para actuar y transformar la realidad en que vivimos.

Nicolás Trotta es abogado, docente universitario y rector de la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo, con sede en la Ciudad de Buenos Aires. La UMET es la primera universidad latinoamericana de gestión social creada por una organización de trabajadores, el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta Horizontal (SUTERH). De su dirección participan numerosos sindicatos, organizaciones sociales y empresas. 95% de sus alumnos poseen becas y apoyos para el cursado de sus carreras y más de 70% de ellos son la primera generación de estudiantes de sus familias. Twitter: @trottanico