Lo viejo y lo nuevo en el nuevo urbanismo barcelonés

Barcelona ha sido protagonista de una paradoja. Por una parte, su imagen de modernidad urbanística y arquitectónica ha sido considerada ejemplar y adoptada por decenas de ciudades del mundo, que se han querido mirar en ella como en un espejo de lo deseable. Pero, por la otra, ese espejo ha resultado ser un espejismo tras el cual lo que había eran abusos inmobiliarios, especulación urbanística y planes de transformación que eran en realidad puro urbanicidio. De un lado, lo que exhibían las revistas especializadas, los libros de regalo oficiales, los spots publicitarios y los prospectos turísticos. Del otro, la desigualdad social, la expulsión de vecinos, la destrucción de barrios enteros, la colonización turística..., pero también una agitación social que no se ha detenido en las últimas décadas y que, convertida en opción política, ha conquistado el poder municipal en las últimas elecciones locales, en mayo de 2015.

En efecto, Barcelona —como ha ocurrido en otras grandes ciudades españolas, incluyendo Madrid— ha conocido la toma democrática de su Ayuntamiento por quienes habían estado impugnado políticas urbanísticas que, en el caso de la capital catalana, eran consideradas universalmente como patrón a imitar. Hoy, el "modelo Barcelona" está en manos de quienes más lo combatieron: movimientos sociales agrupados bajo la marca electoral BCNComú y activistas que son quienes ahora conforman el gobierno de la ciudad, con Ada Colau —la cabeza visible que había sido de la lucha por el derecho a una vivienda digna— como alcaldesa.

A un año casi de su toma de posesión, el nuevo Ayuntamiento ha prodigado proclamaciones que anuncian una nueva orientación en materia urbanística, determinada por valores incontestables: democracia, sostenibilidad, participación, transparencia, equidad... Las concreciones que confirmarían ese nuevo tono no pueden ser más que indiciarias por el momento y casi en forma de proclamación de intenciones: freno a la turistización de la ciudad, moratoria a la construcción de nuevos hoteles, desactivación de los proyectos anteriores más agresivos, defensa del patrimonio, recuperación de lugares públicos privatizados, planes de revitalización de las zonas más depauperadas de la ciudad, estímulo a la vivienda social. Hasta ahora, por tanto, lo nuevo en el nuevo urbanismo barcelonés son sus intenciones.

Pero, no nos engañemos. Es difícil aplicar valores de gobernanza igualitaria en una sociedad que es cualquier cosa menos igualitaria. Se sabe que en una sociedad capitalista, se quiera o no, es el mercado el que tiene la última palabra. También en Barcelona. Y así, el nuevo Ayuntamiento ha acabado acogiendo algo tan detestado por los movimientos sociales como el Mobile World Congress; se ha tenido que enfrentar con luchas sindicales poniéndose del lado de la patronal; ha aplicado normativas "cívicas" que había prometido derogar, como la que perseguía a los trabajadores informales en la calle... En urbanismo ha admitido un buen número de proyectos de hoteles de lujo que pensaba abortar; planes de "rehabilitación" —léase gentrificación— como el de Vallcarca se han reiniciado; el proyecto de desolación de parte del Bon Pastor continúa en marcha; se ha entregado a multinacionales la ampliación de la red de tranvías; el horizonte de una "nueva centralidad" para la zona del Besòs huele a recuperación del horizonte de "metropolizar" lo que queda del litoral barcelonés por convertir en negocio.

Por otro lado, un elemento no menos inquietante es lo que parece una desactivación de aquellas mismas organizaciones sociales que hasta ahora habían protagonizado las luchas contra las políticas municipales, muchos de cuyos cuadros han pasado a incorporarse de un modo u otro a esa Administración contra la que tanto habían bregado.

Pero eso no es todo lo que de viejo se puede reconocer en el nuevo urbanismo barcelonés. Un factor más de intranquilidad es la presencia en ese movimiento de supuesta renovación municipal de responsables directos de ese mismo modelo de ciudad que se promete desarmar. Es cierto que el gobierno inmediatamente anterior a la victoria de BCNComú era conservador, pero se olvida que la entrega de Barcelona a la codicia neoliberal empezó mucho antes y no fue cosa de una derecha ávida por convertirse en instrumento de la compra-venta de ciudades. Al contrario, fue la izquierda oficial —socialistas (PSC) y ecosocialistas (ICV-EUiA), sobre todo— la que ejecutó esa tarea entre 1979 y 2011, con hitos tan representativos de la concepción de la ciudad en clave mercantil como fueron las Olimpiadas de 1992 y el desgraciado Fòrum de les Cultures de 2004.

Pues bien: es esa misma izquierda que inventó y promocionó mundialmente el "modelo Barcelona" la que encontramos formando parte orgánica del proyecto Ada Colau desde el principio, antes incluso de su formalización como oferta electoral. En efecto, fueron determinadas organizaciones e instituciones vinculadas a ICV-EUiA las que estuvieron tras todo el proceso de constitución de BCNComú y fueron teóricos y diseñadores del "modelo Barcelona" quienes la dotaron de su ideología, que se presenta a sí misma como "ni de derechas, ni de izquierdas", sino "ciudadanista". Y fue de la mano de ICV-EUiA que se obtuvo tanto financiación como espacios publicitarios para la campaña electoral que llevó a BCNComú al poder.

En este momento, necesidades políticas de BCNComú hacen inminente un acuerdo de gobierno con el partido socialista, el PSC, con lo cual nos encontraríamos con la confirmación de lo que algunos ya percibían como una auténtica restauración "maragalliana", en referencia a Pasqual Maragall, de quien la actual alcaldesa se ha reconocido admiradora y que gobernó la ciudad entre 1982 y 1997, el periodo considerado como "dorado" por el nuevo municipalismo barcelonés, pero que es aquel en que empezaron los desmanes urbanísticos que ha provocado la actual depredación capitalista de la ciudad.

El futuro inmediato nos dirá cuál es el papel que, queriéndolo o sin querer, ha asumido el nuevo gobierno municipal, si el de llevar a cabo un urbanismo al servicio de los urbanizados y no a su costa, como hasta ahora, o si se convertirá en un recurso que permita regresar a aquellos que en realidad nunca se han ido.