Evaluaciones sí, reválidas no

Si los más de 200 diputados con un mandato de cambio hubieran actuado con coherencia el pasado 4 de marzo, Pedro Sánchez hubiera sido investido Presidente del Gobierno y la aplicación de la “Ley Wert” ya se habría paralizado. Pero algunos no cumplieron con el mandato de las urnas, Rajoy sigue presidiendo el Gobierno y la “Ley Wert” prosigue su aplicación contra la voluntad de la mayoría de los españoles.

La “Ley Wert” o LOMCE tiene el dudoso honor de ser una de las leyes educativas con mayor consenso en la comunidad educativa. Eso sí, se trata de un consenso en contra. Todos los grupos parlamentarios a excepción del PP, los representantes de padres y madres, los docentes, los estudiantes y la mayoría de los gobiernos autonómicos se oponen claramente a esta ley, por segregadora, autoritaria y clerical.

Uno de los aspectos más controvertidos de la ley es la obligación que establece para recuperar la fórmula vetusta de las reválidas en varios tramos del itinerario educativo. El próximo mes de mayo, precisamente, está prevista la realización de la reválida que la ley prevé en la finalización del sexto curso de la enseñanza primaria. Y la mayoría de la comunidad educativa está reclamando que tal prueba no se llegue a celebrar.

Si el propósito real de esta prueba fuera detectar “los desajustes que pudieran producirse en el progreso académico del alumnado” en la enseñanza primaria, tal y como establece la ley, sería mucho más lógico realizar la evaluación con anterioridad. ¿Qué sentido tiene obtener conclusiones sobre los fallos cometidos en la enseñanza primaria recibida por el alumnado cuando esta ha llegado a su fin y ya no caben acciones correctoras?

Si el objetivo fuera realmente el de comprobar el grado de adquisición de competencias por parte del alumnado, sería más eficaz confiar en la valoración del profesorado que trabaja día a día con cada estudiante y conoce su evolución a partir de cada situación concreta de partida. ¿Cómo puede confiarse una evaluación realmente eficaz al resultado de una prueba a realizar en unos minutos antes que al diagnóstico que un profesional docente puede llevar a cabo durante meses?

Ahora bien, si de lo que se trata en realidad es de establecer nuevas pruebas selectivas a modo de vallas que el alumnado deba ir superando como si de una carrera de obstáculos se tratara, sencillamente estamos ante un anacronismo pedagógico. Y si de lo que se trata en verdad es de elaborar unos rankings competitivos para distinguir a unos centros educativos y estigmatizar a otros, sin tener en cuenta las condiciones y los contextos en los que hacen su trabajo, simplemente estamos ante una perspectiva ideológica rechazable por regresiva.

Las reválidas de sexto de primaria que establece la LOMCE deben suprimirse además porque generan un estrés negativo e inútil entre unos estudiantes de muy corta edad, y porque muestran una desconfianza absurda e injusta hacia el profesional docente que ya evalúa a diario las dificultades y los progresos de cada uno de sus alumnos. Por otra parte, la previsión de esta prueba está afectando negativamente a la planificación del curso en los centros, porque insta a los profesionales a programar las enseñanzas priorizando el objetivo de un buen resultado en el examen sobre la atención flexible e individualizada a las necesidades de cada alumno.

Las evaluaciones en general son positivas, porque ayudan a valorar el trabajo realizado, a detectar fallos y a aplicar soluciones. Y las evaluaciones externas también pueden resultar de interés, según cómo se utilicen sus conclusiones. Pero una cosa son las evaluaciones de diagnóstico y otra bien distinta las evaluaciones competitivas. Las primeras sirven para conocer y para mejorar. Las segundas solo sirven para crear problemas, de satisfacción dudosa para algunos, y de frustración injusta para otros.

La reválida de sexto está obligando a las administraciones autonómicas a invertir un tiempo y unos recursos preciosos en una tarea equivocada. Sería mucho más razonable que se gastaran estos recursos en revertir algunos de los recortes aplicados por el Gobierno del PP sobre el sistema educativo: los 30.000 profesores despedidos o los 150.000 becarios perdidos, por ejemplo.

El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados ya ha registrado una propuesta para requerir al Gobierno en funciones que paralice la aplicación de la LOMCE. El Gobierno de Rajoy está en funciones, pero puede y debe suspender los desarrollos más negativos y contestados de su ley educativa, como la reválida de sexto.

En cuanto el gobierno del cambio tome posesión, impulsará un pacto social y político para lograr una educación con más calidad y con más equidad en nuestro país. Este es el reto.

Rafael Simancas es portavoz y Luz Martínez es portavoz adjunta del Grupo Socialista en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados.