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Gobierno sin control

Aun en funciones, el Ejecutivo no puede dejar de someterse al Parlamento

Rajoy a su llegada a la cumbre de los líderes europeos con Turquía, celebrada en Bruselas el 7 de marzo de 2016.
Rajoy a su llegada a la cumbre de los líderes europeos con Turquía, celebrada en Bruselas el 7 de marzo de 2016. AFP

La negativa del Gobierno a explicarse ante el Parlamento provoca la escandalosa contradicción de que un Ejecutivo en funciones esté menos controlado que otro emanado de la confianza parlamentaria. El Gobierno de Mariano Rajoy no puede dejar de someterse a ese control, empezando por asuntos de la trascendencia de los que están discutiéndose en las instituciones europeas. No basta con arbitrar comparecencias “informativas” para soslayarlo, ni es aceptable que Rajoy comprometa la posición de España en la próxima cumbre europea sobre los refugiados sin hablar con los representantes del pueblo español.

Según la ley del Gobierno, el Ejecutivo en funciones tiene mermada su capacidad para ciertas iniciativas: no puede aprobar los Presupuestos del Estado ni presentar proyectos de ley; su presidente tampoco puede disolver las Cortes ni proponer un referéndum. Sin embargo, ha de ocuparse del “despacho ordinario de los asuntos públicos”. En función de ello ejerce la participación española en los organismos internacionales, incluidos los europeos. No controlar sus actividades conduciría a la situación —estrambótica en un sistema parlamentario— de un Gobierno con manos libres. Que el Ejecutivo en funciones no haya nacido de la confianza del actual Congreso no es motivo para negarse a dar explicaciones y a discutir su política.

No se trata de invitar al desgobierno, sino de tomarse seriamente las cosas: el Ejecutivo en funciones tiene que seguir ocupándose de los asuntos públicos; y, naturalmente, el Parlamento ha de conocer y debatir el porqué de sus decisiones, por mucho que nadie hubiera previsto una interinidad política tan larga como la que vivimos. A propósito, los diputados harían bien en cumplir con la primera de sus tareas constitucionales, que es la de elegir a un presidente del Gobierno.

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