Navantia y Arabia Saudí: el extraño caso del acuerdo máximo

“Estábamos todos en una habitación, mi madre y mis hermanos, y entonces llegó la explosión y nos hirió a todos. Ahora mi madre, mi hermano pequeño y mi hermana están en otro hospital”. Así relató a Amnistía Internacional su terrible experiencia una niña yemení de 12 años de edad que había sufrido quemaduras de tercer grado y heridas de metralla en todo el cuerpo, además de un profundo corte en la cara. Se retorcía de dolor en su cama del hospital mientras explicaba los efectos de un triple ataque lanzado el 13 de junio de 2015 por la coalición encabezada por Arabia Saudí contra un barrio residencial de la capital de Yemen, que causó la muerte a 10 civiles e hirió a otros 28.

Según la ONU, desde el comienzo de la campaña militar, el 25 de marzo de 2015, en Yemen ha habido más de 35.000 víctimas, es decir, una media de 113 cada día. Esta cifra incluye 6.100 muertos, casi la mitad ellos, civiles, más de 700 niños y niñas. Más de 2,5 millones de personas son desplazadas internas en un conflicto en el que 21 millones de personas necesitan ayuda humanitaria y en el que, según Oxfam, la falta de combustible por el bloqueo naval saudí podría causar más muertes que la violencia.

En este contexto, la empresa pública Navantia está a punto de firmar un contrato con Arabia Saudí para la venta de cinco barcos de guerra que se construirían en los astilleros de Ferrol y Cádiz. En una carta abierta al Gobierno español y a Navantia, Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón hemos denunciado que esta operación viola la normativa española e internacional sobre comercio de armas. Nos oponemos a esta operación porque en este momento existe un riesgo claro de que estos barcos podrían utilizarse para llevar a cabo ataques militares directos a la población civil, ataques indiscriminados contra civiles en Yemen y para mantener un bloqueo naval al que Arabia Saudí somete a dicho país desde marzo de 2015, en un conflicto que se ha cobrado más de 6.000 vidas y en el que 8 de cada 10 yemeníes depende de la ayuda humanitaria debido a ese bloqueo. Todas esas prácticas son violaciones graves del derecho internacional humanitario y el Tratado sobre el Comercio de Armas ratificado por España en 2014, precisamente prohíbe la venta de armas para cometer este tipo de crímenes de derecho internacional. El respeto al derecho internacional humanitario está por encima de otras consideraciones, incluidas las económicas.

Sin embargo, políticos de partidos como el PP, PSOE, Podemos e Izquierda Unida, siendo el único caso conocido sobre el que sí hay pacto, se han manifestado a favor de este contrato, obviando sus gravísimas consecuencias, aludiendo a la creación de puestos de trabajo. Las ONG no nos oponemos a la creación de puestos de trabajo en los astilleros de Navantia. Nunca hemos dicho tal cosa. De hecho, Navantia está negociando otros acuerdos con otros países para la firma de otros contratos. Siempre que sean acuerdos que respeten la legalidad internacional, no habrá problema. La clave está en que este contrato en concreto es ilegal: viola la legislación española sobre exportación de armas y varias disposiciones de derecho internacional de obligado cumplimiento para España. Y el respeto a las obligaciones internacionales está por encima de cualquier operación financiera. El Gobierno no puede autorizar la venta de estos barcos porque el derecho internacional le obliga a primar el respeto al derecho internacional humanitario.

No se trata de tener que escoger entre el derecho al trabajo y el derecho a la vida

Somos conscientes de la durísima situación de miles de personas en Cádiz y Ferrol que ven en este acuerdo una oportunidad de encontrar un trabajo. Sin embargo, corresponde a nuestros representantes políticos favorecer la creación de condiciones para encontrar oportunidades de trabajo que no conviertan a unas personas que quieren ganarse la vida con su trabajo en un instrumento necesario para fabricar armas para cometer atrocidades. No se trata de tener que escoger entre el derecho al trabajo y el derecho a la vida, entre “nuestros” y “sus” derechos humanos, pues estos son de todas las personas. No es descartable que este caso ayude a abrir un debate serio sobre una posible reconversión de la industria militar, a lo que no se debe temer, aunque no sea lo que nos ocupa, pues este caso se centra en si esta venta de barcos a Arabia Saudí es legal o no.

Otro argumento esgrimido en este debate ha sido que “Si España no vende estos barcos a Arabia Saudí, lo hará otro país”. No tiene por qué ser así. El Tratado sobre el Comercio de Armas aprobado en la ONU en 2013 y que entró en vigor el 24 de diciembre de 2014 precisamente es un instrumento clave para evitar este tipo de situaciones, en las que un país pueda plantearse: “Si no vendo yo, lo hará otro”. 130 Estados ya han firmado el Tratado. Se han comprometido a no llevar a cabo acciones contrarias al objeto y la finalidad de este Tratado. 81 Estados lo han ratificado y, por lo tanto, deben aplicar y están obligados a respetar las normas de protección de los derechos humanos que establece este Tratado, cuyo objeto es establecer normas internacionales comunes lo más estrictas posible para regular el comercio internacional de armas; prevenir y eliminar su tráfico ilícito para contribuir a la paz y la seguridad y reducir el sufrimiento humano.

Estamos convencidos de que los países que hasta el momento no han ratificado este Tratado acabarán por darse de cuenta de los beneficios de que todos los exportadores de armas jueguen con las mismas reglas. De lo contrario, no participarán en acuerdos y empresas conjuntas que impliquen la transferencia de tecnología avanzada y perderán oportunidades. Además, tampoco querrán convertirse en parias de la comunidad internacional que vendan armas para violar el derecho internacional, sometidos al escrutinio de los demás países y la opinión pública mundial. Porque, en el comercio de armas, no todo vale y hay que respetar las reglas.

Esteban Beltrán, Jordi Armadans, Mario Rodríguez y José María Vera son directores de Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón, respectivamente.