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Todo es más sencillo

La Constitución prohíbe la secesión de un territorio, pero no impide consultar sobre ello

Las últimas elecciones han deparado un escenario que enseguida ha sido calificado por muchos analistas de ingobernable. En el fondo, solo una cosa ha cambiado de un modo determinante, y es el peso específico que ha alcanzado el soberanismo catalán. Sin esos 17 diputados abiertamente independentistas ya se habría abierto un nuevo período de alternancia: un Gobierno de izquierdas con el apoyo de los nacionalistas. Nada que no se hubiera visto antes en otras elecciones autonómicas o locales. Si acaso, con el descubrimiento de que en nuestro sistema parlamentario, a diferencia de una carrera de atletismo, el vencedor no es quien llega el primero a la meta, sino quien consigue más apoyos entre los que han llegado hasta el final.

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En el momento en que los partidos periféricos, imprescindibles para cuadrar los apoyos del nuevo Gobierno, han pasado a ser considerados unos parias con los que no se debe pactar, la formación de un nuevo Ejecutivo se ha revelado una misión imposible. Y sin embargo, todo es más sencillo si se piensa en términos de solucionar lo que dificulta el acuerdo en lugar de querer mantener un statu quo que ha saltado por los aires. En este sentido, la aceptación por Podemos de un referéndum para dirimir el pleito catalán ha introducido en el panorama político un factor relevante. Por primera vez alguien plantea esta propuesta para facilitar el encaje de Cataluña en España y no para conseguir su desconexión.

Si se hubiera aceptado de entrada la oportunidad de una consulta, ahora estaríamos discutiendo distintas propuestas y razonamientos bien elaborados, en lugar de estar lanzándonos encendidos reproches unos a otros. Pero la actualidad política revela que el rechazo a afrontar este debate es muy fuerte. Desde un independentismo al que se ha negado cualquier posibilidad de diálogo, muchas voces dan por superado el referéndum, reemplazado por una futura consulta sobre la constitución de la nueva república catalana. Y desde el unionismo se propone como solución de emergencia una gran coalición que sustituya a la tradicional alternancia de los dos grandes partidos tradicionales para enfrentarse a lo que se ve como una provocación intolerable. Esta propuesta, al no ir encaminada a resolver el problema catalán, se funda en la dudosa creencia de que el embrollo puede arreglarse solo. Pero parece más lógico pensar, al contrario, que solo se envenenará más.

El hecho de que no haya surgido como una evidencia que solo un referéndum posibilita resolver este contencioso se debe a viejos prejuicios que arrastra la democracia española. Los argumentos que se han esgrimido en contra, como si fueran irrebatibles, descansan sobre miedos muy arraigados y grandes inseguridades. En realidad, son muy frágiles. Ni la idea de que la Constitución no permite un referéndum consultivo ni la objeción de que la soberanía reside en el conjunto del Estado pueden constituir un obstáculo. Ni siquiera el argumento de que no debe pactarse con quien pretende fracturar el Estado.

Desde luego, la Constitución española no permite a un territorio independizarse, pero de ningún modo impide consultarle sobre ello. Como tampoco impide preguntar solo a una parte del Estado y dar validez inicial a este pronunciamiento: esto es exactamente lo que se hizo al someter a referéndum el estatuto de Cataluña. En cuanto a trazar líneas rojas frente a los secesionistas como si fuesen apátridas o ciudadanos de segunda no hay más que observar que en otras instancias superiores ocurre lo contrario. Nadie se rasgó las vestiduras porque algunos políticos euroescépticos presidieran la Unión Europea cuando les llegó su turno.

La consulta debe ser previa a cualquier reforma constitucional. Tiene que haber un compromiso compartido sobre el modo de asumir el veredicto de las urnas

El Tribunal Supremo canadiense resolvió un problema similar cuando falló en 1998 que Quebec no podía declarar la independencia unilateralmente, pero que en caso de una expresión clara de la voluntad de secesión el Estado debía atenderla y abrir un proceso de negociación bilateral para materializarla. Si el resultado de un eventual referéndum sobre la separación de Cataluña fuera negativo, no habría que cambiar nada de la Constitución en este sentido. La consulta debe ser previa a cualquier reforma constitucional. Debería haber un compromiso compartido sobre el modo de asumir el veredicto de las urnas, que puede ser más o menos contundente. Si se constatara que la voluntad de una mayoría clara de los catalanes es la independencia, se ejercería después la soberanía del pueblo español ratificando, en su caso, la secesión. Hasta que no llegue este momento, todo puede ser más sencillo.

Albert Rossich es catedrático de Filología Catalana de la Universidad de Girona.

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