Dos tercios de los estudios psicosociales no reconocen sus conflictos de interés

Publicar un estudio en una revista científica de impacto no es tarea fácil. Los investigadores, a la hora de redactar, tienen que tener en cuenta muchos aspectos para que el estudio sea finalmente aceptado por los editores de las revistas. Tienen que revisar desde el orden de los autores, la disposición de las tablas y las referencias bibliográficas hasta cuestiones formales como la gramática, la ortografía y la interpretación de los resultados. Al final de todo este proceso, los editores, con el documento en la mano, contactan con dos especialistas en la materia relacionada con el proyecto de los científicos y deciden si este puede ser publicado.

Uno de los apartados a completar es el relativo a los conflictos de interés. En él se debe especificar si los investigadores que participan en el proyecto poseen algún tipo de interés económico por el que pudiera beneficiarse de los resultados. 

Hasta ahora no se habían analizado científicamente los posibles conflictos de interés en este tipo de estudios

Ahora, en un estudio publicado en la revista Plos One, un equipo de científicos de la Universidad de Cambridge, Oxford y Abedeen (todas de Reino Unido) ha analizado la cláusula de los conflictos de interés en publicaciones relacionadas con cuatro programas psicosociales. Estos programas usan técnicas de asesoramiento para tratar enfermedades mentales, problemas de comportamiento, brindan asistencia a padres primerizos o con hijos problemáticos.

“Estos programas, que se aplican en España, consisten básicamente en enseñar a los padres a crear contextos que faciliten las conductas que se desean fomentar. El planteamiento no se reduce a meros consejos o indicaciones, sino que está basado en entrenamientos y asesoramiento continuado”, ha explicado Marino Pérez Álvarez, psicólogo clínico y catedrático de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la Universidad de Oviedo.

Estos planes de control parental gozan de un gran prestigio ya que son desarrollados por académicos y profesionales de alto nivel, se venden a la salud pública, y están respaldados por numerosos estudios que avalan su eficacia. En España un ejemplo es el portal Prevención Basada en la Evidencia, perteneciente al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En él se encuentran registrados numerosos programas preventivos dirigidos a niños y jóvenes centrados en los diversos abusos de sustancias.

La transparencia no mejora necesariamente la calidad de la investigación, pero sí marca la diferencia en la evaluación de los resultados” Manuel Eisner, profesor del Instituto de Criminología de Cambridge y autor principal del estudio

Sin embargo, hasta ahora no se habían analizado científicamente sus posibles conflictos de interés. El informe ha concluido que en la mayoría de estos estudios están presentes personas que se benefician de su distribución, aun cuando no se han declarado conflictos de intereses.

En total, dos de cada tres estudios analizados tienen un coautor que se beneficia económicamente de las ventas de alguno de estos programas y no reconoce -o lo hace de manera insuficiente- tener conflictos de interés.

Los científicos seleccionaron cuatro programas de intervención psicosocial difundidos internacionalmente -considerados por sus autores como los “líderes del mercado”-: Possitive Parental Program (o Triple P), Nurse-Family Partnership, Incredible Years, y la Terapia Multisistémica para el asesoramiento a delincuentes juveniles.

A partir de estos cuatro proyectos, los investigadores inspeccionaron todos los artículos académicos relacionados, publicados entre 2008 y 2014, en cuyas intervenciones hubiera co-participado al menos un investigador que fuera, a la vez, desarrollador principal del programa psicosocial.

Se elaboró una muestra formada por 136 estudios, pero se vio reducida a 134 porque dos editores de revistas negaron su inclusión en la investigación. Los investigadores encontraron que 92 de 134 publicaciones (un 71 %) presentaban unas declaraciones sobre los conflictos de interés incompletas, engañosas o que, directamente, no estaban.

En una segunda parte de la investigación, el equipo contactó con los editores de las revistas de estos 92 estudios. Esto llevó a que 65 de los 92 fueran corregidos o reescritos con una fe de errores. Además, en 16 de estos casos, los editores de las revistas reconocieron haber llevado a cabo una “mala edición” en el estudio, dando como resultado la falta del apartado sobre el conflicto de interés. En los 49 casos restantes, los editores de las revistas contactaron a su vez con los autores del estudio buscando una explicación, los que, como respuesta, redactaron un nuevo apartado con los conflictos de interés o revisaron el que ya estaba.

“Con esto, no se debe presuponer que los investigadores con conflictos de interés llevan a cabo estudios menos válidos, y hay que tener en cuenta que la transparencia no necesariamente mejora la calidad de la investigación. No obstante, sí marca la diferencia en la evaluación de los resultados”, explica Manuel Eisner, profesor del Instituto de Criminología de Cambridge y autor principal del estudio.

“Creo realmente que (estos programas) tienen validez, aun cuando todavía están en proceso de evaluación. Sin menoscabo de las evaluaciones en curso, se puede decir que funcionan bien por cuanto se atienen a principios generales del aprendizaje, la educación y el comportamiento, basados en el conocimiento psicológico y en el sentido común. El que sirvan como alternativa a la medicación ya les confiere validez siquiera por situar el problema en el contexto, no en el cerebro y los genes de los niños”, indica Marino Pérez, y añade que, pese a todo, “ya era hora que estudios como este de Eisner y colaboradores llamaran la atención sobre los conflictos de intereses que también pueden darse en psicología”.

Según el informe, el estudio también tuvo sus limitaciones, y reconoce textualmente que “la prioridad era publicar pruebas que mostraran conflictos de intereses económicos” y que la muestra se reducía a los estudios de “cuatro programas con un fuerte componente parental”. Por ello, los autores insisten en que no se puede saber hasta dónde pueden extenderse los resultados, y si pueden ser generalizados a una población mayor.

Las buenas prácticas tienen que ser evidentes para todos. Que la gente sepa cuáles son las reglas del juego y qué pasa cuando se infringen” Pere Puigdomènech, miembro del Grupo Europeo de Ética de las Ciencias de la Comisión Europea

Otra de las limitaciones del estudio, señala la publicación, es que no se pudo saber por qué los autores dejaron de reconocer sus conflictos de interés. Sin embargo, Eisner cree que hay varias razones por las que los académicos no lo hacen. “A veces, porque la persona con un conflicto de interés puede ser un segundo autor y el primer autor, que es responsable de presentar el manuscrito, no sepa sus conflictos de interés. Otras, porque, aún siendo conscientes los autores de que existe, no quieren que sus hallazgos dejen de considerarse imparciales e independientes”.

Más manuales de buenas prácticas

La tercera razón que Eisner da tiene que ver con las guías sobre publicación de conflictos de interés, que muchas revistas científicas no tienen.

“En todo el mundo, y en Europa concretamente, hay cada vez más una consciencia de las reglas relacionadas con la integridad científica. Estas incluyen un tratamiento de los datos adecuado, la ausencia de plagios, conflictos entre los autores, etc. Todo el conjunto de posibles faltas a la integridad científica está identificado y recogido en los códigos de buenas prácticas en Europa. En estos códigos se describen cuáles son las normas básicas de la investigación. Ahora, esta cultura está entrando en España también” ha indicado Pere Puigdomènech, profesor de Investigación del CSIC, miembro del Grupo Europeo de Ética de las Ciencias de la Comisión Europea y expresidente del Comité de Ética del CSIC. 

“La práctica científica tiene una serie de reglas que normalmente se cumplen pero que no son explícitas. Ese movimiento de crear códigos de buenas prácticas en las instituciones es importante”, añade, y subraya que ya hay países como Dinamarca, Alemania y España en los que se están llevando a cabo estos manuales. “Las buenas prácticas tienen que ser evidentes para todos. Que la gente sepa cuáles son las reglas del juego y qué pasa cuando se infringen”, subraya.

Einster añade que la medida de los manuales puede verse reforzada por otras, como “excluir autores para publicaciones futuras en una revista si se encuentra que la declaración de los conflictos de interés es engañosa, y que los departamentos de ética de las universidades alerten a todos los estudiantes y académicos de la importancia de cumplir con las guías éticas”.