Crímenes de guerra contra el patrimonio histórico

El pasado 26 de septiembre, Ahmad al-Faqi al-Mahdi, también conocido como Abou Tourab, un presunto miembro del grupo Ansar Eddine, fue transferido a La Haya para ser juzgado por la Corte Penal Internacional (CPI) de crímenes de guerra contra el patrimonio histórico y edificios dedicados a la religión. Actos que tuvieron lugar en Tombuctú, norte de Malí, en 2012. Es la primera vez en la historia que la CPI juzga a un individuo acusado de un delito similar, el cual se encuentra tipificado en el artículo 8 (2) (b) (ix) del Estatuto de Roma por el que se rige el Alto tribunal.

Cuando Ansar Eddine se apoderó del norte de Mali en 2012, declaró que establecería un estado islámico e impondría la sharia, la ley musulmana. Con esta decisión, se dejaba poco espacio para la coexistencia cultural o religiosa que hasta el momento había imperado en la región. El grupo decidió destruir diversos monumentos y capillas religiosas, incluyendo las de algunas figuras históricas consideradas santos por la población local. También se cebó con varias instituciones que custodiaban documentos, algunos de los cuales se remontaban a la Edad media.

En 2013, Francia envió tropas para reconquistar el territorio capturado por los rebeldes, a lo que siguió una fuerza de paz de Naciones Unidas (MINUSMA) compuesta por 12.600 efectivos.

Desde que la ciudad de Tombuctú fue reconquistada, la UNESCO ha estado trabajando junto al gobierno de Bamako en la reconstrucción de la misma.

Al mismo tiempo, la cooperación entre Malí y su vecino Níger ha tenido como resultado la captura de al-Mahdi en este segundo país y su traslado a los Países Bajos el pasado 26 de septiembre. Cuatro días después, el 30, el imputado comparecía ante el tribunal por primera vez, acompañado de un abogado de oficio, para confirmar su identidad y ser informado de las acusaciones que pesan sobre él. Finalmente se fijó la fecha del 18 de enero de 2016 para el inicio de las cuestiones preliminares que conducirán al juicio oral.

La destrucción de Tombuctú fue denunciada por Malí, que es uno de los países signatarios del Estatuto de Roma, que regula al tribunal con sede en La Haya, ante la CPI en julio de 2012. Una vez estudiadas las pruebas presentadas por la fiscalía, el Alto tribunal decidió que había indicios razonables para pensar que al-Mahdi es personalmente responsable de haber cometido de modo individual y junto a otras personas a las que habría facilitado o ayudado en la comisión de los crímenes de guerra por los que se le quiere juzgar. Consecuentemente, la CPI emitió una orden de arresto contra el líder islamista.

Con la opción por la ley internacional, renunciando por tanto a utilizar la jurisdicción de sus propios tribunales, Malí quiere dejar claro que la destrucción de la Tombuctú, Patrimonio de la Humanidad desde 1988, traspasa las fronteras nacionales y tiene una naturaleza internacional y que, por tanto, tal acto constituye una ofensa a la totalidad de la población mundial.

En este mismo sentido se manifestó la Secretaria General de la UNIESCO, Irina Bokova, cuando tras la primera comparecencia ante el tribunal de al-Mahdi declaró que “este es el primer caso y abre un nuevo camino para la protección del patrimonio cultural común de la humanidad y sus valores. El patrimonio cultural de Malí pertenece a toda la humanidad. Por eso es importante que los criminales sean juzgados”.

En términos similares se manifestó la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda: “Estos ataques afectan al conjunto de la humanidad. Tenemos que hacer frente a la destrucción y saqueo de nuestro patrimonio común”.

Aunque es la primera vez que la Corte Internacional se enfrenta a un caso como este, existe un precedente, que puede servir de guía, en el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), que junto a otros tribunales especiales fue precursor del actual. Hace 10 años el TPIY condenó a siete años de prisión al general del Ejército popular yugoslavo (JNA) Pavel Strugar por la destrucción y daño de bienes culturales internacionales, entre ellos la Plaza vieja de Dubrovnik.

Ahora, la CPI ha dado un paso más y sienta precedentes para otros casos similares, como pueden ser Siria o Yemen.

Desde que se retomó la ciudad de Tombuctú, la UNESCO ha estado reconstruyendo los monumentos y edificios afectados, como ya señalábamos anteriormente, contando con la colaboración del Ministerio de cultura maliense y la población local. Como toda reconstrucción esta también está contando con muchas críticas al no estar todo el mundo de acuerdo con que se lleve a cabo. Los detractores de la misma afirman que la creación y destrucción de sitios históricos son parte de la evolución histórica y una prueba importante para el registro histórico, por lo que su reconstrucción nunca tendrá el impacto emocional del original

Sin embargo, muchos otros afirman que tanto la imputación de al-Mahdi bajo la ley criminal internacional como la reconstrucción emprendida por la UNESCO pueden considerarse partes de un mismo proceso: la afirmación de nuestro patrimonio cultural universal.

Pero además, Malí considera este doble proceso, imputación y reconstrucción, como una respuesta a los extremistas y una reafirmación de que el pueblo de Malí es propietario de la rica herencia cultural de su país. El ministro de Cultura maliense ha expresado esto mismo en términos muy gráficos: “lo más importante no es nunca caerse, sino el saber levantarse de nuevo y esto es exactamente lo que representa la reconstrucción de la ciudad”.