Ciudad de México: réquiem por la planeación y la ley de desarrollo urbano

Por Víctor Delgadillo *

La Ciudad de México se ha convertido en un territorio de múltiples turbulencias sociales derivadas de la construcción de (mega)proyectos urbanos privados y públicos, que se realizan a toda costa bajo el discurso de la competitividad económica y la sustentabilidad medioambiental. Desde hace 15 años el gobierno local vive fuertes contradicciones, derivadas de la promoción de negocios inmobiliarios versus un marco jurídico (heredado del Estado benefactor) que atribuye al legislativo local la responsabilidad de normar los usos del suelo y las intensidades de construcción. Las normas de zonificación, usos del suelo e intensidad constructiva, que imponen a la propiedad privada límites para la explotación inmobiliaria, constituyen una camisa de fuerza para los negocios privados. Más en un momento en que los flujos de capitales financieros internacionales han encontrado en el mercado inmobiliario de esta ciudad, rentabilidades más interesantes que otras actividades económicas y otras ciudades.

Los últimos tres gobiernos locales (de “izquierda”) han intentado diversas estrategias para eludir el cumplimiento del marco jurídico en materia del ordenamiento urbano.

• López Obrador (2000-2006) emitió el Bando (informativo) Dos, que a nombre de un desarrollo urbano intensivo, racional y sustentable, violaba el marco jurídico en la materia. Situación que él pudo cambiar hasta 2003, cuando la correlación de fuerzas en el legislativo local le favoreció y esa política fue consignada en el marco jurídico local.
• Marcelo Ebrard (2006-2012) promovió una (contra)reforma a la Ley de Desarrollo Urbano que le otorgó al gobierno local mayores atribuciones para modificar a modo los usos y las intensidades constructivas del suelo; así como recortar los escasos espacios de participación que la legislación otorgaba a los ciudadanos. Se creó la figura urbanística Áreas de Gestión Estratégica, que de facto borra toda normatividad urbana existente y permite los usos del suelo y las intensidades constructivas que presenten mayores rentabilidades para los inversionistas.

Sin embargo, esas modificaciones al marco jurídico han sido insuficientes para los inversionistas y el gobierno pro-empresarial, por lo que constantemente se están realizando nuevas edificaciones y megaproyectos, no previstos en la planeación urbana institucionalizada, que violan las normas urbanas establecidas en los programas de desarrollo urbano. Así, constantemente grupos de residentes se inconforman frente a la construcción de nuevos proyectos urbanos de distintas escalas, promovidos por el sector privado o el gobierno local, como es el caso de las Zonas de Desarrollo Económico y Social (ZODES).

Zona de Desarrollo Económico y Social - Corredor Cultural, sobre la Avenida Chapultepec:

Este proyecto concesionado a INVEX (entidad que por 30 años dispondrá del 95% de rentas que el proyecto genere) es presentado como de recuperación y creación de espacio público y cultural. Los vecinos opositores han bautizado este proyecto como Shopultepec. Imágenes tomadas de la entidad público privada promotora del proyecto PROCDMX. http://www.ccchapultepec.mx/

La Gaceta Oficial del Distrito Federal (DF) del 14/10/2015 publicó dos acuerdos (figura jurídica que permite al Jefe de Gobierno comunicar decisiones internas, que quién sabe con quién acuerde) que constituyen una verdadera joya para evidenciar las formas en que el gobierno local intenta darle la vuelta a la legislación sobre el desarrollo urbano y a los ciudadanos. Esta gaceta publica un “Programa Sectorial de Desarrollo Urbano y Espacio Público 2013-2018” y un “Acuerdo por el que se autoriza la participación de la administración pública del DF en el sistema de actuación por cooperación en la zona que se indica para la renovación urbana y se dan a conocer los lineamientos generales para el desarrollo urbano sustentable”. Los subrayados son nuestros.

• El Programa Sectorial omite cualquier referencia a la vigente Ley de Desarrollo Urbano del DF, que establece que el sistema de planeación y ordenación urbana consta de un Programa General de Desarrollo Urbano del DF, 16 Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano y varios Programas Parciales de Desarrollo Urbano. Esta ley nunca habla de Programa Sectorial alguno.

Lo penoso del caso es que apenas el 01/10/2015 el Jefe de Gobierno instaló –como mandata la Ley de Desarrollo Urbano del DF- el Consejo para el Desarrollo Urbano Sustentable, CONDUSE (integrado por funcionarios públicos, representantes de organizaciones privadas y sociales), con el propósito de realizar un nuevo Programa General de Desarrollo Urbano del DF, que atienda los reclamos y propuestas de la sociedad civil en la materia. Además, en esta ciudad la entidad encargada de consignar los programas de desarrollo urbano es la Asamblea Legislativa del DF. ¿Considerarán los Consejeros ésto como una burla? ¿Los Asambleístas reclamarán sus atribuciones?

Curiosamente, este Programa Sectorial dice que las regulaciones urbanas son excesivas, incongruentes y confusas, y presenta los temas de desarrollo urbano, espacio público, infraestructura hidráulica y vivienda, como “áreas de oportunidad ¿Ofertas, gangas o promociones urbanas?

• El segundo Acuerdo nunca menciona a la colonia Doctores por su nombre, sino bajo el anodino nombre de “la Zona que se indica”. No es casual que el gobierno local recurra a no mencionar por su nombre a los barrios afectados por megaproyectos, pues trata de evitar el descontento social y al mismo tiempo aparentar la transparencia de sus decisiones (se trata de una práctica de gobierno ya probada: cuando se expropiaron casas para la construcción de la Supervía del poniente (una vialidad de peaje), el decreto expropiatorio no incluyó los predios por direcciones, únicamente mencionaba coordenadas geográficas).

“La zona que se indica”

La prensa local dio a conocer el “Acuerdo” para la renovación urbana y al siguiente día ya se presentaron las primeras asambleas de vecinos de la colonia Doctores preocupados por los alcances de esta medida.

El gobierno de la ciudad no parece percatarse que sus decisiones, que buscan simular un ejercicio de transparencia y tratan de pasar desapercibidas para los ciudadanos, están promoviendo la organización de la población contra cada vez más megaproyectos urbanos, que según los gobernantes de “izquierda” son obras que “la ciudad necesita” y que el sector privado realiza, como si fueran acciones de filantropía.

* Víctor Delgadillo es Profesor investigador Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y posgrado en Urbanismo, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Coordinador del Nodo UACM de la red de investigación Contested Cities.