Cuando los del poder “compran informaciones”

Dimito por razones de higiene política y democrática”, ha anunciado el director de Comunicación del Gobierno Vasco, Iñaki Bernardo, imputado por prevaricación, malversación de fondos y fraude en la contratación. Hay que admitir que tan pulcra y puntual reacción es poco habitual en la política española. ¿Empiezan a cambiar los comportamientos o este es un ejercicio de travestismo, a tono con la moda de invocar sin riesgo a la regeneración democrática?

Iñaki Bernardo está siendo investigado por irregularidades en el reparto de la publicidad institucional, el ansiado maná que aporta respiración financiera asistida a las empresas informativas y, por lo mismo, excita las tentaciones gubernamentales de tratar de atemperar y ahormar los bríos periodísticos, particularmente en los tiempos en que los medios de comunicación se asemejan a un campo de ruinas. Pero el propósito de influir no es lo que cuenta en el caso que nos ocupa.

Según la acusación que ejerce el parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, la Dirección de Comunicación del Ejecutivo vasco “compró informaciones” a medios del Grupo Noticias, afín al PNV, por un montante de al menos 240.000 euros y lo hizo vulnerando la ley vasca de Publicidad y Comunicación que exige indicar que se trata de publicidad pagada e identificar al anunciante. Suplementos, reportajes y entrevistas fueron remitidos por diferentes departamentos a los medios de la órbita del PNV. ¿Quiénes redactaron esas informaciones edulcoradas a mayor gloria del Ejecutivo? ¿Los lectores de esos medios no vieron diferencias entre el reportaje de un periodista y el fabricado por un publicista o propagandista? Todo queda en casa. Formado en el mismo círculo militante que el lehendakari Iñigo Urkullu y el presidente del PNV, Andoni Ortúzar —antiguo director general de la Televisión Vasca (ETB)—, Iñaki Bernardo ha ejercido siempre en los medios de su partido.

Como en el resto de España, tampoco aquí reza la resolución del Consejo de Europa de que los medios públicos no deben ser dirigidos por profesionales con filiación partidista. En el país de las televisiones públicas manipuladas a conciencia, el de los políticos lenguaraces elevados al primer plano por la cualidad séptica de su verbo, es un sarcasmo recitar el principio de que “los operadores de servicio público deben ser protegidos contra las injerencias políticas”. De la mano de la partidocracia, el espíritu de facción se ha filtrado en las instituciones y las ha colonizado con el sello de la ramplonería, la mediocridad, el sectarismo. Y a la búsqueda de la coartada exculpatoria, prima el afán por situar a todos los profesionales en el mismo charco, marcarlos con una sigla, negarles independencia y código ético, obviar que el periodismo de partido es al periodismo lo que la música militar a la música. En el club de las cuatro pes (putas, policías, periodistas y políticos) hay que proclamar que la gran mayoría es gente honrada.