¿Bastará con la verdad en Colombia?

Esta entrada ha sido escrita porAlejandro Matos desde Colombia.

Mesa de paz en la Habana. Foto: El País.

El miércoles 23 de septiembre fue un día importante para Colombia. Las Farc y el Gobierno alcanzaron un acuerdo respecto al punto más sensible de todo el proceso negociador: la justicia. La duración del conflicto, 50 años, y la cantidad de víctimas, 7 millones, explican que la justicia sea el punto controversial de todo el proceso de negociación que conduce al final del conflicto.

Lo bueno

El comunicado conjunto de las Farc y el Gobierno establece que habrá amnistía para los delitos políticos, como la rebelión, pero no para los crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad, como la desaparición forzada o la violencia sexual. Se crearán salas de justicia y un tribunal de paz, conformados por jueces colombianos y una minoría extranjera.

Es importante que las partes se hayan puesto de acuerdo en un punto que al inicio de las negociaciones se pensaba inalcanzable. Los que hacen la guerra por lo general justifican sus acciones con determinadas razones: están defendiendo la legalidad (fuerzas armadas) o defendiéndose de un Estado criminal (Farc) y por tanto suelen argumentar que la justicia y lo justo están de su lado. Por eso cuando las partes dan un paso al frente y reconocen que tendrán que hacer frente a la justicia, dan un paso importante. Reconocen la existencia de un tercero, las víctimas (civiles y combatientes), sobre los que cometieron crímenes.

Otro punto positivo es que sesenta días después de la firma del Acuerdo Final, las Farc se comprometen a dejar las armas y el Gobierno, por su parte, a apoyar la transformación de las Farc en un partido político legal. Este elemento es de gran importancia pues la experiencia de las negociaciones de 1984 fueron traumáticas: el gobierno de la época se comprometió a apoyar la creación de un partido político, la Unión Patriótica, conformado por miembros de las Farc y activistas de izquierda, y las fuerzas armadas, paramilitares y de extrema derecha se encargaron de asesinar a más de 3.000 de sus miembros. Quizá por ello las Farc hablan de dejar las armas y no de entregarlas, pues tienen razones históricas para desconfiar del control estatal sobre las fuerzas paraestatales que exterminaron a la Unión Patriótica.

Lo preocupante

Dos son las preocupaciones principales. La primera es sobre el trueque de verdad por impunidad. En realidad, las penas serán intercambiadas por la verdad plena. Quien testimonie una verdad satisfactoria sobre graves crímenes tendrá entre 5 y 8 años de sentencia, pero no irá a la cárcel. El que esté acusado pero niegue los hechos, irá a un tribunal con juicio y se verá expuesto hasta 20 años de pena y cárcel. El intercambio de verdad por impunidad ya se ha practicado con los paramilitares en los últimos años y los resultados han sido decepcionantes. Ha sido tal su fracaso respecto a las garantías de no repetición que hoy campan por el país miles de miembros de unas mal llamadas bandas criminales que son los mismos paramilitares recargados.

50 años de conflicto no habrían sido posibles sin el concurso directo de una parte importante de los poderes fácticos de Colombia. Los más graves crímenes de guerra y lesa humanidad se han cometido con la acción, financiación, encubrimiento u omisión activa de empresarios, políticos, altos mandos militares, presidentes, revolucionarios de pro, ganaderos, jueces, banqueros, terratenientes, periodistas, etc. Es esa la verdad que el país necesita y es esa la verdad que a día de hoy nadie puede garantizar que vaya a suceder. Estamos hablando de empresarios que quizá han aparecido en la lista Forbes, de políticos que más de un incauto gobierno europeo consideran adalides de la democracia, etc. Son grupos de poder a los no les interesa la verdad porque pretenden seguir tomando las decisiones importantes del país en tiempos de paz, igual que las tomaban en épocas de guerra. Se va a requerir una poderosa y contundente voluntad política para que no nos vuelvan a contar una verdad cuyos responsables finales son los soldados rasos, comandantes de frente, vendedores ambulantes y narcotraficantes.

La segunda preocupación es si la verdad plena es suficiente. El Estado colombiano reconoce la existencia de 7.620.114 víctimas, es decir, el 15% de la población. En Chile o Argentina el número de víctimas durante la dictadura y en Perú durante el conflicto interno, no han llegado nunca al 0,2% de la población total. Aún así, estos países viven con angustia y conflictividad social y política el tema de la impunidad. En Colombia con el 15% de su población afectada por crímenes gravísimos como el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, la violencia sexual, el secuestro o las ejecuciones extrajudiciales, ¿será suficiente con la verdad y la asunción de responsabilidades? Eso solo lo dirá el tiempo y la credibilidad y seriedad con la que se ponga en funcionamiento el acuerdo alcanzado el día 23.

Lo que sí no es de recibo son las voces que comienzan a presionar a las víctimas con la cantaleta de la reconciliación cuando, como me dijo una vez un familiar de un desaparecido: “¿Perdonar? Me están pidiendo que perdone pero no sé a quién perdonar, ni por qué lo tengo que perdonar pues yo espero con vida a mi familiar. Si no dicen toda la verdad cómo voy a saber a quién tengo que perdonar. Y el día que la sepa, si es que ese día alguna vez llega, ya veré si tengo ánimos para perdonar o para quedarme el resto de mi vida con mi acusación y mi rabia”.