La Francia oficial se aferra a la ley de las 35 horas
Los empleados optan por ampliar sus horarios para conservar el empleo
La original ley francesa que redujo la jornada laboral a 35 horas semanales en el año 2000 es, probablemente, una de las más cuestionadas en Francia. Si, además, gobiernan los socialistas, el debate se aviva. El ministro de Economía, Emmanuel Macron, inició el curso asegurando ante los empresarios que era una falsa idea creer como hizo la izquierda que Francia podría ir mejor trabajando menos. Recibió una cerrada ovación, pero al día siguiente el primer ministro, Manuel Valls, le corrigió públicamente.
Este debate está preñado de paradojas. La jornada laboral media de los franceses está por debajo de la media de la eurozona (40,9 horas semanales), pero se sitúa en las 39,4 horas. Las reformas legales de los últimos 15 años han flexibilizado tanto la ley que su aplicación registra miles de excepciones en miles de empresas. Aun así, el Gobierno socialista planea otro cambio para reducir su impacto. La ley ofrece, critican los conservadores, una imagen nefasta a los inversores de un país poco trabajador. Lo cierto es que una norma pensada para generar empleo no ha evitado que Francia registre hoy su mayor tasa de paro de su historia reciente: 10,5%.
La ley de las 35 horas es un emblema de la izquierda y acabar con ella arrasaría, quizá, sus opciones electorales, ya bajo mínimos. La norma lleva el nombre de su creadora, la socialista Martine Aubry, hoy jefa de los rebeldes socialistas que encarnan el ala izquierda del partido. Es la facción que tacha a Valls y Macron de demasiado liberales y de no defender las esencias de la izquierda. Derogar la ley sería una declaración de guerra y poner en riesgo la mayoría parlamentaria, ya agrietada en anteriores ocasiones.
El pragmatismo, mientras tanto, se impone. El 56% de los casi 800 empleados de la fábrica de Smart en Hambach, junto a la frontera alemana, votaron el viernes a favor de aumentar la jornada a 39 horas (aun cobrando solo 37) a cambio de conservar sus empleos. Los sindicatos, eso sí, se niegan a aceptar el cambio.
Sobre la firma
