No hay marcha atrás

Las palabras del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el pasado viernes, rectificando la negativa inicial a cumplir la cuota de asilados políticos que asigne la Unión Europea a los países miembros, recibieron aplausos de ciudadanos españoles y europeos y abrieron una ventana de esperanza a los cientos de miles de refugiados que se espera que lleguen este año.

Sin embargo, en las últimas 48 horas se han escuchado voces oficiales matizando que el plan de acogida está pendiente de la asignación de fondos y que, por el momento, el Ejecutivo carece de medios para hacerlo. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, llegó a decir ayer que la cifra de asilados dependerá de Hacienda. Y el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, recordó que el Gobierno va a pedir a la UE que tenga en cuenta factores como el PIB o la tasa de paro en cada país a la hora de fijar las cuotas el próximo 14 de septiembre.

Estas actitudes contrastan con las que ha habido en otros países europeos. El primer ministro británico, David Cameron —que acompañaba a Rajoy el viernes en el momento del anuncio—, dijo ayer que Reino Unido acogerá a 20.000 refugiados este año, aunque no esté incluido en las cuotas oficiales. La canciller alemana, Angela Merkel, asignó 6.000 millones de euros para garantizar la política de apoyo a los cientos de miles de personas que buscan refugio en Alemania huyendo de la guerra en sus países de origen. También Francia, por boca de su presidente, François Hollande, comunicó que cumplirá su compromiso de acoger a los asilados que proponga Bruselas, cifrado inicialmente en 24.000 personas.

La actuación firme y decidida de estos tres dirigentes ante el problema migratorio se está produciendo frente al rechazo de una parte de la opinión pública de esos mismos países. En Reino Unido, la emigración es casi un tema tabú; en Alemania han proliferado los grupos xenófobos que se oponen violentamente a acoger más refugiados, y en Francia una reciente encuesta mostraba que una mayoría de ciudadanos está en contra del plan oficial de conceder más asilos políticos. Sin embargo, Cameron, Merkel y Hollande están dispuestos a cumplir los acuerdos adquiridos y a defender el espíritu fundacional de la UE y los tratados internacionales sobre refugiados políticos.

En España no se han producido movimientos en contra de la solidaridad con los refugiados. Al contrario, hay un gran movimiento ciudadano de solidaridad, apoyado por los Ayuntamientos, las comunidades autónomas y las ONG.

A estas alturas, no cabe marcha atrás en el compromiso asumido por el presidente del Gobierno español. No se pueden alegar motivos económicos cuando el pasado viernes el Consejo de Ministros aprobaba un crédito extraordinario de más de 250 millones de euros para pagar a los funcionarios la parte pendiente de la paga extraordinaria de 2012. Siempre hay fórmulas para dotar de fondos a aquellos proyectos que se consideren prioritarios. Confiemos en que la comisión interministerial que ayer tuvo su primera reunión haga cumplir la palabra de Rajoy.