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El PP y la reforma

Hay razones de peso para que Rajoy se sume al consenso en ciernes sobre la necesidad de revisar la Constitución

El PP ha desinflado las expectativas abiertas por el presidente Rajoy sobre su disponibilidad a debatir una reforma limitada de la Constitución. No es que se niegue a hablar, pero el PP no tomará ninguna iniciativa al respecto. Argumenta que no es realista pensar en un amplio consenso como el que respaldó la Constitución de 1978; y que en plena ofensiva rupturista de los soberanistas catalanes es muy inoportuno cuestionar el modelo territorial de la Constitución.

El consenso, cuya dificultad fue la principal razón del PSOE para oponerse a la reforma en los ochenta y noventa, ha pasado a considerarse un punto de llegada, no de partida. El propio proceso de reforma podría ser un objetivo compartido que estimulara su recuperación. Pero no parece verlo así Pedro Sánchez, cuya primera reacción a la disponibilidad expresada por Rajoy fue decirle que llegaba tarde: “El tiempo de Rajoy se ha agotado”, dijo. Lo que no es precisamente una invitación al diálogo.

La respuesta al argumento de la inoportunidad es que con una reforma federal se fortalece el sistema autonómico, lo que favorece un acuerdo en el marco constitucional. Esto no significa que la defensa del sistema actual, sin cambios, no sea una alternativa. Lo es y además sigue siendo la opción con mayor respaldo en el conjunto de España, según el CIS (38% a favor, frente al 14% que quiere más autonomía).

Pero en una Cataluña sugestionada por la apelación al derecho a decidir sería conveniente combinar la negativa a ceder a las presiones soberanistas con propuestas en positivo que tengan encaje en una Constitución actualizada. El PP se inclina ahora por reformas de leyes que, como la electoral o las de financiación autonómica, no necesiten cambios constitucionales. Esa opción fue común entre los especialistas, pero hace años que concluyeron que reformas de calado, como la especificación de qué autonomías son nacionalidades y cuáles regiones, y qué consecuencias competenciales derivan de ello, requerían modificar la Constitución. Para que una reforma de ese tipo prospere y abra paso a un Estatut que incorpore un reconocimiento más específico del hecho diferencial catalán, antes debe darse una condición: que el 27-S acuda a votar la mayoría de los catalanes contrarios a la ruptura.

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