Un Egipto más autoritario

El régimen egipcio ha dado un nuevo y preocupante paso en su deriva autoritaria con la aprobación de una ley antiterrorista que blinda legalmente a las fuerzas de seguridad, crea tribunales especiales e impone severos límites a la libertad de prensa. Una legislación que, con la excusa de perseguir la amenaza terrorista del fundamentalismo islámico que ya actúa en el país, puede servir para barrer cualquier tipo de oposición y libertad de expresión. Baste como ejemplo que la información relativa a actividades del Ejército puede ser sancionada hasta con 22.000 euros de multa. La crítica de las organizaciones defensoras de los derechos humanos a la ley impulsada por Abdelfatá al Sisi está plenamente justificada.

El balance de dos años de gobierno del militar golpista convertido en presidente, tras unas polémicas elecciones, ciertamente queda cada vez más lejos de las aspiraciones con las que decenas de miles de egipcios forzaron en 2011 la salida de Hosni Mubarak tras 40 años de dictadura. Además, el establecimiento de una legislación draconiana se ha demostrado absolutamente ineficaz para frenar el verdadero desafío al que se enfrenta cualquier egipcio: el terrorismo. Desde el golpe de Estado de 2013 contra el único presidente elegido democráticamente en la historia del país, Mohamed Morsi, la actividad terrorista se ha multiplicado, experimentando un incremento sin precedentes del 60% en el último medio año. Por si fuera poco, en grandes porciones de la estratégica península del Sinaí la presencia del Estado egipcio es inexistente, y la zona se ha convertido en feudo de organizaciones como Al Qaeda.

Al Sisi debería entender que la legítima lucha de Egipto contra el terrorismo no puede enmascarar una persecución sistemática de toda oposición a un régimen envenenado desde el comienzo, y cuyas sucesivas medidas antidemocráticas no hacen sino ratificar falta de legitimidad.