¡Pinche oficio chingón!

Con este mismo título publiqué hace poco más de tres años un pequeño reportaje sobre el diario Notiver, un modesto y valiente periódico del puerto de Veracruz, cuyo jefe de redacción y su familia habían sido asesinados en junio del año anterior por el crimen organizado o cualquier otra mano negra coludida con el poder. Nunca se supo. En aquella época, el cartel de Los Zetas estaba tomando el control del territorio del Estado y el Gobierno federal había mandado a la Marina para intentar restablecer la seguridad. Poco antes, en septiembre, el turístico municipio de Boca del Río, unido al puerto, había amanecido con sus calles sembradas con más de treinta cadáveres. La autoría de la matanza dio lugar a mil especulaciones pero nunca a la verdad.

Las autoridades del Estado estaban aterradas porque la violencia arruinase los ingresos turísticos y tratando de aparentar que no pasaba nada replicaban en cierta manera la política informativa del Gobierno federal de entonces: las víctimas estaban en connivencia con sus verdugos. La versión oficial del terrible, despiadado, irresponsable y popular comentario de “ellos se lo habrán buscado”. Por eso la exclusiva que llevaba Notiver aquella mañana de enero —el hallazgo de una cabeza decapitada en la puerta de una discoteca de Boca del Río— era más que un suceso: era una noticia de riesgo.

 Desde entonces 15 periodistas han sido asesinados en Veracruz, humildes reporteros y fotógrafos de nota roja, la mayoría profesionales mal pagados que investigaban casos de abusos y corrupción y que vieron o preguntaron lo que no debían. El Gobierno del Estado legisló para proteger la libertad de prensa pero las muertes siguieron produciéndose y sobre todo sin aclararse. El crimen sin castigo y la muerte de informadores continuó, en Chihuahua, en Sinaloa, en Michoacán, en Guerrero… hasta convertir a México, un país democrático y en paz, en uno de los países más peligrosos del mundo para este oficio. Un centenar de informadores y fotógrafos han muerto violentamente desde el año 2000, más que en toda la guerra de Vietnam o en los conflictos de Oriente Próximo en lo que llevamos de siglo.

Matar a un periodista, sí, a un curioso, a un entrometido, un demagogo, un chismoso, un impertinente, un bohemio y un escritor, matar a todo eso, es también matar a la sociedad civil, que en el caso de México no puede seguir siendo la que pone las víctimas en el duelo o en la complicidad que mantienen los poderes fácticos y el crimen organizado. Este curso empezó el 26 de septiembre con la desaparición de los 43 alumnos de Ayotzinapa y siguió con la muerte de 42 civiles, presuntos sicarios, en el Rancho del Sol, la espectacular y vergonzosa fuga de Joaquín el Chapo Guzmán y el asesinato la semana pasada en la capital, en donde se había refugiado huyendo de las amenazas que había recibido en Veracruz, del fotoperiodista Rubén Espinosa y de otras cuatro mujeres. Es hora de que los poderes públicos mexicanos además de hacer leyes tan largas como perfectas, las apliquen, los culpables paguen y las víctimas sean resarcidas.