Financiar la reforma de la Constitución

Por Chema Vera (@chema_vera),Director de Oxfam Intermón.

El 7 de julio tres organizaciones con una larga trayectoria en nuestros campos de trabajo: Amnistía Internacional, Greenpeace y Oxfam Intermón presentamos una propuesta de reforma de la Constitución Española (CE).

Mis dos colegas, directores de Amnistía Internacional y Greenpeace, se han referido en sendos posts a las bases de esta reforma que recoge hasta 24 propuestas de modificación y que se centra en cambiar el Art 53 de la CE. La redacción actual de este artículo supone que hay derechos de primera, como la vida o la libertad, y de segunda, buena parte de los derechos sociales y económicos, como la salud o la vivienda.

En este último artículo de la serie quiero referirme a los costes y la financiación de esta reforma, una de las preguntas que más personas nos han hecho tras presentarla.

Antes sin embargo quiero destacar dos de las propuestas que hemos incluido. Por un lado la necesidad de asegurar una renta básica universal que garantice a cada persona una vida digna y la no vulneración de sus derechos humanos. Por otro un bloque de propuestas que hace referencia a la responsabilidad de España en el exterior. Y es que los derechos humanos son universales y debemos defenderlos y protegerlos en cualquier lugar del mundo, especialmente con la población más vulnerable. Así proponemos que la CE recoja la obligación de contar con una política de cooperación internacional al desarrollo bien dotada, velar por el respeto a los derechos humanos por parte de la empresa española en el exterior y asegurar el cumplimiento de las obligaciones sobre transferencia de armas.

Volviendo a la cuestión de la financiación, de éstas y del resto de las propuestas que hemos lanzado, cabe aproximarse desde el lado del ingreso y desde el del gasto. En el primer caso, apuntamos a que la Constitución española recoja la primacía por garantizar los derechos humanos en relación con cualquier otro interés o prioridad, de forma especial en tiempos de crisis económica. Todo lo contrario de lo que ha ocurrido en esta crisis, en la cual el grueso del coste ha sido asumido por la clase media y por la población más vulnerable a base de desempleo, infra empleo y recortes masivos en las políticas públicas esenciales para garantizar los derechos humanos.

Se puede reordenar el gasto público. Los 10.000 millones de nueva inversión en defensa, los más de 50.000 del rescate bancario o los 2.400 del correspondiente a las concesionarias de autopistas deficitarias, no solo es un gasto de una vez. Supone incrementos de la deuda pública cuyo servicio se proyecta décadas y lastran los presupuestos. Se lo puedo asegurar, cuando el gobierno laminó la cooperación al desarrollo en un 70 % no fue para financiar centros de salud, programas sociales o mejoras de las aulas en España. Aunque usaran ese argumento para justificar los recortes en cooperación.

Por el lado del ingreso, y éste sí es recurrente, una combinación decidida de lucha contra la elusión y la evasión fiscal aportaría recursos suficientes para financiar esta reforma de la Constitución española. El fraude fiscal se cifra en 59.000 millones de euros al año, el 72% del cual proviene, principalmente, de grandes empresas y grandes fortunas. Si las grandes empresas tributaran de forma efectiva al menos tanto como las PYMES, se recaudarían más de 8.000 millones adicionales al año. Pero aún es más alarmante si añadimos lo que se conoce como elusión, la ingeniería fiscal que exprime una legislación plagada de exenciones y agujeros que acaban en los paraísos fiscales. Allí, en la cueva de Alí Babá, 34 de 35 empresas del Ibex tienen docenas de filiales improductivas, con el único objetivo de hacer desaparecer sus beneficios. Claro que se trata de un problema global, por eso estamos proponiendo una autoridad fiscal internacional con dientes. Sin embargo los gobiernos, también el nuestro, pueden hacer mucho más.

Esto es un resumen. Tanto Oxfam Intermón como otras organizaciones hemos analizado el sistema fiscal en detalle (ver informe Tanto tienes, tanto pagas) Y desde luego que se pueden financiar los derechos humanos. Es una cuestión de prioridades, sí, pero de las que se demuestran en los números año a año y no solo en la retórica de las campañas.

¿Cuáles son las prioridades de los partidos políticos que se presentan a las próximas elecciones? En pocos días, más de 27.000 personas ya han firmado en www.blindatusderechos.org pidiendo una reforma de la Constitución Española que garantice los derechos humanos. Todos, nada menos.