Omar al-Bashir ríe, Dafur llora

Miles de personas, especialmente mujeres y niños, se refugian en la zona adyacente a la base de las fuerzas de paz de UNAMID en Um Baru, en el norte de Darfur. Foto Hamid Abdulsalam / UNAMID

El fin de semana del 13 y 14 de junio, de improviso, surgió la posibilidad de que se comenzara a hacer justicia a las víctimas del conflicto, ya olvidado, de Dafur. El presidente de Sudán, Omar al-Bashir, asistía en Sudáfrica a la cumbre de la Unión Africana (UA) cuando el Tribunal Supremo sudafricano le prohibió salir del país mientras decidía sobre su posible detención a petición de la Corte Penal Internacional (CPI). Sin embargo, el líder sudanés partía el 14 por la noche desde un aeropuerto militar cercano a Johannesburgo en su propio avión hacia Jartum, burlando, una vez más, a la justicia internacional que le acusa de crímenes contra la humanidad y genocidio.

Con el paso del tiempo ha decaído la atención mediática sobre conflicto de Darfur, tanto que ya no se habla casi nada de él, como si se hubiera terminado. Nada más lejos de la realidad.

Desde su inicio en 2003, este conflicto le ha costado la vida a más de 300.000 personas que se suman a las de regiones vecinas que viven situaciones similares como Surkordofán, Blue Nile State o Sursudán.

El problema de Darfur sigue vigente hoy día a pesar de los dos acuerdos de paz firmados: el de Abuja en 2006 y el de Doha en 2011, y que el gobierno de Jartum nunca ha respetado. Las restricciones de acceso a la zona a organizaciones humanitarias o periodistas impuestas por Sudán han contribuido a hacernos olvidar el drama de esta región.

A pesar de eso, en el pasado la presión internacional facilitó que el caso llegase a la Corte Penal Internacional la cual emitió un mandato de captura del presidente sudanés Omar al-Bashir y otros oficiales de su gobierno por crímenes contra la humanidad y genocidio. En diciembre del año pasado, la CPI suspendió la investigación de este caso por la poca colaboración de la comunidad internacional. Hecho que al-Bashir celebró como una victoria.

Desde entonces, en estos últimos seis meses, “el conflicto ha alcanzado niveles nunca vistos antes, con más de 150 mil personas obligadas a dejar sus hogares desde comienzo de este año”, según informa la agencia especializada en información y análisis de crisis humanitarias IRIN.

En los últimos años, la situación en la región se ha ido complicando. Al inicio el conflicto había una confrontación entre los agricultores de la zona y los pastores árabes baggara a los que apoyaban las milicias janjaweed (que significa demonios a caballo) reclutadas y armadas por el gobierno de Jartum.

Con el paso de los años se han ido sumando a la lucha nuevas milicias paramilitares leales al gobierno sudanés y otros grupos tribales, ampliando así el abanico de partes implicadas y complicando la posibilidad de llegar a acuerdos de paz.

Desde 2009, la fuerza híbrida de paz de la Unión Africana y las Naciones Unidas (UNAMID), desplegada en 2007, consideraba la guerra en la región terminada afirmando que las escaramuzas y enfrentamientos que se producían en distintas partes del territorio eran solo casos de bandidismo y no confrontaciones bélicas.

Pero la realidad es que la guerra nunca terminó y la violencia sobre la población civil ha sido constante durante todos estos años hasta el actual recrudecimiento del conflicto. Ahora, este se ha complicado aún más con la entrada en acción de un nuevo grupo paramilitar, la Fuerza de Apoyo Rápido (RSF), que está dirigida y armada por el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISS) de Sudán. Este grupo tiene sus raíces en las milicias janjaweed que el gobierno de Jartum uso en su lucha contra los insurgentes de Darfur en un primer momento. Las actuales operan también en otras zonas que desafían el poder central: Surkordofán y Blue Nile.

En octubre de 2014 se oyó hablar por primera vez de esta milicia cuando en provocaron la muerte de civiles, incluidos muchos menores, violaron mujeres y robaron ganado en la zona de Tabit. Más tarde, una ofensiva del ejército sudanés en enero pasado, recuperaba el control de las Montañas Marra, bastión, desde el inicio del conflicto, de uno de los movimientos rebeldes más influyentes: el Movimiento de Liberación de Sudán (SLM), comandado por Abdel Wahid al-Nur.

Este ataque produjo que gran parte de la población de la zona tuviera que abandonar sus hograres. Según el informe del Experto Independiente de la Naciones Unidas para seguir el estado de los derechos humanos en Sudán, Aristide Nononsi, del 21 de mayo de 2015, los desplazados internos de Darfur suman más de dos millones y medio de personas, millón y medio de los cuales son niños y niñas.

En este contexto, UNASMID ha sido acusada, en repetidas ocasiones, de no hacer lo suficiente para proteger a los civiles. Al mismo tiempo han sufrido ataques y hostigamientos por parte de los grupos leales a Jartum. Finalmente, el presidente sudanés pidió la retirada de esta fuerza de la región el pasado mes de octubre. Pero por ahora, varios países, encabezados por Estado Unidos, se oponen a ello mientras que los dos grandes aliados de Jartum, China y Rusia, guardan silencio sobre la petición.

Mientras, el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Kin moon, ha recomendado al Consejo de Seguridad de la ONU que extienda el mandato de UNAMID un año más, y ha declarado que cualquier cambio o reducción de tropas debe hacerse sobre los progresos que sean capaces de hacer las distintas partes del conflicto para conseguir la paz.

Por todo esto la burla que ha hecho el presidente sudanés, Omar al-Bashir, de la justicia internacional resulta realmente dolorosa para todas las víctimas de este conflicto. Además, refuerza la idea de muchos líderes africanos, encabezados por el actual presidente de la UA, Robert Mugabe, de retirarse de la CPI, a la que acusan de parcial y de solo perseguir casos relacionados con África, y de juzgar los asuntos del continente en tribunales africanos.

El gobierno sudafricano ha negado los rumores de que varios de sus ministros, los que forman el grupo de seguridad y emergencias, mantuvieran una reunión secreta para facilitar la fuga de al-Bashir. Sin embargo, la duda permanece, ya que sin la colaboración o pasividad del gobierno de Pretoria, difícilmente el presidente sudanés hubiera podido burlar la justicia.