Sudáfrica se mofa de la justicia

El presidente de Sudán, Omar al- Bashir, ha huído de Sudáfrica (donde asistía a una cumbre de la Unión Africana) con la complicidad del Gobierno de este país, pese a que el más alto tribunal de Pretoria había ordenado su detención en cumplimiento de una orden de extradición de la Corte Penal Internacional. Bashir, golpista en el poder desde 1989 y reelegido este año en unas elecciones indignas de ese nombre, está acusado de crímenes contra la humanidad y genocidio en Darfur, Sudán occidental, donde desde 2003 murieron alrededor de 300.000 personas y otros dos millones huyeron de la violencia de Estado.

Sudáfrica, signataria en 1998 del tribunal internacional junto con más de una treintena de Estados africanos, tenía la inexcusable obligación de detener al presidente sudanés y tramitar su entrega a La Haya. En su lugar, el Gobierno de Jacob Zuma se ha reído de sus jueces y violado flagrantemente la Constitución. A esta lamentable actuación, jaleada por el partido en el poder, el Congreso Nacional Africano (ANC), no es ajena la percepción sobre la debilidad de una corte internacional acusada de un supuesto sesgo antiafricano y cuya jurisdicción se ve mermada por la ausencia entre sus miembros de algunos de los más importantes países del mundo.

Que el avión privado del fugitivo Bashir haya despegado con las bendiciones gubernamentales de un aeropuerto militar de Pretoria es un baldón en la reputación del país que dirige Zuma; especialmente grave por cuanto Sudáfrica pretendía ser un referente continental en el respeto a la justicia internacional. Pero también representa un precedente inquietante sobre la evolución de la lucha contra la impunidad de los máximos dirigentes políticos. A la postre, Sudáfrica, en particular, y la Unión Africana, por extensión, se han puesto del lado de un régimen genocida en vez del de sus innumerables víctimas.