¿Nueva política?

Sin caer en la exageración de calificarlas de secretismo o de regreso a tiempos oscuros, las reuniones celebradas esta semana entre los principales dirigentes políticos se han saldado con una opacidad impropia de la voluntad de regeneración democrática. Su actitud es injustificable porque no se trata de personas que arreglan o desarreglan asuntos en privado, sino de los dirigentes de los partidos más votados en medio de la negociación de pactos poselectorales.

El presidente del Gobierno persiste en su tendencia a explicarse lo menos posible, excepto cuando recurre a la sal gruesa para acusar al socialista Pedro Sánchez de entregar el poder a la extrema izquierda, mientras la vicepresidenta insinúa que el secretario general del PSOE es un radical. Pedro Sánchez habrá tenido ocasión de apreciar lo que vale mantenerse en silencio respecto al contenido de su encuentro con el jefe del Ejecutivo. Desde el Gobierno se desliza hacia la opinión pública la idea de que no hubo entendimiento entre Rajoy y Sánchez, aunque se desconoce exactamente sobre qué.

Es preocupante haber cumplido el tercer lustro del siglo XXI sin que los dirigentes tengan claro que la transparencia forma parte de la negociación. Esto no implica meter micrófonos o cámaras en los despachos o restaurantes. Pero tampoco deben eludirse las imágenes de los encuentros —solo han existido las de Sánchez con Rajoy; no, lamentablemente, las de Sánchez con Pablo Iglesias o Albert Rivera— por cálculos sobre la reacción de las hinchadas a juntarse con unos o con otros, ni dejar de explicarse sobre lo hablado. La actitud es similar en el caso de los símbolos de la nueva política, Iglesias y Rivera, tan evasivos y poco transparentes como los partidos de siempre.

El peligro de que se instale la confusión es real, porque el tiempo pasa sin que se traduzca en decisiones la voluntad ciudadana expresada en las urnas del 24 de mayo —lo mismo que sucede con las andaluzas del 22 de marzo—. Una mirada más profunda nos lleva a encontrar las razones del vacío en el efecto provocado por las añejas normas en vigor. Legalmente han de transcurrir tres semanas entre las elecciones y la constitución de Ayuntamientos (más, cuando hay recursos), y varios meses para los Gobiernos autónomos en función de lo que dice cada estatuto, lo cual multiplica la interinidad de los organismos afectados y la incertidumbre de futuro a falta de mayorías claras. Añadir a ello las reuniones de líderes por sorpresa, de las cuales apenas se informa, acrecienta los rumores y aleja las certezas.

La desinformación nunca es buena para nadie. Sobre todo, cuando se pretende extender la idea de que las elecciones sin mayoría absoluta o los gobiernos en minoría conducen a la inestabilidad.