La vergüenza del Mediterráneo

Si los países ribereños de la costa norte del Mediterráneo tienen el derecho de mantener centros de detención para inmigrantes, deben también obligatoriamente atender a los detenidos, respetando las normas que garantizan el respeto de los derechos humanos. No todos lo hacen con la misma celeridad, y la verdad es que España se ha distinguido, estos últimos años, a raíz de la crisis económica, por unos comportamientos que han conmocionado hasta a las autoridades europeas. Se ha hecho acreedora a no pocas críticas en cuanto al respeto y garantía de los derechos humanos de inmigrantes y refugiados, relacionadas en particular con el trato que reciben en las fronteras (las “vallas”) de Ceuta y Melilla, con episodios tan terribles como los 15 muertos en la playa del Tarajal, que la justicia española estudia en estos momentos, gracias al esfuerzo de algunas ONG. También, con las prácticas de las cínicamente denominadas “devoluciones en caliente”, que a veces incluyen malos tratos —documentados gráficamente y denunciados entre otros por la ONG PRODEIN— y que suponen violaciones palmarias de derechos humanos elementales, como lo muestra un reciente informe de penalistas y constitucionalistas: Derechos en la frontera. ¿Fronteras sin derechos?No sólo diferentes ONG, sino también autoridades europeas, tanto de la UE como del Consejo de Europa, así como de la ONU, han expresado reiteradamente su preocupación por estas malas prácticas y el riesgo que suponen para la garantía de derechos humanos elementales.

 Uno de los motivos que más preocupa, realmente una vergüenza para España y que debería ser corregido sin más tardar, concierne a la situación de los derechos humanos de las personas internadas en los Centros de Internamiento de Extranjeros, CIE, creados conforme al artículo 26.2 de la LO de Extranjería de 1985, y definidos como establecimientos públicos “de carácter no penitenciario“, donde se retiene de manera cautelar y preventiva básicamente a extranjeros sometidos a expediente de expulsión del territorio nacional, bien por su condición de irregulares, bien por haber sido condenados por un delito y haberse aplicado la opción de expulsión.

Más del 60% de los internados, en realidad, lo son por irregularidad administrativa, es decir, no han cometido delito que explique una situación de privación de libertad. Aunque el objetivo es la expulsión, a veces se utilizan eufemismos como “repatriación” o “retorno”, lo que no es correcto, pues la directiva europea de retorno (2008/115/CE) permite que esos irregulares sean deportados no sólo a sus países de origen, sino a países terceros por los que haya presunción de que han transitado. A esos efectos, los Estados de la UE han desplegado un sistema de acuerdos bilaterales para poder desprenderse de ese peso muerto sin mancharse las manos. Así lo ha hecho España, por ejemplo, con Marruecos, Mauritania o Nigeria.

Existen actualmente ocho CIE en España (en Italia, que multiplica casi por 20 el número de inmigrantes y refugiados recibidos, hay 13), aunque el Gobierno español actual ha anunciado en diferentes ocasiones su voluntad de crear uno o dos más. Se encuentran en Madrid, Barcelona, Tenerife, Gran Canaria, Murcia, Valencia, Algeciras y Fuerteventura. Anteriormente existió un CIE en Málaga, que fue cerrado por sus inaceptables condiciones en 2012. A pesar de ser expresamente definidos como establecimientos no penitenciarios, su régimen es de hecho de privación de libertad. La estancia máxima, según la aplicación que hizo el Estado español de la mencionada directiva de 2008, es de 60 días, aunque la directiva habilita hasta ¡18 meses!

Las críticas y denuncias sobre restricciones indebidas de derechos, ausencia efectiva de control judicial, deficientes condiciones de salud e higiene, dificultades para acceso a traductor, asistencia social y psicológica, e incluso acceso a abogado, son interminables. También se han denunciado malos tratos (sólo en el CIE de Zapadores, más de 50 quejas). A todo ello hay que sumar tres casos de muertes en CIE, de los que sólo uno, la de Samba Martine en el CIE de Aluche, está siendo investigado judicialmente tras una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid.

Son habituales las denuncias verosímiles de malas prácticas

El informe anual del Defensor del Pueblo es indicativo (por ejemplo, el apartado 4.7 del informe correspondiente a 2014). El propio reglamento de los CIE, publicado en 2014, ha sido objeto de una severa corrección por parte del Tribunal Supremo. El 10 de febrero de 2015 se conocía una importante sentencia del pleno de la sala de lo contencioso administrativo del TS, en la que se declaraban contrarias a derecho varios aspectos del articulado, reconociendo así parcialmente el recurso interpuesto por tres ONG, APDHA, Federación Asociaciones SOS Racismo y Andalucía Acoge.

El 13 de abril de 2015 un comunicado conjunto de Cáritas y el Servicio Jesuita de Inmigrantes denunciaba que, transcurrido más de un año de la publicación del Reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjeros, ninguna mejora se ha producido en el tratamiento indigno infligido a los integrantes de estos centros.

Lo nuevo, es que ahora las denuncias provienen no sólo de las ONG sino también de autoridades europeas. El pasado 9 de abril, la delegación contra la tortura del Consejo de Europa que estudió en 2014 la situación de los CIE de Zona Franca y Aluche hizo público un informe extremadamente crítico con la situación de los internados y la garantía de sus derechos. Entre otras duras críticas, hacen constar la frecuencia de denuncias verosímiles de malas prácticas, como insultos, trato vejatorio, intimidación, agresiones físicas y psicológicas, imposibilidad de los internos de ir al baño durante siete horas seguidas, sobreocupación de las celdas, a pesar de que haya muchas vacías: “Hay hasta ocho personas en celdas de 24 metros cuadrados”.

En el centro barcelonés, además, no es raro encontrar chinches, según confirma el grupo de trabajo. Enfatizan la necesidad de que las autoridades españolas pongan fin a la “humillante práctica” de llamar por el número de detención a los extranjeros en lugar de por su nombre. Incluso hacen constar que pudieron escuchar cómo determinados agentes de policía en la Zona Franca insultaban a los extranjeros.

Desgraciadamente, lo denunciado aquí no es específico a España. El pasado 25 de febrero, en Grecia, tras el suicidio de un paquistaní de 28 años internado en un centro de detención de extranjeros, el Gobierno revisó totalmente su régimen. La sensación de vergüenza que le causó el Centro de Amygdaleza (norte de Atenas) al ministro adjunto de Protección Ciudadana, Yanis Panusis, fue tan insoportable, según su propio testimonio, que decretó la apertura de los cinco centros de detención del país y la liberación progresiva de los 3.500 internos (entre los que había, atención, 216 menores no acompañados). Sólo los indocumentados con algún delito pendiente o una orden de expulsión seguirán recluidos. Su vergüenza debería ser la nuestra…

Sami Naïr es catedrático de Ciencias Políticas y profesor invitado de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Javier de Lucas es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en la Universidad de Valencia.