Un pacto fáustico en Europa

El psicodrama de amenazas y negociaciones entre Grecia y Bruselas muestra la gran paradoja de la Unión Europea. Por un lado, la UE es acusada de no hacer mucho por las víctimas de la crisis. Por otro lado, es habitualmente criticada por promulgar prohibiciones, restricciones y regulaciones excesivas. En realidad los dos achaques son dos caras de la misma moneda. Europa esta sobrerregulada precisamente porque la UE carece de suficientes recursos propios (el presupuesto anual de la UE asciende a menos del 1% del Producto Europeo Bruto, mientras que el estado miembro medio gasta alrededor de 48% de su PIB). En ausencia de un sistema fiscal sólido a escala europea, la UE sustituye sus propios recursos financieros con la regulación de la política fiscal de los estados. Los estados conservan la mayor parte del dinero, pero lo utilizan en gran medida para aplicar legislación directa o indirectamente originada en Bruselas.

Esta situación es la opuesta a la de Estados Unidos, donde el gobierno federal es financieramente más fuerte que los estados, pero, a pesar de algunas apariencias, Washington regula mucho menos que Bruselas sobre los estados miembros de la Unión. Esto se debe, paradójicamente, al hecho de que el gobierno federal de Estados Unidos en Washington tiene mucho más recursos que las instituciones de la UE en Bruselas y, ya que puede desarrollar sus propias políticas a gran escala, no necesita inmiscuirse en el control de muchas políticas de los estados. En EE.UU., dado que tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales cuentan con recursos financieros suficientes para desarrollar sus propias políticas en diferentes temas, lo hacen sin mucha interferencia mutua –de hecho con menos interferencia que la de Bruselas sobre los estados miembros de la UE. La clave es que Washington es más poderoso que Bruselas y, gracias a eso, no tiene que supervisar, vigilar y proteger a los estados tanto como Bruselas hace en Europa.

La otra cara de la historia es que, a lo largo del proceso de fortalecimiento de los recursos del gobierno federal, EE.UU. dejó de dar ayuda financiera a los estados o ciudades en bancarrota. Los estados se convirtieron en autosuficientes financieramente tras el rescate de las deudas contraídas durante las guerras de independencia y a lo largo del siglo diecinueve. De hecho, miles de gobiernos locales han quebrado desde 1840, especialmente después de la Guerra Civil, durante la Gran Depresión, y más recientemente en California, Illinois o Detroit, por ejemplo. La deuda de los gobiernos locales nunca se mutualiza y se deja que estados y ciudades quiebren sin rescates federales. En este contexto de irresponsabilidad federal de las finanzas de los estados, casi todos los estados miembros enmendaron sus constituciones para garantizar presupuestos equilibrados. Los estados recuperaron poder a cambio de asumir responsabilidad fiscal, lo que implica la obligación de asumir sus deudas.

Washington es más poderoso que Bruselas y no tiene que supervisar, vigilar y proteger a los Estados tanto como Bruselas hace en Europa

De manera similar a la situación en EE.UU. hace unos doscientos años, varios estados europeos han contraído deudas enormes que apenas pueden pagar. Algunos estados europeos han sido más propensos a embarcarse en aventuras financieras irresponsables porque algunos de sus gobernantes pensaron que si finalmente corrían el riesgo de quebrar, siempre podían culpar a la Unión y pedir su rescate con fondos recaudados por los otros estados. Sobre la base de esta expectativa, se resistieron a adoptar una norma de equilibrio presupuestario por sí mismos.

Por eso la UE tuvo que imponer la supervisión, la regulación y el control de las finanzas de los estados, incluyendo un mandato de presupuestos equilibrados. La diferencia es que la adopción obligatoria de un comportamiento fiscal responsable en la UE puede ser menos eficaz que en EE.UU. porque la mayoría de los estados miembros de la Unión americana se comprometieron gradualmente a la autodisciplina por iniciativa propia, después de experimentar el drama de su propia quiebra o suspensión de pagos, aprender la lección e interiorizar la norma como parte de su cultura política.

Si los estados europeos quieren ahora que la UE haga más por los ciudadanos europeos, deberían aceptar una transferencia significativa de recursos financieros a la Unión. Con finanzas fuertes, Bruselas sería capaz de desarrollar políticas de ámbito europeo y necesitaría interferir menos en los ámbitos de competencias reservados a los estados. La fortaleza fiscal de la UE sería el precio que deberían pagar los estados para reducir el exceso de regulación de la UE y recuperar parte de su perdida autonomía. Los estados podrían desarrollar sus propias políticas en los temas en los que eligieran ser diferentes, hasta el punto de ser responsables de sus propias finanzas: deberían tener libertad de quebrar y no esperar ser rescatados por la UE a expensas de los contribuyentes de otros estados miembros. En otras palabras, demos a dar al César lo que es del César y a los estados (y a las ciudades y regiones) lo que es suyo.

Si, por el contrario, los estados europeos se oponen a este pacto y quieren mantener el grueso del gasto público, no deberían quejarse de las interferencias y regulaciones de la UE, ya que, en ausencia de fortaleza fiscal de Bruselas, estas son las únicas vías por las que la Unión puede tratar de proporcionar bienes públicos y hacer algo por los ciudadanos europeos.

Josep M. Colomer es autor del libro El gobierno mundial de los expertos (Anagrama 2015).