El necesario entendimiento transatlántico

De un tiempo a esta parte, uno de los temas que levanta más controversia en el ámbito político europeo es el Tratado Transatlántico de Libre Comercio e Inversión (TTIP en sus siglas en inglés) entre la Unión Europea y Estados Unidos. Paradójicamente, el tema es tan polémico como desconocidas son las consecuencias reales de dicho posible acuerdo para el conjunto de la ciudadanía europea y para España, en particular, y que exceden el ámbito de lo meramente económico. Por ello, cualquier proyecto conjunto en el que consigan embarcarse ambas áreas económicas tendrá un fuerte impacto en el escenario geopolítico mundial.

El objetivo último del TTIP es fortalecer y facilitar los lazos económicos dentro de la comunidad atlántica. El marco de las negociaciones para conseguir dicha meta es bifronte: por un lado, eliminando las tasas arancelarias que aún quedan en vigor (básicamente antiguas reminiscencias proteccionistas hoy la mayoría ya obsoletas); por otro lado, y muy especialmente, reduciendo las llamadas barreras no arancelarias, es decir, obstáculos y barreras administrativas que encarecen la exportación.

A día de hoy, el coste medio de las tarifas entre EE UU y la UE se sitúa en torno al 4%. No parece muy elevado, pero puede ser determinante en sectores en donde un punto porcentual de margen condiciona una decisión de inversión. Con todo, el grueso de las barreras al comercio transatlántico se concentra en los costes burocráticos que, dependiendo del sector, oscilan entre el 10% y el 20% según diversos estudios. Es aquí donde se concentra la mayor parte de los beneficios potenciales del acuerdo y lo que lo convierte en un reto sumamente ambicioso. A esto hay que sumar que, tanto en Estados Unidos como en Europa, el 75% y el 85% del tejido empresarial está configurado por pymes, que son las que más se beneficiarían de una rebaja sustancial de las barreras no arancelarias que para este tipo de empresas muchas veces son, simplemente, infranqueables.

Contrariamente a lo que se ha estado denunciando desde algunas tribunas, el propósito del TTIP no es desproteger al consumidor ni generar un vacío legal para las empresas, sino que su objetivo más concreto es armonizar y coordinar mejor la normativa vigente para converger hacia estándares comunes y así reducir costes para la exportación. La intención del TTIP es trabajar para que ambos procesos converjan hacia estándares comunes, un marco legislativo mutuamente reconocido, con un doble objetivo: reducir la barrera no arancelaria y mejorar la calidad de leyes y normas intensificando la relación entre los reguladores. De hecho, el mandato del acuerdo tiene entre sus puntos principales la protección del consumidor.

El marco de diálogo incluye tanto coordinar y trabajar sobre la normativa ya existente como mirar cómo y de qué manera mejorar los procesos de elaboración de nueva normativa. Por eso, de nuevo   hay que insistir que el nuevo marco de colaboración atlántica no significa dar un salto al vacío institucional —como algunos a veces hacen creer— sino de ampliar su perímetro.

De conseguirse lo anterior, todos los estudios estiman un impacto altamente positivo. A nivel de crecimiento, la UE y EE UU podrían crecer adicionalmente un 0,5% y un 0,4% anual respectivamente, lo que supone añadir a la producción total cerca de 215.000 millones anuales, casi un cuarto del PIB español. En términos de empleo y renta disponible esto se traduce, para la UE, en la creación de 400.000 nuevos puestos de trabajo en los próximos años y un aumento de la renta disponible en un hogar medio de cuatro personas de 430 euros al año aproximadamente y de acuerdo con la mayoría de impacto de los estudios consultados. Además, dentro de la UE, este crecimiento no es uniforme siendo los países de la periferia europea, entre ellos, España, los que relativamente más se beneficiarían del potencial acuerdo. En este sentido, el TTIP es también un elemento que favorece la convergencia de la propia Europa.

A España le conviene que el acuerdo llegue a buen fin

Adicionalmente, se estima que tenga un efecto positivo para con el resto del mundo, estimado en 100.000 millones de euros anuales. Se trata de un incremento en la producción menor que el incremento total de EE UU y la UE, con lo que el acuerdo supone, en términos globales, un balón de oxígeno interesante que favorecería cierta centralidad atlántica en un momento en el que el centro de gravedad en el escenario económico mundial se desplaza poco a poco hacia Asia-Pacífico.

Las consecuencias geoestratégicas del posible acuerdo van más allá. Al margen del impacto en la esfera económica, el TTIP ofrece una oportunidad singular para recuperar su iniciativa en liderazgo político global, estableciendo conjuntamente el ritmo, la agenda y unos poderosos puntos de anclaje a nivel de estándares comerciales de referencia para el conjunto de la economía global.

Volviendo de nuevo la vista sobre España, el acuerdo tiene una importante componente estratégica en clave nacional. En primer lugar, y como hemos anticipado antes, dentro de los países de la UE, España es, en términos relativos, una de las economías más favorecidas por el acuerdo. Los estudios estiman en 6,6% el crecimiento marginal añadido en la renta disponible de los hogares para la próxima década en comparación al 5,0% de crecimiento medio para el conjunto de la UE. Este hecho no es casual: el motor de nuestra economía está formado básicamente por pymes que representan el 90% del tejido productivo del país y el principal foco de creación de empleo. La rebaja de barreras no arancelarias tiene un efecto beneficioso transversal para todo tipo de empresas, pero las grandes beneficiadas son las pequeñas y medianas. El acuerdo, además, favorecería que muchas de estas pequeñas compañías recibiesen un poderoso impulso para dar un salto en tamaño y volumen de ventas.

La mayoría de las grandes corporaciones que no están presentes en Europa o en Estados Unidos es porque no supone una alternativa interesante, no por falta de recursos disponibles o debido a impedimentos burocráticos. Sin embargo, en el caso de empresas pequeñas y medianas, la rebaja y simplificación administrativa pueden marcar la diferencia entre entrar en un mercado y empezar a exportar a, directamente, ni considerarlo una opción viable.

Desde el punto de vista estratégico de país, el TTIP supondría un gran impulso al intercambio comercial y financiero entre España y Estados Unidos en un momento en el que nuestro sector exportador tiene que reducir su elevada dependencia de los principales mercados de la UE. En efecto, actualmente el grueso de las exportaciones se concentra en el mercado común europeo (67%) y, prácticamente, casi la mitad (46%) se concentran entre cinco mercados: Francia, Alemania, Italia, Portugal y Reino Unido. Esta alta dependencia del saldo comercial español con respecto a muy pocos países hace que nuestro sector exterior sea relativamente vulnerable a la coyuntura de la zona euro. El advenimiento de la crisis ha reforzado el impulso internacional y se han realizado importantes esfuerzos por exportar más allá de nuestra área de influencia natural, pero aún hay mucho recorrido por hacer. Las exportaciones a Estados Unidos son aún pequeñas en comparación al tamaño del mercado potencial que supone y representan tan solo el 4,4%, por no hablar de China, donde nos hemos incorporado relativamente tarde, que representan apenas un 2% del total.

Por eso, para España, tanto desde una perspectiva doméstica de generación de más actividad y empleo para la economía, como desde una perspectiva más estructural de diversificación y mayor solidez de nuestro sector exportador, nos conviene que el acuerdo llegue a buen fin. Un reto parecido se presentó en la negociación de la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea en los años ochenta y los resultados económicos y políticos han sido buenos.

Juan María Nin es presidente de la Fundación Consejo España-Estados Unidos.