El último derecho

Aunque haya derivado en una expresión despectiva, no tener donde caerse muerto es un indicativo de extrema pobreza. Por otra parte, casi desde siempre los muertos han tenido quien les enterrara —o incinerara, según culturas— ya fueran ricos, menos ricos o pobres. Incluso a los enemigos en el campo de batalla no se les ha negado casi nunca este derecho, como atestiguan decenas de cementerios militares de Europa creados por los vencedores precisamente para enterrar a los vencidos. Negarle la sepultura a alguien es un acto de extrema venganza, pero cuando ese alguien es una niña de apenas dos meses y medio, nacida y muerta en la indigencia, la fría negativa administrativa es pura y simple iniquidad. El pueblo de Champlan, en las afueras de París, tiene el dudoso honor de encabezar la lista de atrocidades burocráticas de 2015 al denegar a una familia gitana que vive en la zona desde hace un año el permiso para enterrar en el cementerio municipal a la bebé a la que su madre encontró muerta el día después de Navidad cuando fue a darle el pecho.

Es difícil establecer qué son peores, si las razones o las excusas. El alcalde del pueblo, Christian Leclerc, aseguró en un primer momento que la negativa se debía a la falta de espacio y que sólo se podía enterrar a quienes pagan sus impuestos, argumento que coloca a los seres humanos, en este caso a la pequeña Maria Francesca, a la altura de los coches que para obtener un tiquet de aparcamiento necesitan estar al corriente del pago de las multas. A la vista del escándalo internacional que se ha creado, el alcalde Leclerc —que no pertenece a ningún partido— reculó y se excusó asegurando que él ese día estaba librando y que su teléfono móvil tenía mala cobertura, que es la versión adulta del “señorita, es que mi perro se ha comido mis deberes”.

La deshumanización se demuestra en estas cosas. Ya no es que Maria Francesca —ciudadana francesa— malviviera y malmuriera en un campamento, sino que se le quitó hasta el último derecho. El primer ministro francés, Manuel Valls, ha estado doblemente certero al decir que la negativa a enterrar a la niña gitana es una injuria “a su memoria y a lo que es Francia”. Ha calificado perfectamente el hecho y ha puesto a la bebé por delante del Estado.