Sobre la necesidad de reformar la Constitución

Tenemos una Constitución deteriorada al no haber realizado labores de reforma y mantenimiento en nada menos que siete lustros. Varias de sus previsiones se han quedado obsoletas ante los nuevos desafíos, y los españoles menores de 57 años no pudieron votar los pactos constitucionales. Se ha producido, por tanto, una clara merma de las legitimidades democrática y de ejercicio. Pese a ello, bastantes tienden todavía a pensar que es mejor no arriesgarse y esperar que escampe... Creemos que esta actitud pasiva o prudente en exceso entraña un lento suicidio, pues no parece que nuestros problemas vayan a desaparecer por sí solos. La crisis no es únicamente económica sino institucional. Los recortes presupuestarios nos han permitido ver que no todo era tan sólido como creíamos. Tenemos una débil representación política y peor aún la territorial, problemas en la integración entre los españoles, en particular en Cataluña, y en el mantenimiento del Estado de bienestar. ¿Qué hacer?

Las Constituciones se defienden reformándolas de tiempo en tiempo, adaptándolas a unas realidades sociales cambiantes. Nuestra historia revela, por el contrario, que nunca hemos sido capaces de construir una Constitución más que sobre las ruinas de la anterior, y esa fue una de las causas de nuestra inestabilidad política. Es preciso abandonar esta costumbre bárbara. El diagnóstico es ampliamente compartido por la inmensa mayoría de los especialistas. No tanto qué hacer ni cuándo.

Una veintena de expertos independientes acabamos de publicar un informe con pautas sobre cómo podría reformarse nuestra Constitución. Creemos que es más lo que une a los españoles que lo que nos separa, pero es necesario reinventarnos desde una firme voluntad de transacción. El pluralismo es un rasgo definitorio de ese grupo diverso en edades, sensibilidades políticas y disciplinas académicas. Apreciamos en lo que vale la Constitución de 1978, puesto que entraña un admirable ejemplo de compromiso político y nos ha permitido vivir nuestro mejor periodo histórico, pero es inevitable reformarla.

No puede exigirse un consenso de partida; el acuerdo surge del diálogo

Hemos trabajado en el estudio durante un año y medio sin recibir la encomienda de ningún partido o fundación. Mantuvimos sesiones mensuales en las que se expusieron ponencias potencialmente contrapuestas para propiciar la discusión, pero pronto advertimos que las reformas debían ser más amplias que las inicialmente pensadas. A cambio, fue más sencillo de lo que nos temíamos ponernos de acuerdo. Bastó con recurrir al estudio y al debate y con detener el reloj hasta consensuar una propuesta, pues no nos bastaba con votar sino que era menester argumentar principios y razones que pudieran justificarse a la luz del sol.

No hemos ocultado las dudas ni nos hemos decantado por una única solución allí donde existían varias, desmenuzando las razones de unas alternativas que deben resolver decisiones políticas. Pretendemos, en definitiva, promover un debate que impulse a nuestros representantes, antes o después, a actualizar las normas fundamentales y a recuperar un proyecto ilusionante para el futuro de España. Necesitamos conquistar compromisos constitucionales mediante el diálogo.

El informe muestra que la reforma es urgente y técnicamente posible. No tenemos problemas ignotos y ninguno de ellos requiere soluciones mágicas, todas han sido ya convenientemente estudiadas. Basta con decidir. Las experiencias comparadas pueden además suministrarnos ingredientes como ya ocurrió en 1978. Pero la reforma debe seguir unos procedimientos adecuados que permitan la deliberación y la participación de las minorías y de los ciudadanos con el fin de asegurarnos de los resultados. No puede hacerse a la carrera.

Para aprobar las reformas debe bastar con las mayorías cualificadas previstas, no es precisa —ni siquiera conveniente— la identidad, si bien debe concederse a las minorías la oportunidad de participar. Tampoco puede exigirse un —imposible— consenso de partida, pues el acuerdo sólo puede ser la consecuencia del diálogo durante esos procedimientos y no una condición previa, lo mismo ocurrió en 1978. Ahora bien, sí parece aconsejable alcanzar un acuerdo de mínimos entre varias fuerzas políticas sobre el perímetro de la reforma, sus tiempos y, sobre todo, una obligación de resultado de llevarla a buen puerto. Las reformas deberían ser estudiadas conjuntamente, pero podrían ser aprobadas tanto en una única revisión global como una a una y con un único objeto por reforma, probablemente comenzando por la más sencilla o que mayor consenso suscite. Conviene desdramatizar la reforma.

El Senado debería ser una Cámara de representación territorial

No podemos dar noticia de todos los contenidos del informe. Pero hemos sugerido colocar a España a la vanguardia de la integración europea incluyendo una cláusula constitucional referida a la Unión y la vinculación expresa al Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de Derechos Fundamentales de forma que actualicen nuestra declaración constitucional. Los derechos fundamentales no deberían seguir creciendo constantemente sin ponderar las limitaciones financieras, pero sugerimos que algunos principios rectores como el derecho a la salud y a la Seguridad Social pasen a considerarse verdaderos derechos fundamentales. Los magistrados del Tribunal Constitucional y los miembros de otras instituciones de garantía no deberían estar prorrogados en sus funciones durante varios años, erosionando la imagen de independencia del órgano, para luego designarlos sin excesiva preocupación por su excelencia.

Nuestro sistema parlamentario es previsible, formalizado y racionalizado en exceso y requiere de algunas modificaciones en provecho de las minorías y del propio parlamentarismo, con el fin de permitir la construcción de la representación política y formar opinión pública. Es menester facilitar el ejercicio de la función de control y de las comisiones de investigación e impedir abusos en el recurso a los decretos leyes. Así como fortalecer algunas técnicas de democracia participativa como la iniciativa legislativa popular. Los ciudadanos deben poder elegir a otros ciudadanos y no sólo confiar a ciegas en listas de partidos políticos, al tiempo que una sociedad tan plural como la española requiere de unas adecuadas dosis de proporcionalidad en la representación; y existen soluciones electorales que así lo permiten. El Senado debería ser una Cámara de representación territorial, especializada en algunas funciones ligadas a las leyes territoriales, la colaboración y la financiación autonómicas; y podrían cumplirse esas funciones adoptando otra composición de la Cámara. Un verdadero Senado territorial evitaría muchos de los conflictos competenciales y financieros que actualmente tenemos.

Finalmente, pero no en importancia, el Título VIII de la Constitución requiere de serios ajustes. Debemos mejorar la integración política de las nacionalidades históricas, alcanzar pactos lingüísticos, clarificar las competencias del Estado en la Constitución y no en un inabarcable bloque de la constitucionalidad, para poder atribuir el resto a las comunidades autónomas, así como subir a la Constitución algunas normas sobre la financiación para lograr su estabilidad. No se trata de hacer un “apaño” en la Constitución para Cataluña sino de pactar una oferta moderna, racional y atractiva para todos los españoles y también para Cataluña.

Desde luego, podemos también no actuar, pero no advertimos las razones por las cuales este panorama vaya a mejorar en el futuro mediante la simple inacción.

Javier García Roca es el editor de un libro elaborado por una veintena de profesores que acaba de publicarse: Pautas para una reforma constitucional. Informe para el debate.