Un poder excesivo

La insistencia del Ministerio del Interior en legalizar la interceptación de comunicaciones, sin permiso judicial previo, plantea la duda de qué motivos tiene el Ejecutivo para pedir un poder tan amplio. El espionaje por medio de teléfonos y de Internet ha dado origen a suficientes escándalos en el mundo democrático —también en España— como para desconfiar de la concesión de poderes desmesurados a Gobierno alguno. Sobre todo si no se alegan causas verdaderamente excepcionales que lo requieran.

La cuestión saltó a la opinión pública el viernes pasado, cuando el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que incluye la posibilidad de permitir 24 horas de escuchas y rastreos sin autorización judicial. La condición es que se utilice en caso de delitos de “especial gravedad” y de que se comuniquen al juez como máximo al cabo de esas 24 horas.

La primera de tales condiciones resulta insuficiente. ¿Cuáles delitos son de especial gravedad y quién aprecia que lo son? Hasta ahora se trata de una competencia reservada al juez, salvo en casos de terrorismo. Ahora el Ejecutivo quiere extender ese poder a otras situaciones imprecisas y señala a dos autoridades políticas (el ministro del Interior o, en su defecto, el secretario de Estado de Seguridad) como las que deben tomar la decisión de “acordar la medida de investigación pertinente”.

No bastan las apelaciones generales a fiarse del Gobierno: ni del actual ni de ningún otro. Los ciudadanos pueden estar dispuestos a aceptar limitaciones a sus libertades en aras de la seguridad, pero el Ejecutivo no debe atribuirse la facultad de decidir en qué medida es correcto injerirse en la intimidad de los demás, sin explicar las poderosas razones que le llevan a legalizar un permiso genérico para hacerlo. La democracia implica un juego de contrapesos y, mal que les pese a los defensores de la primacía de la seguridad sobre las libertades, así debe mantenerse.

El proyecto en cuestión resucita otro aspecto anunciado tiempo atrás, que es la autorización a la policía para usar virus troyanos, es decir, programas informáticos que penetran en ordenadores particulares o corporativos sin ser advertidos. Aunque se exija para ello permiso judicial, hay que ser conscientes del poder que eso implica, igual que la instalación de cámaras y micrófonos en domicilios y en las celdas de detenidos.

Es cierto que el enorme desarrollo de Internet requiere respuestas de investigación proporcionadas a los riesgos que circulan por la Red, y que existe un gran vacío legal al respecto. Ahora bien, una regulación como la esbozada por el Gobierno debe contener severas restricciones de procedimiento y un imprescindible control judicial. Nunca hay que olvidar que la confidencialidad de las comunicaciones es uno de los derechos fundamentales protegidos por la Constitución.