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EDITORIAL

Transparencia, ya

Todos los viajes de parlamentarios pagados por el erario deben estar a disposición del público

Los ciudadanos tienen todo el derecho a conocer con detalle el uso que se hace del dinero con el que se sufragan los gastos en que incurren sus representantes. No por curiosidad morbosa ni para dar carnaza a las polémicas partidistas, sino porque el dinero público no llueve del cielo, sino que mana de los contribuyentes. Por supuesto que los parlamentarios deben viajar todo lo que necesiten para desarrollar sus tareas políticas; pero ni las Cortes ni los Parlamentos autónomos pueden permitirse mantener las zonas de opacidad por más tiempo.

Es una burla haber gastado tanta pólvora en salvas a propósito de la ley de Transparencia para tropezar ahora con episodios como el protagonizado por el exsenador José Antonio Monago, actual presidente de la Junta de Extremadura, y otro exdiputado del PP a propósito del carácter público o privado de ciertos desplazamientos.

El escándalo proviene de un sistema que lo permite y que todavía continúa en vigor. Aunque la ley de Transparencia —posterior al caso Monago— incluye a las Cámaras legislativas dentro de su ámbito de aplicación, se remite a los reglamentos de aquellas para definir “la aplicación concreta” de sus disposiciones. De modo que la previsión legal será papel mojado mientras tales reglamentos no sean modificados. Solo faltaba la actitud del presidente del Congreso, Jesús Posada, que no quiere saber nada sobre el control de gastos de los diputados y les pasa la patata caliente a los grupos parlamentarios, para darse cuenta de la clara conciencia del problema existente y de las renuencias a resolverlo.

Seis años de crisis económica han acelerado las críticas a una clase política que muchos creen demasiado costosa para las posibilidades reales de este país. La desconfianza hacia el Parlamento, instalada de antiguo en la cultura pública española —no hay más que ver la fruición con que se repiten y comentan fotos de hemiciclos semivacíos—, se ve incrementada con polémicas sobre gastos, que alimentan nuevas campañas de lapidación. Resulta inaguantable la ristra de discusiones a propósito de los sueldos, las cantidades adicionales que perciben o de cuánto debemos escandalizarnos por el descubrimiento de tal o cual gasto dudoso.

Urge restablecer la dignidad de la función representativa y esto les corresponde a las Cámaras. Los grupos del Congreso han abierto una negociación que debería cerrarse a la mayor brevedad con medidas que garanticen la transparencia, y desde luego es insuficiente la pretensión del PP de limitarla a publicar el importe “global” de lo que paga la Cámara o hacer constar solo si los viajes son desde o hacia la circunscripción, si son actos de partido o actividades como parlamentarios. Los ciudadanos tienen completo derecho a disponer de los datos relacionados con viajes —y con regalos de cierta importancia—, además de la información que ya se conoce sobre los ingresos. Y sobre este punto no hay nada más que discutir.

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