Hacer las cosas bien

La gestión de la presión migratoria sobre Ceuta y Melilla ha provocado la intervención de la UE ante la sospecha de que España pueda estar vulnerando la legislación comunitaria. Cecilia Malmström, que acaba de dejar de ser comisaria de Interior, envió hace unos días al ministro de Interior una dura carta en la que exigía explicaciones por el contenido de un vídeo que muestra cómo agentes españoles golpean a un inmigrante, este cae inconsciente y, sin recibir atención médica ni asistencia legal, es devuelto a Marruecos. Interior sostiene que la actuación policial ante los intentos de asalto a las vallas ha sido proporcionada y ajustada a derecho. El coronel de la Guardia Civil que estaba al frente de algunos de estos operativos se encuentra imputado por contravenir la normativa vigente en materia de inmigración y extranjería.

La comisaria Malmström deplora que pueda producirse en una frontera europea “un incidente tan perturbador” y pide que se abra una investigación. Considera que se han podido vulnerar el Código de Fronteras del espacio de libre circulación de Schengen, la directiva europea sobre procedimientos de asilo y retorno y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. También el comisario de Derechos Humanos había pedido una investigación relacionada con los mismos hechos.

El Gobierno debería tomarse en serio la reprimenda y atender la advertencia de la carta sobre el proyecto de reforma que pretende legalizar las llamadas devoluciones en caliente. Son numerosas las voces que, desde instancias políticas y jurídicas, advierten de que este tipo de expulsiones vulneran los tratados internacionales.

Administrar la enorme presión migratoria que soportan los países del sur de Europa no es sencillo, pero hay que encontrar fórmulas que sean a la vez justas y eficaces. La responsabilidad no concierne solo a los países que tienen esas fronteras: toda Europa tiene que asumir el reto. Por eso hay que saludar que la UE haya puesto en marcha la Operación Tritón para ayudar a Italia ante la presión inmigratoria. Los medios que se le han asignado son, sin embargo, insuficientes y el alcance muy limitado: los responsables han dejado claro que su misión es proteger las fronteras y, “solo si es necesario”, atender naufragios.

Se trata de un planteamiento poco respetuoso con los derechos humanos. Y resulta especialmente lacerante si se tiene en cuenta que, desde la tragedia de Lampedusa en octubre de 2013, se han ahogado más de 3.000 extranjeros y que la Operación Mare Nostrum desplegada por Italia ha recogido a más de 150.000 inmigrantes en alta mar. Por esa razón, resulta inadmisible la posición —con aroma electoralista— del primer ministro británico, David Cameron, que ha anunciado que Reino Unido no participará en operaciones europeas de búsqueda y rescate de inmigrantes. El argumento de que el rescate de náufragos actúa como efecto llamada, además de ser falaz, denota una gran falta de humanidad.