Podemos contra los paraísos fiscales

La declaración de Jordi Pujol reconociendo que posee un patrimonio no declarado fiscalmente oculto en cuentas bancarias abiertas en un territorio que ha tenido la consideración de paraíso fiscal, como es Andorra, obliga a plantearse por qué se ha perpetuado en el tiempo una situación de tal gravedad y tan lesiva para la ciudadanía.

La impunidad del fraude fiscal y de la corrupción puede conseguirse en gran medida si existen países o territorios donde se puede ocultar la riqueza ilícitamente obtenida. Los jefes de Estado de los países que han constituido los llamados G-7, G-8 y G-20 vienen apoyando desde 1996 el trabajo de la OCDE contra los paraísos fiscales y la competencia fiscal perjudicial.

Al comienzo de la crisis en 2008 fue especialmente significativa la declaración de Gordon Brown al concluir la reunión del G-8 celebrada en Londres en abril de 2009: “La era del secreto bancario ha terminado…”. La realidad posterior lo desmintió.

El G-20, en San Petersburgo en septiembre de 2013, asumió la propuesta de la OCDE para que fuera el intercambio automático de información financiera el nuevo baremo para evaluar la conducta de las jurisdicciones en materia de cooperación y transparencia fiscal internacional. Y en su próxima reunión, a celebrar en Brisbane en noviembre, decidirá los pasos para su efectiva implantación a partir de 2017, lo que va a constituir un gran avance en la desaparición del secreto bancario en el ámbito tributario.

Pero no podemos esperar a 2017 para empezar a saber quién tiene cuentas, entre otros territorios, en Suiza, Luxemburgo, Andorra o Singapur. La comunidad internacional no puede esperar tanto tiempo para someter a gravamen los 21 billones de dólares que como mínimo se hallan escondidos en los territorios donde persiste el secreto bancario en el ámbito fiscal.

La comunidad internacional no puede resignarse a dejar de recaudar cada año 189.000 millones de dólares, que es el doble de lo que dedica cada año a la ayuda al desarrollo.

El grueso de la riqueza escondida no está en manos de oscuros bancos innominados sino en las principales entidades financieras del mundo

España no se puede permitir perder 60.000 millones de euros por el hecho de que hasta 2017 no pueda empezar a saber quiénes son los dueños de las fortunas escondidas en paraísos fiscales. Es preciso poner en marcha ya medidas que garanticen que jurisdicciones claves como la de Suiza no incumplen sus compromisos, y que permitan comprobar que, efectivamente, se avanza para terminar con el secreto bancario en 2017.

En diciembre de 2010, 12,06 billones de dólares de riqueza situada en territorios offshore se halla en manos de los 50 principales bancos mundiales especializados en banca privada y especialmente en los 20 más importantes, entre los que destacan: UBS, Credit Suisse, Citigroup, Deutsche Bank, Bank of America, Merrill Lynch, JPMorgan Chase, BNP Paribas, HSBC, Pictet & Cie, Goldman Sachs, ABN AMRO, Barclays, Credit Agricole, Julius Baer, Société Générale y Lombard Odier & Cie.

Los ciudadanos han de tener presente que el grueso de la riqueza escondida en territorios offshore no se halla en manos de oscuros bancos innominados situados en islas paradisíacas, sino en las principales entidades financieras del mundo especializadas en banca privada, así como de los principales despachos de asesoría legal y contable, situados no en ignotos y lejanos territorios, sino en las mayores capitales del primer mundo como Nueva York, Londres, Ginebra, Fráncfort y Singapur. Los procesos penales incoados en EE UU, Francia y Alemania contra los bancos UBS y Credit Suisse aportan evidencias de que dichas entidades han comercializado cuentas bancarias en esos países con el atractivo del secreto bancario.

Entre otras, las principales medidas que estimamos urgentes son las siguientes:

Primera. El G-20 ha de emplazar a todos los Estados para que requieran la identidad de los clientes con cuentas en las matrices, filiales o sucursales en el extranjero de los bancos que operan en su territorio.

Segunda. El G-20 ha de emplazar a Suiza para que atienda los requerimientos de las Administraciones tributarias respecto a la UBS y el Credit Suisse.

Tercera. Los altos cargos de las Administraciones central y autonómicas y diputados de las correspondientes asambleas legislativas prestarán consentimiento escrito para que la AEAT confirme con terceras jurisdicciones que no tienen cuentas sin declarar en el extranjero.

Cuarta. El Gobierno ha de llamar a consultas a los embajadores de Suiza y Andorra para que justifiquen por qué no han informado sus Gobiernos de las cuentas de Bárcenas y de Pujol contraviniendo de forma flagrante la recomendación número 12 del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional, de la OCDE), como personas de evidente relevancia política. Resulta escandaloso a primera vista que los bancos donde han estado abiertas las cuentas de Bárcenas y de Pujol no informaran a las unidades de Inteligencia Financiera de Suiza y de Andorra de la existencia de tales cuentas.

En el caso de que las explicaciones ofrecidas no fueran satisfactorias, España ha de denunciar a estos países al GAFI para que sean incluidos en la lista de países no cooperativos y puedan arbitrarse las contramedidas que sean pertinentes. No puede tolerarse más la permisividad de los Gobiernos con el fraude fiscal internacional en directo y gravísimo perjuicio de los ciudadanos, agrandando la brecha de la desigualdad económica y social.

Pablo Iglesias Turrión es eurodiputado por Podemos y Carlos Jiménez Villarejo fue erourodiputado por la misma formación.