Prisión por vender en el top manta

Saltaron las alarmas en País Vasco cuando se supo que el ciudadano senegalés Mbaye, de 32 años, podía ser condenado a dos años de prisión por haber vendido discos y dvds en el paseo marítimo de Zarautz, en un top manta, allá en el año 2009. Llamó la atención una pena tan dura porque esta actividad está considerada desde 2010 una falta y no un delito; la reforma del Código Penal de ese año sustituyó las penas de cárcel para los vendedores de copias ilegales de productos audiovisuales a pequeña escala por multas y trabajos en beneficio de la comunidad.

Y, pese a esto, la fiscalía de Guipuzcoa pidió que fuera condenado a esos dos años, la expulsión del país, una multa de 2.700 euros y 500 euros de indemnización a la SGAE. La presión social y la difusión que organizaciones en defensa de los derechos humanos realizaron haya sido, quizá, la razón por la que finalmente la fiscalía haya modificado su acusación. El pasado 25 de septiembre se celebró el juicio contra Mbay en el Juzgado de lo Penal número 1 de Donostia y el juez, finalmente, vió su acción como una falta e impuso a Mbay una multa de 90 euros en atención a sus ingresos reducidos, pero también la obligación de indemnizar a la SGAE, AGEDI y ADIVAN (tres sociedades de derechos de autor) con 500 euros. Y si no los paga, tendrá que cumplir 15 días de arresto.

Ante esta multa, SOS Racismo ha difundido un comunicado en el que piden a las sociedades que renuncien a la indemnización para que Mbay pueda abonar la multa y acabar con su responsabilidad penal, ya que este importe se ha calculado en función del daño que podía haber hecho si hubiera vendido todos los discos que poseía, que eran 118 cds y 45 dvds, pero no llegó a vender ninguno. SGAE y Agedi han comunicado que aceptan renunciar, aunque esta última ha recalcado que estas conductas infractoras ocasionan "un gran perjuicio que ha llevado al cierre de numerosas empresas del sector y al paro a miles de personas".

En esta ocasión, Mbay ha evitado la cárcel, pero otros chicos que se vean en una situación semejante en el futuro podrían acabar entrando en prisión. La reforma del Código Penal que está cocinando el gabinente del ex ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, vuelve a considerar que la venta en top manta es delito. Lleva tiempo arrinconada en un cajón y se ignora es si, con el cambio de ministro, se dará marcha atrás a esta reforma, que hace desaparecer la figura de la falta, endurece las penas para pequeños delitos y castigará a quien facilite la inmigración clandestina de manera intencionada salvo a quien lo haga siguiendo criterios humanitarios.

Para SOS Racismo, empresas como AGEDI siguen el discurso tradicional de que los manteros les causan enormes daños y son los causantes de la crisis. "No valora ni si realmente el sistema penal es el adecuado para evitar esas conductas y se hace eco de rumores como las mafias y la explotación laboral", critica Patxi de la Fuente, portavoz de la organización."El problema es que en ese contexto se justifica o al menos, se entiende, que el nuevo código penal de Gallardón vuelva a considerar delito todas las conductas que tienen que ver con la propiedad intelectual, incluso las más leves".

Convertir la actividad de los manteros en un delito puede tener consecuencias muy graves para un condenado, como la expulsión del país si la pena de cárcel es superior a un año. Además, los delitos dejan antecedentes penales, que hacen casi imposible que un inmigrante sin papeles (como todos los manteros) pueda regularizar su situación. Y si no lo hace, nunca obtendrá un contrato de trabajo. Y sin ese contrato, tendrá que seguir buscando soluciones como el top manta para poder ganar algo de dinero y sobrevivir. Es la pescadilla que se muerde la cola.