Recuperar la iniciativa

El presidente del Gobierno resume la escalada que se encierra en las iniciativas del presidente de la Generalitat, Artur Mas, con la idea de que este último pretende endosar a las instituciones españolas una política de hechos consumados, de “atajos que violentan la legalidad”. El diagnóstico es certero y Mariano Rajoy no tenía otra salida que bloquear el desafío planteado por Mas el sábado pasado, con la convocatoria unilateral de la consulta del 9 de noviembre, que el presidente entiende como un atentado contra los derechos de los españoles. Esta ofensiva es un asunto de Estado, no solo un criterio del Gobierno, y detrás de ella se encuentran todos los que creen en el imperio de la ley.

Como subrayó el propio Rajoy, la legalidad se puede cambiar mediante el diálogo, pero respetando los procedimientos establecidos para ello; es de todo punto inaceptable la postura de no acatar las leyes, empezando por la Constitución. De ahí el apoyo expresado al Gobierno en este punto por otros líderes políticos, entre ellos el del PSOE, Pedro Sánchez.

No conviene ocultar, en todo caso, la gravedad de la situación. Se ha querido buscar el tan temido choque de legitimidades: la soberanía del pueblo español, amparada por la Constitución, frente a la soberanía que el Parlamento de Cataluña atribuye a los ciudadanos de esta comunidad, y ello a pesar de la sentencia del Constitucional de marzo pasado en la que se dictaminaba que Cataluña no puede convocar por sí misma un referéndum para decidir sobre algo que tiene que ver con España.

Al Constitucional, que ha suspendido la consulta, le corresponde ahora determinar el fondo de la cuestión, esto es: si la legalidad fabricada por el Parlamento de Cataluña y por Artur Mas es o no conforme a la máxima ley. También debería precisar los efectos de la suspensión sobre las actividades ya en marcha relacionadas con el referéndum: campaña electoral, fabricación de urnas, uso de datos personales para un censo y otras.

La Generalitat de Cataluña incurre en una enorme responsabilidad al operar sobre la base de los hechos consumados. Su presidente no debería reiterar el mensaje de que lo mejor para todos es aceptar lo que él vaya decidiendo. Menos aún tergiversar la consulta del 9-N haciéndola pasar por una simple encuesta a 5,4 millones de catalanes, como intentó presentarlo el domingo en una entrevista.

Pero también hay que decir que Mariano Rajoy lleva dos años retranqueado tras una línea de defensa genérica de la Constitución y de la legalidad que le ha llevado a rechazar las iniciativas de la Generalitat sin plantear ninguna otra. En esta hora tan grave para España, el presidente del Gobierno tiene que recuperar la iniciativa política y hacerlo desde el reconocimiento previo de que algo ocurre cuando cientos de miles de catalanes se manifiestan una y otra vez por la independencia y piden votar para dejar clara su postura. Aunque formalmente sea verdad que Cataluña es una autonomía como otras, no es desdeñable para el conjunto de España tener un problema en una comunidad tan dinámica, donde se genera casi el 20% de la riqueza del país.

Rajoy dice que no se opone a tocar la Constitución, pero se limita a añadir que si alguien quiere modificarla busque los apoyos necesarios para hacerlo. Sánchez lo resume correctamente: la Constitución no se defiende con inmovilismo, sino renovándola. Hora es de que todas las partes implicadas muestren un comportamiento responsable, renunciando a atrincherarse en sus posiciones y utilizando, como recalcó Rajoy, la vía del diálogo para evitar que la situación degenere en un enfrentamiento de los catalanes entre sí y con el conjunto de los españoles. El reto es volver a incluir a importantes corrientes de la sociedad catalana en el proyecto común.