Por un control más realista de las drogas

Hace unos días, la Comisión Global sobre Política de Drogas hizo público su informe de 2014, con un importante número de avances notables, incluso en relación con la audacia que esta Comisión —y la de América Latina que antes la acompañaba— han desplegado en años recientes. La Comisión presentó un texto firmado por los 22 miembros, que incluyen a Kofi Annan, exsecretario de la ONU; Richard Branson, dueño y fundador de Virgin Airlines; Fernando Henrique Cardoso, expresidente de Brasil; César Gaviria, expresidente de Colombia; Ricardo Lagos expresidente de Chile; George Papandreu, exprimer ministro de Grecia; Jorge Sampaio, expresidente de Portugal; George Shultz, exsecretario de Estado de Estados Unidos; Javier Solana, ex ministro de relaciones exteriores de la UE y de España; Mario Vargas Llosa; Paul Volcker, expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos; y Ernesto Zedillo, expresidente de México. Varias de las recomendaciones del informe llaman la atención; me limitaré a exponer tres, de las cuales la tercera es la más trascendente.

El informe se abre afirmando: “La criminalización del uso y la posesión de drogas tiene un escaso o nulo impacto en los niveles de consumo de drogas en una sociedad abierta (…) Usar el sistema de justicia penal para obligar a la gente detenida por posesión de drogas a entrar en ‘tratamiento’, suele hacer más daño que bien”. Esta es una tesis clave porque de manera elíptica se refiere a las llamadas “cortes de drogas”. En varios países, incluyendo ahora México, se ha tratado de hacer de las cortes de drogas una etapa intermedia entre la criminalización de las drogas y su legalización, entre el enfoque punitivo y de seguridad, y el de salud pública.

La acción militar contra los narcóticos casi nunca es eficaz

En teoría, el consumo de drogas sigue siendo un delito, pero en lugar de encarcelar a alguien por él, se le envía a una corte de drogas y a tratamiento; si se niega o no cumple con él, entonces sí será enviado a prisión. Que la Comisión Global esté rechazando este planteamiento conservador y retrógrado, hoy por desgracia de moda, es una buena señal.

La segunda tesis del Informe de la Comisión, de especial pertinencia para América Latina, es la que se refiere a la necesidad de reenfocar las respuestas jurídicas al tráfico de drogas y al crimen organizado: “Los Gobiernos deben ser mucho más estratégicos, anticipando que ciertas iniciativas de aplicación de la ley, sobre todo los esfuerzos militares, pueden exacerbar la violencia criminal y la inseguridad pública, sin realmente reducir la producción, el tráfico, o el consumo de drogas. Desplazar la producción o el control de una ruta por una organización criminal a otra, con frecuencia hace más daño que bien (…) La militarización del esfuerzo antidrogas casi nunca es eficaz y más bien llega a ser contraproducente”. Ojalá varias mandatarios latinoamericanos recientes hubieran leído estas recomendaciones antes de iniciar sus respectivos gobiernos, o sus guerras contra las drogas. Pero mejor tarde que nunca. En lo que no puede ser visto más que como una réplica directa a la postura de presidentes como Felipe Calderón en México, Álvaro Uribe en Colombia y George Bush y Barack Obama en Estados Unidos, la comisión es muy clara sobre las consecuencias de la militarización, de la guerra. La guerra produce la violencia, no al revés.

La criminalización del uso y la posesión de drogas tiene un escaso impacto en el consumo

El cambio más significativo entre este informe y los anteriores de este mismo grupo se presenta en el último apartado, es decir, aquel titulado: “Regular los mercados de drogas para darles control a los Gobiernos”. La clave aquí es la palabra “drogas”. Hasta ahora la Comisión Global y la Latinoamericana habían enfocado sus esfuerzos en el tema de la marihuana, pensando que la despenalización del consumo de esa sustancia era la más factible a corto plazo. Consideraban que una política de pequeños pasos viables y seguros era preferible, siguiendo el camino de Uruguay, de los Estados norteamericanos de Washington y Colorado, y de Holanda. Pero la mayoría de los integrantes de la Comisión, así como varios presidentes en América Latina, saben que la mayoría de los argumentos que se suelen esgrimir a favor de la despenalización de la marihuana son aplicables a las demás drogas; son irrefutables al extenderse a otros estupefacientes. Pero hasta ahora no habían querido referirse a las drogas en general, solo a la marihuana. Por eso resulta tan interesante que la Comisión recomiende “permitir y alentar varios experimentos en la regulación legal de mercados de drogas hoy en día ilícitas, empezando con, pero no limitándose a, cannabis, la hoja de coca y otras sustancias curativas nuevas y otros productos y actividades que representan riesgos de salud y de otro tipo para los individuos y las sociedades. Se necesitan nuevos experimentos para permitir el acceso legal, aunque restringido, a drogas que hoy solo están disponibles de manera ilegal. Esto debe incluir la expansión de tratamiento asistido de heroína para algunos adictos, que se ha mostrado tan eficaz en Europa y en Canadá. La mejor manera de reducir el daño del régimen prohibitivo global de drogas y avanzar hacia metas de salud y seguridad pública es lograr colocar las drogas bajo control a través de una regulación responsable”.

Se trata de un gran paso adelante, por el prestigio de los firmantes y por la proximidad de la Asamblea General Especial en la ONU sobre Drogas en 2016. Poco a poco, la hipocresía, primero de la marihuana médica, después de hablar solo de marihuana y de consumo, empieza a ser sustituida por un realismo pragmático más audaz y mucho más eficaz. No se alcanzarán estas metas de la noche a la mañana; las resistencias, sobre todo en las burocracias de Naciones Unidas dedicada al tema del crimen organizado y las drogas, son poderosas. Se avanzará por etapas: la semana pasada, una Asamblea especial de la OEA en Guatemala sobre drogas; los referéndum en noviembre en Oregón y Alaska; la posible victoria del Partido Liberal en Canadá en noviembre, que podría convertir al país-continente en el primero de la OCDE en legalizar todas las drogas y los esfuerzos de Jamaica de seguir por esa vía. Todos aquellos que hemos luchado por la legalización debemos felicitar a la Comisión Global, y felicitarnos de este avance.

Jorge G. Castañeda es analista político y miembro de la Academia de las Ciencias y las Artes de Estados Unidos.