¿Y ahora qué?

El pasado viernes, el Parlamentde Cataluña aprobó la ley de consultas populares no referendarias con el amplio apoyo de CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y la CUP. Los socialistas catalanes hemos votado la ley porque creemos que hay que revitalizar la democracia abriendo espacios de deliberación ciudadana. Es la misma voluntad, por ejemplo, que guía el anteproyecto de ley andaluza de participación ciudadana, que en su artículo 23 dice lo siguiente: “Conforme a lo dispuesto en el artículo 78 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, las Administraciones Públicas andaluzas podrán convocar y realizar, en el ámbito de sus competencias y en los términos que se regulen reglamentariamente, procesos de participación ciudadana mediante cualquier instrumento de consulta popular cuando consideren oportuno conocer la opinión de la ciudadanía sobre determinados asuntos o políticas públicas, ya sea para valorar los efectos reales de las mismas o para adoptar decisiones sobre ellas”.

Lamentablemente, el president Mas, obligado por el acuerdo al que llegó con ERC, ICV-EUiA y la CUP, pretende utilizar la ley catalana de consultas populares no referendarias para convocar una consulta formulando una pregunta propia de un referéndum. Llegado este momento, es obvio que el Gobierno de España, en uso de sus atribuciones, pedirá al Tribunal Constitucional la inmediata suspensión del decreto de convocatoria de la consulta y seguramente también la de la ley en que se ampara. Enric Fossas escribió el viernes en EL PAÍS un artículo absolutamente esclarecedor sobre esta cuestión.

En este supuesto, desde mi punto de vista, lo que habrá que hacer es dejar en suspenso los preparativos de dicha consulta y esperar la decisión definitiva del alto tribunal, que dará o quitará razones a unos y otros. Solo entonces podremos ajustar a su resolución las decisiones tomadas estos días. No me imagino que un responsable político, y máxime si ejerce responsabilidades de gobierno, piense siquiera en otra línea de conducta.

La ley catalana de consultas está guiada por la misma voluntad que la que se está elaborando en Andalucía

Es obvio que ni la suspensión de la consulta ni la eventual anulación definitiva de la convocatoria y la ley en que se sustenta resuelven el problema de fondo, que no es otro que la necesidad de dar cauce político y democrático al profundo malestar de importantes sectores de la sociedad catalana sobre la actual relación de Cataluña con el resto de España. No hay más que ver el seguimiento de las movilizaciones con motivo de la Diada Nacional en los últimos años y recientes resultados electorales para calibrar el alcance de ese malestar.

Es evidente que así no podemos seguir; y también lo es para mí que no habrá solución estable al problema de fondo que no pase por dar la palabra a la ciudadanía. Las razones del malestar son profundas y tienen que ver con una severa crisis de sistema que requiere de una revolución democrática en toda España. Pero si nos ceñimos estrictamente a las relaciones entre Cataluña y el resto de España, el actual malestar trae causa de la sentencia del Tribunal Constitucional que alteró el Estatuto de Cataluña que, tras haber sido aprobado por mayoría absoluta por las Cortes Generales, fue sometido a referéndum de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. Resulta imprescindible superar esa anomalía democrática a través de un nuevo pacto político que deberá, a su vez, ser sometido a referéndum de la ciudadanía.

La solución al problema de fondo solo puede venir a través de la vía del diálogo, la negociación y el pacto. Un diálogo que deben protagonizar los presidentes Mas y Rajoy. Un diálogo al que los socialistas les urgimos, y al que estamos dispuestos a aportar nuestras propuestas. El presidente Rajoy no debe olvidar que han sido políticas y actuaciones de su partido las que más han contribuido al actual malestar catalán (¿recuerda el PP su cruzada contra el nuevo Estatuto?) y no debe abdicar de su responsabilidad como presidente del Gobierno de España, que no se agota en cumplir y exigir el cumplimiento de la ley, sino que debe procurar la solución de un problema tan delicado como el que nos ocupa.

Por su parte, el president Mas debe rectificar una estrategia basada en decisiones unilaterales que no llevan a ninguna parte. Confío en que el periodo que se abrirá tras la más que previsible suspensión cautelar de la consulta por parte del Tribunal Constitucional pueda servir para que dialoguen los Gobiernos. Por ello exijo a los presidentes Rajoy y Mas el diálogo, que no se atrincheren en sus razones, que no busquen excusas en los errores de la otra parte, que abandonen cálculos partidistas y electorales, que no esperen a que se llegue a un punto sin retorno, que nos eviten un enfrentamiento sin sentido que a todos perjudicaría.

Los presidentes Mas y Rajoy deben ahorrarnos un enfrentamiento sin sentido

Por nuestra parte los socialistas catalanes insistimos en la necesidad de una reforma constitucional federal que deberá ser sometida a referéndum. Una reforma que contemple, al menos, las siguientes cuestiones:

1. La definición de España como Estado federal.

2. El reconocimiento de que España es una nación que integra naciones, nacionalidades y regiones.

3. La definición precisa de las competencias del Estado y de las pautas sobre su ejercicio y la atribución de todas las demás competencias a las autonomías.

4. El reconocimiento de una asimetría competencial que atienda a los hechos diferenciales y los derechos históricos ya reconocidos por la Constitución y los Estatutos vigentes.

5. La consideración de los temas lingüísticos, educativos y culturales como competencia estricta de las comunidades con lengua propia.

6. La constitucionalización de los principios de solidaridad y ordinalidad que han de informar la financiación de las autonomías.

7. La descentralización efectiva del Poder Judicial.

8. La transformación del actual Senado en un Consejo Federal integrado por los Gobiernos autónomos.

Hay quien piensa que una reforma de tal calado es imposible y que quizá resulte más sencillo buscar un encaje singular de Cataluña introduciendo en nuestra Constitución una disposición adicional específica. Estamos dispuestos a hablar de ello. Pero a lo que no estamos dispuestos es a cruzarnos de brazos mientras se arruina el mejor periodo de nuestra historia en común.

La reciente experiencia del referéndum escocés proporciona buenas pistas para resolver el problema: un mecanismo democrático de consulta o ratificación en las urnas; una oferta ambiciosa de pacto inspirada en las técnicas federales; un despliegue de reconocimiento y afecto adaptado al carácter plurinacional, pluricultural y plurilingüe de España; y, para empezar, una disposición proactiva e inteligente al diálogo y la negociación necesarios.

Miquel Iceta es primer secretario del PSC.