Más compromiso

La comunidad internacional ha decidido ayer en París unirse para impedir que el Estado Islámico (EI) logre su objetivo, basado en la violación permanente de los derechos humanos y la amenaza continua a la vida de quienes considera sus enemigos. De la capital francesa emergió un acuerdo de 30 países —10 de ellos, árabes— de adoptar las medidas necesarias —incluyendo la ayuda militar— para “luchar eficazmente” contra el EI. Hasta ahora, los militantes del califato han reaccionado con indiferencia a todos los avisos: poco antes de la reunión, el EI distribuyó un vídeo con el tercer degollamiento de un rehén occidental, el británico David Haines.

España optó de nuevo por un perfil bajo a la hora del compromiso. “Estamos esperando que se nos diga qué se necesita”, dijo el ministro de Exteriores, García Margallo, sin concretar más. Es decir, se seguirá haciendo lo mismo que antes, no ya de la reunión de ayer, sino de la cumbre de la OTAN del 4 de septiembre en la que se gestó el embrión —sin la presencia española— de una coalición internacional para hacer frente a un peligro que se cierne sobre Europa: no solo por la importancia estratégica de Oriente Próximo, sino por las cifras de yihadistas occidentales —decenas de ellos, españoles— en las trincheras. La alarma está justificada. España se encuentra en primera fila de este frente, no por afán belicista, sino porque ha sido designada como enemigo por el EI. Y en el ámbito de la justicia se están ya adoptando medidas concretas.

La matanza del 11 de marzo de 2004 en Madrid hizo comprender la necesidad de protegerse contra el islamismo radical, un riesgo hasta entonces minimizado. La lucha antiterrorista fue reorientada y reforzada frente a la nebulosa de Al Qaeda, pero no se había dado el paso de impedir los viajes de residentes en España a las zonas más calientes del combate yihadista. La aparición del Estado Islámico lo cambia todo, como ha explicado en EL PAÍS el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza: la conciencia del peligro es ahora mucho mayor, y de ahí la intervención de fiscales y jueces en la expedición de órdenes de detención contra quienes pretenden unirse a la lucha en Irak o Siria. Para España no solo es vital cortar ese flujo; también debe permanecer muy atenta a las zonas del Sahel donde operan otros grupos yihadistas.

Reforzar el arsenal de medidas antiterroristas para frenar el flujo de yihadistas hacia Irak y Siria, así como detectar a los que regresan a sus países de origen con la intención de seguir combatiendo, es una tarea que entra en el siempre delicado balance entre seguridad y libertades. Por eso es necesario hacerlo dentro del encuadre legal del Estado democrático. Apoyar la lucha preventiva contra el terror, reduciendo en lo posible el peligro de sus zarpazos, es una estrategia que merece el apoyo de las fuerzas políticas y del conjunto de la sociedad. Lo mismo que asumir una posición activa en el compromiso global contra la amenaza.