Sobresalto escolar

Cuando apenas faltan poco más de dos semanas para que comience el curso escolar, las incertidumbres se ciernen sobre la aplicación efectiva de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). La ausencia de consenso parlamentario con el que ha contado esta reforma —la séptima de la democracia y una de las más cuestionadas— hace aún más complejo el proceso de llevarla a la práctica. El Gobierno del PP diseñó una ley estatal, pero son las comunidades a quienes les toca ahora aplicarla.

De momento, los cambios no se ejecutarán durante el ejercicio 2014-2015 en la totalidad del sistema. En Educación Primaria empezarán a implantarse en primero, tercero y quinto curso, y en los institutos se comenzará a ofrecer la nueva Formación Profesional Básica. El Gobierno ha escalonado el calendario consciente de la premura con la que se aprobó la ley y de que los currículos que dibuja la norma necesitan tiempo para ser desarrollados por las autonomías, que al fin y al cabo tienen la competencia en materia educativa y son soberanas para fijar horarios y establecer asignaturas propias.

País Vasco, Andalucía y Cataluña ya han reiterado que no tienen tiempo suficiente. Las dos últimas han dado un paso más al intentar que el Supremo paralizara la ley. Pero la justicia ha querido dar lecciones en esta materia. El alto tribunal se ha declarado incompetente para adoptar las medidas demandadas y ha rechazado la pretensión de que se suspendan cautelarmente los decretos de Primaria y FP Básica.

En su favor, la Generalitat de Cataluña y la Junta de Andalucía alegan que desde que se aprobó la ley, a finales de 2013, y el inicio del curso han pasado solo nueve meses, un periodo de adaptación que consideran demasiado corto. Es probable que tengan razón si se compara con la reforma de 2006: las comunidades dispusieron entonces de 16 meses para trasponer la Ley Orgánica de Educación (LOE).

Puede entenderse que sus respectivos Gobiernos no estén dispuestos a tramitar los decretos autonómicos atropelladamente, pero conviene que ofrezcan explicaciones sólidas y convincentes para que no sean acusadas de insumisión. Incluso aunque la ley Wert no les guste y la hayan recurrido ante el Constitucional. Solo cuando la educación sea vista como un asunto de Estado se conseguirá que la apertura de curso no llegue con sobresaltos.