El Gibraltar sumergido

La Comisión Europea exhorta al Gobierno de Gibraltar a atajar los presuntos delitos de contrabando y blanqueo de capitales que la Oficina contra el Fraude de la Unión Europea ha detectado en la colonia. Por su parte, y siguiendo la recomendación de esa Oficina, la Fiscalía de la Audiencia Nacional abrirá diligencias en relación a esas prácticas, que “afectan a intereses financieros o de otro orden de la UE”.

Conflictos coyunturales diversos (sobre las aguas jurisdiccionales, aeropuerto, pesca, etcétera), con cierta tendencia a emerger en el estío, marcan el camino hacia una salida al contencioso histórico de Gibraltar: un problema de soberanía en el que por un lado se invoca el criterio poblacional (la voluntad de sus habitantes de mantenerse como parte de Reino Unido) y por otro, el de integridad territorial que reclama España. Contra lo que en su día se pensó, la integración de ambos países en la Unión Europea no ha sido suficiente acicate para posibilitar un acuerdo satisfactorio para las partes.

Pero puede que sirva para encontrar al menos soluciones a algunos de esos problemas que vienen envenenando la relación entre las poblaciones vecinas y dificultando acuerdos más de fondo. El año pasado los problemas fueron el lanzamiento de bloques de hormigón, el suministro de combustible a barcos fondeados en la zona (bunkering) y, sobre todo, las colas interminables provocadas por el rigor en los registros fronterizos para interceptar material de contrabando.

Hace un año, David Cameron pidió a Bruselas el envío de una comisión técnica que verificase los agravios invocados y en particular si los controles en la frontera eran proporcionados, como sostenía el Gobierno español, o una forma de incomodar a la población local y presionar a las autoridades gibraltareñas en relación al contencioso de fondo, como sostenía el Gobierno de Gibraltar. El presidente Rajoy, exigió por su parte que la comisión investigase también si la fiscalidad de la colonia vulneraba las normas comunitarias.

El resultado de la comisión de expertos fue que ni el lanzamiento de los bloques de hormigón ni el bunkering vulneraban la legislación medioambiental europea. Pero la actuación en paralelo de la Oficina Antifraude de la UE verificó la dimensión del contrabando (110 millones de cajetillas de tabaco importadas a la colonia en 2013), imposible de explicar si no era para ser revendido bajo cuerda en España a un precio muy inferior al de los estancos, por no incluir impuestos.

Los ingresos que este tráfico garantiza a las mafias que lo controlan son los que deja de percibir la Hacienda española. Un negocio que aporta una quinta parte del PIB de Gibraltar, al que habría que sumar los resultados de la industria del blanqueo de capitales al amparo de una fiscalidad sin competencia posible. Aunque la cuestión histórica siga sin resolverse, no sería poca cosa acabar con estos abusos justificados con el argumento de que España se los inventa o exagera por motivos políticos.