Menos regiones

Una reforma territorial es una operación enfrentada siempre a obstáculos complejos, sobre todo en Francia, un país con fuerte predominio del sector público. Por eso la reducción del número de regiones de 22 a 13, agrupando las existentes en otras más grandes, ha precisado de un empeño político en toda regla por parte del primer ministro, el socialista Manuel Valls, que se ha batido contra la oposición de derechas y de extrema izquierda, y se ha enfrentado a barones de su propio partido.

Valls está ejecutando el programa esbozado por el presidente François Hollande, con el que este trata de enviar a los socios europeos una señal de su compromiso para abordar reformas estructurales. La territorial permitirá un ahorro anual de unos 12.000 millones de euros, según estimaciones gubernamentales, aunque la importancia del paso dado es más política que económica. Encuestas previas a la reforma muestran que el 60% de los franceses apoya recortar el coste de las regiones, pero una gran mayoría se opone a la supresión de los departamentos (provincias), donde se concentra un número de empleados públicos mucho mayor.

Teóricamente, casi todos los partidos estaban a favor de eliminar duplicidades y recortar el número de cargos, pero a la hora de decidir, una minoría de diputados socialistas votaron contra el proyecto o se abstuvieron, mientras el grueso de la derecha lo hizo en contra y una parte se abstuvo. Valls ha ganado una batalla, aunque al programa de reformas estructurales le queda mucha tarea por delante una vez dado el primer paso —pendiente aún de otros retoques— de la cuestión territorial.

Las regiones francesas son fruto de una operación de descentralización que apenas ha desarrollado afinidades identitarias. Sus funciones consisten en intervenir y ayudar al desarrollo económico, construir y mantener edificios para enseñanza secundaria o gestionar el turismo y los transportes. Sus 80.000 funcionarios son una cifra muy modesta comparada con el millón largo de empleados públicos que dependen de las autonomías en España, que sí constituyen un importante nivel político-administrativo. Salvando esa y otras distancias, la iniciativa de Valls debe estimular el debate sobre la reforma pendiente en España para eliminar la duplicación de estructuras y funciones de las Administraciones públicas y adaptar el tamaño y el gasto del Estado a la organización territorial de las autonomías y de la propia UE.