Fiscalizar la política

Por lento e ineficiente que se haya mostrado a veces el Tribunal de Cuentas, no debe pasarse por alto su último toque de atención sobre la fiscalización de los partidos políticos. Si una serie de formaciones se encuentran sin recursos o en una situación similar a la quiebra técnica, en vísperas de un año cuajado de citas con las urnas, cabe preguntarse cómo van a abordar las elecciones municipales, autonómicas y generales de 2015 sin caer en la tentación de incurrir en financiaciones dudosas. Garantizar la limpieza de los comicios es lo mínimo que puede exigirse a los partidos políticos, después de las reiteradas encuestas del CIS que les sitúan en los primeros puestos de la preocupación ciudadana.

Las subvenciones fluyen regularmente hacia las organizaciones, los grupos parlamentarios, las fundaciones; pero todo se agrava con la puesta en marcha de las enormes y costosas maquinarias de propaganda inherentes a los comicios. Presionado por el caso Bárcenas, el Gobierno de Rajoy elaboró nuevas normas de financiación de los partidos, que se encuentran ahora en el Parlamento. Sin embargo, el problema abordado en ellas se centra en fijar límites a la financiación privada, en vez de reforzar los controles destinados a asegurar el cumplimiento de las leyes.

Es interesante saber que el Tribunal de Cuentas ha abierto expediente a Izquierda Unida por no respetar la ley de financiación, pero las irregularidades denunciadas por la fiscalía contra 13 partidos (PP y PSOE entre ellos) y 25 fundaciones resulta que han prescrito. Es decir, ha habido muchas irregularidades, aunque el paso del tiempo les exime de responder por ellas. Con tales antecedentes, más las cajas b descubiertas en ciertos casos, la ciudadanía no tiene motivos para recuperar la confianza en que el dinero que sale de sus bolsillos hacia los partidos políticos está correctamente administrado.

En los últimos años se ha recortado el monto de la subvención pública a los partidos. Y en el supuesto de que salga adelante la reforma que se encuentra en trámite parlamentario, también verán reducidas las vías de la financiación privada y quedará prohibida la condonación de deudas bancarias. De forma que los partidos tienen que reducir sus gastos y aceptar controles más serios.

Con el trámite parlamentario abierto, hay oportunidad de discutir y acordar reglas de juego más respetables que las existentes. Lo que no puede hacerse es abordar otro año electoral en la oscuridad financiera y bajo el control exclusivo del Tribunal de Cuentas, institucionalmente tributario de los principales partidos políticos. Antes de los pistoletazos para las carreras electorales de 2015 deberían discutirse las reglas del juego de la financiación de la política y de su control, sin dar facilidades para que nuevos escándalos añadan motivos de descrédito del sistema de partidos.