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EDITORIAL

Reformar para fortalecer

El relevo en la jefatura del Estado da ocasión de recuperar el necesario pacto constitucional

El voto favorable de 299 diputados a la ley de abdicación del Rey representa una enorme mayoría a favor de la sucesión, de forma que la proclamación de don Felipe solo queda a expensas de que el Senado ratifique la ley y de que la firme don Juan Carlos. Sin embargo, lo sucedido ayer no se limita al cambio de página y a la plena normalidad expresada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, porque la sesión del Congreso fue utilizada para escenificar la ruptura del consenso constitucional por parte de dos fuerzas políticas, Convergència i Unió e Izquierda Plural, herederas de partidos que participaron intensamente en la Constitución de 1978. Ninguno de estos dos hechos es anecdótico en un debate que demasiados diputados se tomaron con mucha menos seriedad de la requerida para la ocasión.

No es muy sorprendente que el PNV mantenga una actitud de distancia hacia el sistema constitucional, aunque solo sea porque no lo votó. Más significativo es que Convergència i Unió, representada por el más moderado de sus portavoces, Josep Antoni Duran Lleida, rompa con el consenso de 1978 y sostenga —con una pobre demostración— que lo ocurrido en los últimos años implica la “exclusión” de los nacionalistas catalanes de la historia común.

Duran distinguió entre la falta de confianza de Cataluña en “un Estado cuestionado” y la persona del futuro rey, a quien se refirió en todo momento en términos corteses. Sin embargo, acusó a los principales partidos políticos estatales, sobre todo al PP —y personalmente a Rajoy—, de haber aplicado una “política pequeña”, devolviendo así al jefe del Gobierno la frase que éste les dedicó días atrás. Coincide, además, con el alejamiento de Coalición Canaria, que tampoco respaldó en el Congreso la ley de abdicación. Todo ello se produjo horas antes de que Pere Navarro anunciara su dimisión como secretario general del PSC, por imposibilidad de solventar la tensión entre las bases soberanistas del partido y la dirección del mismo.

Nacionalistas catalanes e Izquierda Plural confirman la ruptura con el compromiso constitucional

La segunda ruptura significativa con el consenso es la de Izquierda Plural. El Partido Comunista fue uno de los grandes protagonistas de la Transición y su reconocimiento de la Monarquía levantó acta del pragmatismo con que los demócratas de entonces se tomaron la cuestión de la forma política del Estado, dando prioridad al restablecimiento de la democracia. Aquella altura de miras contrasta con las muestras de agitprop empleadas ayer por los diputados de Izquierda Unida, que exhibieron carteles con la reivindicación de “referéndum ya” desde sus escaños, mientras su portavoz, Cayo Lara, dramatizaba —“hablamos aquí de derecho de sangre o de urnas”— y alcanzaba el cénit con la sorprendente afirmación de vivir bajo un sistema “a veces despótico”.

Nada menos que tres Repúblicas fueron reivindicadas desde la tribuna del Congreso. Una, la gallega, defendida por Olaia Fernández, del Bloque Nacionalista Galego; otra, la catalana, que fue proclamada por Albert Bosch, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, con el ardid de parafrasear un texto de Francesc Macià; y la República vasca reivindicada por el portavoz de Amaiur, Sabino Cuadra, tremolando la ikurriña desde la tribuna antes del ostensible abandono del hemiciclo por parte de los diputados de su grupo cuando se iba a votar la ley. Una provocación gratuita y una señal fuerte de rechazo al Parlamento del que forman parte gracias a la misma Constitución que tanto desprecian.

Que todo eso ocurriera desluce un debate que debería haber estado mucho mejor preparado para centrarlo en el cumplimiento de un trámite constitucional. Confiado en la aplastante mayoría del Congreso que iba a apoyar la ley de abdicación (en efecto, el 85% votó a favor), el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mantuvo su línea argumental sobre “la naturalidad del proceso sucesorio” y el mantenimiento del “pacto constitucional”. A diferencia del dirigente del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien, a fuer de conciliar las raíces republicanas de su partido con el voto pragmático a la sucesión dinástica, planteó la reforma de ese pacto para responder a las crisis social, política y territorial del presente. Rubalcaba estuvo sólido y afortunado al expresar la seguridad de que cualquiera de los anteriores jefes socialistas del Gobierno habrían presentado una ley de sucesión como la que ha planteado Rajoy, y habrían pedido a la oposición que la votara.

La convivencia no se gana de una vez y para siempre. Hay que discutir con seriedad los cambios precisos

Es cierto que el proceso de reconversión interna del PSOE, la crisis abierta en el PSC y la condición de dimisionario de Rubalcaba plantean interrogantes sobre la continuidad de una actitud tan medida como la demostrada ayer. Desde una posición mucho más minoritaria, pero sin problemas internos, Rosa Díez, de UPyD, se declaró a la espera de que el jefe del Estado apoye la “regeneración democrática”.

En una sociedad plural, agitada por corrientes muy críticas, la convivencia no se gana de una vez y para siempre. Despreciar los pactos que dieron origen a la Constitución y devaluar su texto es un mal servicio a los españoles, pero tampoco tiene ningún sentido la resistencia a abrir el diálogo sobre las reformas necesarias. El impulso del relevo en la Jefatura del Estado debe ser aprovechado para discutir con seriedad las reformas necesarias para ser más fuertes y recuperar el pacto constitucional.

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