Que sigan las reformas

México protagoniza uno de los mayores esfuerzos reformistas, en lo institucional y lo económico, del panorama internacional de la última década. Lo es tanto por el calado del proyecto en el que está embarcado el país como por su repercusión en la economía nacional, latinoamericana y global. Es una empresa cuya iniciativa corresponde al actual presidente mexicano, Enrique Peña Nieto —presente mañana y pasado en Madrid para reforzar la alianza estratégica entre México y España—, y que goza del consenso de una gran mayoría de la opinión pública mexicana.

El Pacto por México, que arrancó con el apoyo de los principales partidos de oposición —del que se descolgó posteriormente la izquierda representada por el PRD—, es sin duda, más allá de la micropolítica del momento, el mejor diagnóstico de los males que han aquejado al país en los últimos años. Y probablemente también encierra sus remedios más viables.

La llegada de Peña Nieto a la presidencia en diciembre de 2012 supuso también la vuelta al poder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que durante 70 años ininterrumpidos gobernó México de forma hegemónica. Lejos de proceder a la restauración de la vieja política, Peña Nieto, hizo del consenso —desde el primer día de su mandato— bandera de la transformación mexicana en un momento crucial, decidido a reformar unas instituciones y una economía atenazadas por la impunidad, la ineficiencia, la falta de competencia y la corrupción.

El Pacto por México pretende —con sus más de 90 medidas, que van desde la reforma de la educación y la fiscalidad a la apertura a la competencia de los monopolios públicos y privados— inaugurar una nueva etapa en el desarrollo del país para crear una sociedad más justa e igualitaria.

México está ante una oportunidad y un desafío. Tiene la ocasión de dar ese gran salto adelante, tantas veces frustrado, que la sociedad mexicana anhela para construir un país donde no prime la exclusión ni la ley del más fuerte, sino que se imponga la justicia distributiva y la inclusión social.

Es un reto porque el camino de la transformación no es fácil, como ya se ha visto en la resistencia que oponen algunos poderes fácticos —empresariales, sindicales, partidistas, incluso criminales— y para el que no bastan solo la voluntad y las buenas intenciones. Son los hechos los que validarán las reformas, no los meros planteamientos.

El Gobierno del nuevo PRI ha abierto la puerta a un nuevo y mejor futuro de México. Ha iniciado el camino de las reformas y creado extraordinarias expectativas internacionales. Es hora de mantener el rumbo del cambio, de no desfallecer en el esfuerzo y de mostrar al mundo que hay una vía mexicana al desarrollo y a la democracia.