Que no se repita

La trayectoria de Rafael Blasco, condenado a ocho años de cárcel por delitos relacionados con la desviación de fondos públicos a bolsillos privados, constituye un paradigma del descrédito de la política ante los ciudadanos. No ya por la cuantía de lo desviado, ni por la pintoresca biografía de un militante del Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP) reconvertido al PSOE y después al PP; sino por el hecho de que en 2011 todavía fue presentado en las listas electorales del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, cuando aún no estaba imputado, pero sí investigado por el asunto que le ha llevado a la condena y con una larga sombra de sospechas detrás de él.

Todos los tipos de corrupción son rechazables; pero apropiarse de dinero de los contribuyentes destinado a países en desarrollo es de una abyección especialmente intensa. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana no es parco a la hora de emplear términos contundentes (“completa aberración”, “actitud prepotente”) cuando describe cómo operaron Blasco y los suyos para que del dinero entregado a la Fundación Cyes para proyectos de agua potable y promoción de la agricultura en Nicaragua, solo llegara a ese país el 3% de lo concedido. Y esto es únicamente la primera de las tres piezas en la que está dividido el caso Cooperación, el saqueo de las ayudas públicas valencianas al Tercer Mundo.

Tras iniciar su carrera con el socialista Joan Lerma cuando este presidía la Generalitat valenciana, el PSOE postergó a Blasco después de un caso de sobornos a cambio de recalificación de terrenos —del que salió absuelto por defectos de forma—. Recuperado por el PP en la época de Eduardo Zaplana, llegó al cénit de su carrera con Francisco Camps. La fiscalía le investigaba por la desviación de fondos de su consejería cuando el partido le presentó en las listas electorales de 2011. Alberto Fabra, actual presidente de la Generalitat, no logró que Blasco dejara el Grupo Popular de las Cortes Valencianas hasta que faltaba poco para que le juzgaran.

Un centenar de candidatos de diversas fuerzas, incursos en causas por corrupción, consiguieron ser elegidos en las municipales y autonómicas de 2011. El argumento de que el electorado ha avalado la corrupción es engañoso: lo único que avaló fueron listas cerradas y bloqueadas de partidos que incluían, entre otros nombres, a presuntos corruptos. Por eso los partidos contraen una gran responsabilidad al mantener candidaturas con implicados en asuntos de corrupción, sabiendo que el votante no puede alterar las listas.

Penalmente, nadie es culpable de nada hasta que lo decidan los tribunales, y el propio Blasco y los demás sentenciados tienen derecho a recurrir, naturalmente. Pero, políticamente, los implicados en casos de corrupción no deben ser presentados a las elecciones avalados por partidos que se dicen serios. Quedan emplazados para las municipales, autonómicas y generales del año próximo.